La minería es por su propia naturaleza una actividad aleatoria: depende del carácter no renovable de los recursos naturales que son su fundamento y, al mismo tiempo, se subordina a una serie de factores como las oscilaciones de la demanda internacional, las fluctuaciones de los precios internacionales, las modificaciones tecnológicas de la producción industrial, la aparición de nuevos materiales sintéticos que compiten con los minerales, etcétera. Por otra parte, responde a un mercado industrial la mayor parte de las veces ajeno a la realidad nacional.
La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la Colonia. Ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante de modernización y avance, al suministrar insumos a prácticamente todas las industrias, entre las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, la siderúrgica, la química y la electrónica, y al formar parte de la fabricación de artículos de uso cotidiano, que van desde lápices, relojes, televisores, computadoras, automóviles y camiones, la construcción de casas, edificios y carreteras, hasta la manufactura de una gran variedad de maquinaria y equipo.
A pesar de su carácter dependiente, la minería ha constituido un factor de gran importancia en el devenir de la historia económica de México, tanto como en la apropiación del territorio: apertura de nuevas tierras al dominio del hombre y fundación de principales centros urbanos del país durante la Colonia: creación del tejido ferroviario durante el Porfiriato. En suma, la minería ha desempeñado un papel fundamental en el surgimiento y organización de los espacios económicos.
A la concentración financiera que sufre la minería, acelerada después de la salida del capital estatal gracias a la aplicación de las políticas neoliberales, corresponde una concentración geográfica. Desde el punto de vista minero, la región más importante del país es la del norte: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, en donde se concentra la producción de oro, plata, carbón, zinc, plomo y cobre, así como de minerales no metálicos de importancia como la barita y la celestita.
Por otra parte, las actividades extractivas hacen uso del suelo y del subsuelo en forma temporal pero intensa, provocando importantes alteraciones al medio ambiente tanto bajo la forma de modificación del relieve en el caso de las obras en los tajos a cielo abierto, como de contaminación directa de aguas, suelos y aire, en el caso de las plantas de beneficio y fundiciones. Una vez terminados los trabajos, las áreas mineras quedan abandonadas y muy rara vez se realizan trabajos de rehabilitación de los terrenos minados o de limpieza de tierras contaminadas.
Desde el punto de vista técnico, la explotación minera actual se ha convertido en un trabajo de alta especialización, sumamente mecanizado y computarizado, por lo que sólo pueden competir en la explotación las expresas con capacidad para realizar grandes inversiones en exploración y en explotación. Ha dejado de ser una actividad meramente extractiva, para convertirse en una industria integrada verticalmente y se habla indistintamente de los minerales extraídos como de los productos beneficiados a partir de ellos: es decir que la minería y la industria minero metalúrgica conforman un todo coherente. Por ello, la minería actual en México está controlada por unas cuantas grandes compañías.
La minería, como cualquier otra actividad que desarrolla el hombre, lleva implícita una alteración de los ecosistemas originales y es, en mayor o menor medida, agresiva a la naturaleza, ya que esta última se ha convertido en una mercancía de consumo desde fines del siglo XX. Ante las medidas de control ambiental y de rehabilitación del medio de los países ricos, las corporaciones multinacionales buscan nuevos sitios para ubicar sus plantas productivas en países en los que se den ventajas como mano de obra relativamente barata, energía y agua a bajos costos, así como subsidios gubernamentales, reducción de impuestos y de aranceles, controles ambientales laxos y normas de sanidad y seguridad laborales más flexibles. La medida no es nueva, lo que sí es nuevo es lo que se puede llamar la doble moral ecológica, protección de la naturaleza a ultranza y actividades “verdes” en unas partes del planeta, dilapidación y destrucción en otras.
Ante este panorama nos encontramos con la triste realidad de que en nuestro estado, hasta hoy en día, 910 hectáreas de bosque muy cercanas a la cabecera del municipio de Tapalpa están sentenciadas a ser virtualmente desaparecidas en aras de un supuesto desarrollo económico.
Misteriosos titulares de concesiones, con domicilios falsos de los mismos, una Secretaría de Economía que alegremente llega a expedir 300 títulos de concesiones mineras por mes, “absoluta legalidad” manifiestan quienes realizan el laboreo, al grado de emplear guardias armados, lo cual evidencia que detrás de todo este montaje está uno de los seis poderosos consorcios mineros del país.
No hay duda de que las actividades económicas de cualquier índole no pueden ya desarrollarse sin respetar el ambiente, y de que absorber estos costos a fin de cuentas debe ser parte de la filosofía y la meta de las empresas. Quizá lo más importante es adquirir conciencia de la peligrosidad de los sitios mineros, de la envergadura de los problemas de contaminación de toda cualidad, y empezar a asumir esa responsabilidad, sobre todo porque las características físicas del país en cuanto a relieve, clima e hidrología favorecen la diseminación de los contaminantes y el alcance de esa contaminación puede comprometer la calidad de vida y los recursos disponibles para el sustento de las generaciones futuras.
