Tráfico institucional de niños

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Elvira perdió lo más valioso que tenía en su vida. Cuando niña, sin haber conocido nunca a su padre, con una mamá drogadicta que luego desapareció para siempre y un abuelo que la golpeaba a diario, le quitaron a sus hermanitas, su única familia verdadera, con las que desde pequeña tuvo que sobrevivir en la calle vendiendo churros.
Ahora tiene seis años sin verlas, desde el 2006 en que se escapó del albergue Nacidos para Triunfar donde las tres estaban internadas. Después de interminables búsquedas, descubrió que Estela y Lucero, que ahora tienen 16 y 18 años, han sido adoptadas por una pareja italiana.
El caso de las hermanas Vélez Pérez es uno de las 40 adopciones ilegales hacia Italia documentadas por la Fundación de Niños Perdidos y Desaparecidos, FIND, en los últimos cinco años en Jalisco. Un problemática que, sin embargo, es mucho más extensa y que remonta a 1998, cuando FIND y otras asociaciones empezaron a denunciar irregularidades cometidas por el entonces recién nacido Consejo Estatal de la Familia, en el manejo de las adopciones internacionales.

La pérdida
Las hermanas Vélez Pérez fueron internadas en un albergue en 2002, a raíz de que Elvira denunció a la Procuraduría que su abuelo les pegaba. “Pero nunca pensé que íbamos a parar en un internado”, dice la muchacha, que ahora tiene 22 años.
En ese año había desaparecido su mamá, y ellas sobrevivían vendiendo churros en la calle. Las niñas nunca habían ido a la escuela, comenzaron a estudiar en el albergue, donde seguían yendo a visitarlas sus abuelos.
Pero en 2006 Elvira decidió escaparse y regresar con el abuelo. Por un tiempo estuvo hablando al albergue para que le dieran noticias de sus hermanas, pero después de un año le dijeron que ya no podían decirle nada y que las niñas ya no estaban allí.
“La directora me dijo que fuera a preguntar al Consejo de la familia”. Allá la informaron que las niñas habían sido adoptadas. “Me enseñaron varios papeles donde dicen que ellos fueron a buscar a mi familia para notificarle la adopción, pero yo le pregunté a todos mis familiares, y nadie sabía nada. También mi abuelo antes de que se muriera, fue varias veces a verlas y le dijeron que ya no estaban”.
Inclusive le comentaron que ella había firmado para autorizar la adopción: “Pero yo entonces era menor de edad y no sabía ni siquiera que era una firma. Yo jamás firmé”.
Las niñas, explica Juan Manuel Estrada, presidente de FIND, fueron registradas con nombres falsos y dadas en adopción a una primera pareja italiana, que las regresó al año. Luego en 2007 fueron adoptadas nuevamente por otros italianos, con los cuales viven actualmente.
Elvira desde entonces ha intentado por todos los medios saber dónde están sus hermanas y ponerse en contacto con ellas. “Yo hablé con Claudia Corona –la ex secretaría ejecutiva del CEF– y me dijo que escribiera unas cartas, que ellos las enviarían a mis hermanas, y que si ellas se comunicaban conmigo, bien, si no, ni modo”.
Puso además una queja en Derechos Humanos, una de las más de 20 que acumuló en los últimos años el CEF. “Lo que quiero es verlas, hablar con ellas para que me digan cómo están por su propia boca. Yo no tengo mucho qué ofrecerles, pero si se quieren quedar aquí las recibo en mi casa”.
Elvira es consciente de que las niñas tienen una nueva familia, y que podrían estar mejor allá. Ella ahora vive con su suegra y sus tres niños, y tiene que mantener a toda la familia vendiendo churros en el tianguis un día a la semana, ya que su marido desde hace tres años está en la cárcel en espera de juicio. El interior modesto de su casa, refleja la marginación y la pobreza que la rodea en el barrio periférico de Zalatitán, en Tonalá.
“Si no le hace falta nada y están bien con la nueva familia, yo no las voy a obligar a quedarse”, concluye.

El juicio
Estrada tiene la misma convicción de Elvira. Después de escribir en varias ocasiones al embajador de México en Italia para ponerlo al tanto de las adopciones ilegales que se están tramitando hacia ese país europeo, tomó la decisión de iniciar un juicio para anular la adopción de Lucero y Estela.
“El matrimonio italiano, a pesar de haber sido burlado, ya son sus padres. Las niñas tienen cinco años viviendo con ellos. Nuestra intención no es quitárselas, sería en detrimento de las niñas”, explica el presidente de FIND. “Es más bien una forma de presionar para favorecer el reencuentro de las familias, y sentar un antecedente jurídico para parar el fenómeno”.
Explica que este es un problema muy grande ahora, ya que la mayoría de las adopciones que está haciendo el CEF son hacia Italia, en colaboración con una asociación que se llama Amici dei bambini, que tiene su sede legal en Milán, Italia.
“Esta asociación tiene un representante aquí, un abogado, y empezaron a llevarse los menores, intentando incluso firmar un convenio con la Comisión de Derechos Humanos, la que aparentemente no aceptó”, dice.
El modus operandi, agrega, es el que utilizó el CEF desde el principio, y que presenta irregularidades en los procesos de pérdida de custodia, de tutela estatal tanto provisional como definitiva y en los procesos de adopción: quitan los niños a las familias por supuestos delitos, las registran con otros nombres, las cambian de albergues para que sus padres no puedan encontrarlos, inclusive los trasladan a otros estados de la república donde el abogado de la asociación tramita la adopción.
FIND tiene documentados por lo menos 40 casos, pero Estrada dice que se podrían probar hasta 200 adopciones ilegales solamente hacia Italia, tema que se destapó en las últimas semanas, después de que la fundación presentó un video en el que se ven psicólogas del CEF manipulando a dos niñas para que se despidieran de sus padrinos mexicanos y aceptaran ser adoptados por una pareja italiana.
Al respecto Guillermo Ogarrio, presidente de la academia de Derecho de familia, del CUCSH, y presidente del Colegio de derecho civil y derecho de familia S.C. dice que “es una violación de los derechos humanos de las niñas, de los tratados internacionales, como la convención sobre adopciones del Haya, y del mismo Código Civil de Jalisco, que establecen que se tiene que dar preferencia para adoptar a los nacionales. Trataron a las niñas como mercancía sin velar por su interés superior”.
Y concluye: “Se atropellaron todas esas disposiciones, pero con una metodología totalmente maquiavélica y perversa. Uno frente a esto se pregunta: ‘¿Cómo es posible?’, esta forma de manipular a los niños no las veíamos ni en el antiguo servicio secreto”.

La historia del consejo
Acerca de cómo opera el CEF, la periodista María Antonieta Flores Astorga, que documentó este tema desde el año en que se formó el consejo, está próxima a publicar un libro, titulado “Carriolas vacías”.
Explica que “el procurador Jorge López Vergara emite en 2006 la circular 057 donde dice que todos los niños expósitos, maltratados y abandonados tenían que ser recogidos y llevados al CEF, que fue creado ‘a modo’ en 1998, y su primera secretaria ejecutiva fue la esposa del mismo procurador”.
Agrega que en el código de procedimiento civil de Jalisco hay un apartado donde dice que los niños abandonados, hasta por un solo día, se lo pueden llevar y que a los tres meses que no vengan reclamado, pueden empezar el procedimiento de perdida de patria potestad.
“Empecé a darle seguimiento a casos en que los niños los recogían porque la mamá estaba en la calle borracha, la metían al bote y se llevaban a su niño, pero después, al salir, ya no se lo regresaban, se lo iban escondiendo”.
Dice que es un proceso mañoso, basado en una red de corrupción y en las enormes ganancias que se obtienen con las adopciones internacionales. “Yo descubrí en la práctica que los papás iban a buscar a sus niños a la Procuraduría pero no le decían dónde estaban; gente generalmente ignorante y pobre, dejaban pasar el tiempo hasta que desaparecían sus niños y ya no podían saber nada de ellos, a pesar que la ley dice que antes de darlos en adopción se tienen que buscar familiares hasta el cuarto grado de parentesco”.
“Para hacerlo más legal, los del consejo llevaban a registrar a los niños, y hasta suerte tenían que muchos ni estaban registrados y le hacían una nueva acta de nacimiento donde no quedaba vestigio de nada ni de su familia anterior”, continúa. “Luego el juez, como son instituciones y procedimientos en buena fe, no lo va a cuestionar y da su autorización”.
En este sentido, Estrada comenta que quien tendría que vigilar esos procesos es la Procuraduría social, que, no obstante, cuenta con un solo abogado para 10 juzgados. Además no existe un control sobre los albergues.
“En Jalisco solamente hay dos públicos, el de Villas de Miravalle, que lo maneja el ayuntamiento de Guadalajara, y el Hogar Cabañas, los dos atienden a un promedio de 600 niños y todos los demás están bajo el cuidado de albergues privados que manejan aproximadamente siete mil menores”.
En 1990 existían en el estado 10 institutos de este tipo, en cambio ahora son más de 100. “La mayoría de los niños que están en albergues son de mamás que no pueden tenerlos, que los dejan y luego se los llevan los fines de semana, pero es un acuerdo entre particulares, no es un bebé institucionalizado, no son del Consejo y el Consejo en cambio empieza a manejarlos como si fueran de él”.
“Hay trata de niños. Es un gran negocio, con mucha demanda”, concluye Flores Astorga. “Los albergues y las casas para madres solteras se convirtieron en criaderos de niños, están cuidando a las muchachas como presas, porque ya tienen a donde mandar al niño”.