Decía Adam Pzeworski que la democracia no necesariamente sirve para elegir a buenos gobernantes, pero que sí nos ayuda a liberarnos de malos gobernantes. Es decir, con el poder del voto, los ciudadanos podemos castigar a quienes habiendo obtenido la confianza y el respaldo popular en elecciones pasadas, ya como gobierno obran inadecuadamente, traicionando de forma abierta al pueblo, usando el poder como botín para alimentar sus aviesas ambiciones.
De cierta manera esto es lo que ha pasado en Jalisco en los últimos años. A inicios de la década de los ‘90, bajo lo que se conoció como el sistema de partido hegemónico de Estado, el Partido Revolucionarios Institucional (PRI) utilizó el poder no para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los jaliscienses, sino para lucrar y, en muchos casos, para abusar en el ejercicio del poder. De esta forma se impuso la corrupción, el autoritarismo, el abuso y la impunidad como forma de gobierno.
Para 1995, los agravios y corruptelas de los priístas habían llegado a niveles alarmantes. La impunidad en los casos de las explosiones del sector Reforma de Guadalajara, en abril de 1992; el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo, la crisis económica y, en general, el clima de inseguridad y violencia había llegado a alturas sin precedentes en la historia del estado. De esta forma, aprovechando el proceso electoral, los jaliscienses decidieron con su sufragio sacar a los priístas del gobierno, votando masivamente por los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN). Fue así como se inauguró en el estado la hegemonía del PAN como partido de gobierno.
El pasado 5 de julio la historia se repitió. Los panistas habían utilizado el poder no para impulsar el bien común, respetar la dignidad de las personas e instaurar el humanismo como doctrina rectora de sus gobiernos. No, de ninguna manera. Las instituciones gubernamentales y los recursos de la sociedad empezaron a ser vistos por los panistas como botín, la soberbia se impuso como forma de gobierno y la impunidad siguió siendo práctica común de los gobernantes. De esta manera se formó al interior de este partido un sistema hegemónico en el que el neocaciquismo fue impuesto, olvidando y traicionando su añeja tradición democrática. El empleo de recursos públicos para financiar sus campañas, la imposición de candidatos, la compra y coacción del voto, el abuso del poder, las corruptelas, los agravios y los excesos fueron lo característico de sus gobiernos en los últimos años.
De esta forma llegó el día de la elección en condiciones similares a las que prevalecieron en 1995. Por un lado predominaba el abuso y la corrupción como forma de gobierno. Por el otro, la severa crisis económica, un alto desempleo, un clima de inseguridad, un mayor endeudamiento y, en general, un deterioro del nivel de vida de los jaliscienses, orillaron a los electores a optar por la alternancia. Es decir, los panistas perdieron las elecciones y dejarán el gobierno por las mismas razones por las que perdieron los priístas hace casi 15 años.
El aprendizaje para los nuevos gobernantes debe ser claro. Si el poder los “marea” y los corrompe de nuevo y desaprovechan la oportunidad que los jaliscienses les han otorgado, en las próximas elecciones los votantes se las cobrarán. De esto no deberá caber la menor duda. El PRI no ganó la elección del 5 de julio porque haya tenido mejores propuestas o mejores candidatos. El PRI ganó la contienda debido a que los electores castigaron al PAN, reprobaron a sus gobiernos y rechazaron el abuso, la impunidad y la corrupción como forma de hacer y entender la política.
En fin, la naciente democracia jalisciense sirvió, no necesariamente para elegir a los mejores gobernantes (las obras lo dirán), pero sí para deshacerse de quienes son percibidos como malos gobernantes. El PAN debe hacer una profunda reflexión, adoptar la autocrítica y, sobre todo, modificar sus actitudes, acciones y liderazgos, si realmente quiere que la sociedad lo vuelva a percibir como una opción seria y responsable de gobierno.
