Si bien la presencia de militares era necesaria en Jalisco por la situación de emergencia que priva en materia de Seguridad en el estado, en otros territorios la llegada de esos efectivos se ha visto acompañada en algunos casos de violaciones a los derechos humanos; por lo cual es necesario un robustecimiento de contrapesos civiles para garantizar que no se den abusos, consideraron especialistas consultados por La gaceta.
Coincidieron en que la llegada de diez mil efectivos representa el despliegue militar más grande en la historia reciente de la entidad, y que hay antecedentes preocupantes, ya que los militares están entrenados para responder con un mayor nivel de rudeza que el de los policías y están poco acostumbrados al trato con la población civil.
“El meollo del asunto está en las diferencias entre el actuar de un militar y un policía. Mientras el militar está entrenado para la guerra, para matar, para destruir al enemigo y defender la soberanía nacional, un policía debe estar entrenado para entrar a la sociedad, darle seguridad, defender sus derechos humanos. Los perfiles son diferentes. Los militares tienen una estructura, una preparación mejor que las policías, pero también hay desventajas”, precisa el experto en temas de Seguridad y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Dante Haro Reyes.
Agrega que mientras exista un déficit policial, con una gran necesidad de profesionalización, no habrá más remedio que la entrada de los militares, con los riesgos que conlleva para la vulneración de los derechos humanos de los habitantes.
Francisco Macías Medina, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), explica que las omisiones de anteriores gobiernos llevaron a tomar estas decisiones de emergencia, pero apunta que se desconoce si aunado a la estrategia habrá o no una refundación de las policías o un cambio en las estructuras de seguridad internas que han sido poco funcionales.
“México ha sido múltiplemente recomendado por organismos internacionales, basta ver el Examen Periódico Universal de 2013 con recomendaciones expresas para que se modifique el control civil y los efectos de las consecuencias de operativos militares en el país. Aunque hay leyes que coordinan el trabajo, la realidad nos dice, con antecedentes como el de Tlatlaya y Apatzingán, que hay una línea de fuego alta en el ejército y que requiere de un mayor estándar de control civil”.
Para el académico del Departamento de Derecho público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Jiménez Reynoso, en teoría las fuerzas federales, estatales y municipales en materia de seguridad están capacitadas para llevar a cabo acciones de prevención del delito y saben tratar la situación con la sociedad civil, pero el adiestramiento de militares es muy diferente.
“Están preparados para la guerra, para el combate. Y hay quienes temen cuestiones que se vieron en retenes, donde ciudadanos por algún problema visual o auditivo, o porque se asustan al ver el retén, no hacen el alto en el momento oportuno y son atacados. El ejército no está para contemplaciones. Por eso debe estar acompañado por comisiones de derechos humanos para evitar abusos de autoridad. Y otro temor es que se desate alguna refriega en las calles de alguna población”, puntualiza.
No exentos de abusos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga actualmente 570 quejas de 2014 contra militares, por presuntas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos en el contexto del combate a la delincuencia; aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó al Congreso de la Unión que en 2009 llegaron a ser mil 644.
“Efectivamente en los estados donde ya ha habido estas operaciones han aumentado también sistemáticamente las quejas ante organismos de derechos humanos. Tendremos que vigilar claramente esta actuación porque no podemos tapar un pozo destapando otro”, apunta Dante Haro.
De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, el 12.34 por ciento de las inconformidades es en contra de fuerzas armadas y un 7 por ciento corresponde a la Policía Federal.
El Cepad ha documentado ejemplos de abusos: “Uno ocurrió hace un año y medio o dos, con un operativo de la Marina en la región Sureste del estado, en donde hubo protestas de gente que llegó a Zapotlán a exigir reparación del daño, con testimonios de cateos ilegales a viviendas sin reparación del daño y detenidos que no se les mencionó bajo qué autoridad estaban a disposición”, recuerda Francisco Macías.
Lo menos que se esperaría, dice, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual, si bien no tiene facultades de investigación de posibles abusos por tratarse de fuerzas federales, debería velar y tomar las primeras medidas cautelares para que luego sean ratificadas por la Comisión Nacional.
La sola cifra de diez mil elementos de las Fuerzas Armadas lo dice todo, y es el reflejo del tamaño de la crisis de seguridad, luego de los hechos del 1 de mayo con disturbios y bloqueos en 25 municipios, incluyendo la Zona Metropolitana.
“Sin duda alguna en el estado de Jalisco se está asentando un precedente de la mayor militarización en materia de seguridad de una entidad del país”, estima Francisco Jiménez Reynoso.
Haro Reyes considera que la dimensión del operativo muestra que la región Centro Occidente ahora es la prioridad nacional, y quedó atrás la focalización que se hizo primero en Michoacán, en Tamaulipas y en Guerrero.
Francisco Macías, de Cepad, agrega que la intervención del ejército tendría que verse compensada con un incremento proporcional de la autoridad civil, como agentes del Ministerio Público de la Federación y una refundación de la estructura policial.
“Si estos operativos no desarraigan la impunidad, que se habla incluso de municipios infiltrados, y si no hay alcaldes o mandos policiacos procesados, hablaríamos de algo que no desarraigaría las causas estructurales de la violencia. Sólo se van a las cabezas y quedan de lado las crisis de derechos económicos y sociales de las zonas donde se asientan los grupos. No sólo es la violencia, sino es cuestión de desigualdad y pobreza”.
