Aunque las cajas populares en México están reguladas por la Ley de ahorro y crédito popular, aún existe el riesgo de que los usuarios sean víctimas de fraude, pues algunas de ellas no tienen autorización definitiva del Banco de México.
 Axel Francisco Orozco Torres, académico del Centro Universitario de los Valles de la UdeG y quien formó parte de una investigación sobre el tema, mencionó que estas entidades financieras cuentan con una prórroga hasta 2011 para solventar las observaciones jurídicas y financieras realizadas por el Banco de México. De no cumplirlas en ese periodo, perderían su registro, que podría derivar en un fraude a los usuarios.
El estudio indagó sobre las cajas populares establecidas en el municipio de Ameca, donde los investigadores contabilizaron cuatro. Dos de ellas tienen su permiso de operación condicionado, sin embargo son las que registran un mayor número de usuarios.
“El riesgo de fraude sigue estando ahí porque el mayor número de usuarios están inscritos precisamente en las cajas en proceso de autorización. Su prórroga de autorización es hasta 2001. Si se desautoriza, muy seguramente nos vamos a encontrar con una crisis y fraudes contra estos ahorradores”.
