En el marco del seminario “Crimen Organizado en un Contexto Transnacional”, organizado por el Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, el doctor Luis Alejandro Astorga Almanza analiza para La gaceta los detonantes y consecuencias de las protestas civiles en el norte del país, auspiciadas por traficantes de drogas. Realiza además un diagnóstico sobre los órganos de inteligencia con los que cuenta el Estado para combatir el crimen organizado que, de acuerdo a su estudio, no se han adaptado aún a la vida democrática.
¿Las protestas de encapuchados en Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León son resultado de la formación militar de los nuevos cabecillas del narco, de su instrucción en contrainteligencia y propaganda?
Las autoridades mexicanas señalaron en su momento, a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se conforman los Zetas con alrededor de 40 personas, que la información del perfil de esos 40 demuestra que la mayoría eran ex agentes GAFE (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales), se supone que tuvieron entrenamiento en contrainsurgencia, lucha antidrogas y que tienen conocimientos en ese sentido. Varios están muertos y otros tantos en prisión. Lo que se desconoce es qué tanta gente han formado en el conocimiento que ellos adquirieron. Lo que demuestran las manifestaciones en estos estados es una estrategia que va escalando. No sólo en la violencia física, los enfrentamientos entre ellos y contra los representantes del Estado, sino una estrategia de tipo político, que ya implica una disputa por las clientelas. Hay una base social a la que se le ofrece una determinada cantidad de dinero y que es movilizada con las mismas estrategias de los partidos políticos. Nada más les faltan las cachuchas y las camisetas diciendo “Yo soy del grupo tal”. ¿Y la estrategia cuál es? Afectar a la población civil en el sentido de obstrucción de vías de comunicación y mostrar algunas pancartas en oposición a la presencia de las fuerzas armadas y pidiendo su retiro. Quienes están a cargo de esto son jóvenes, son mujeres y niños. Las entrevistas que se les han hecho a algunos muestran que han sido pagados para hacer eso.
¿Es casual el surgimiento de estas manifestaciones en un año electoral?
Por supuesto que no es casual. Y entrar en una competencia con los partidos justamente en este terreno tiene muchas implicaciones. Estamos en un año electoral, en el único estado donde se va a renovar una gubernatura es en Nuevo León, en los demás no, pero hay que recordar que se va a renovar todo el Congreso. De parte del gobierno federal la estrategia está señalada claramente: una participación cada vez mayor de las fuerzas armadas y, desde mi punto de vista, es una manera insuficiente como se está tratando de reforzar a las instituciones policiacas civiles. Tendría que haber entonces un señalamiento muy claro por parte de los partidos políticos en este sentido. De otra manera la gente podría sospechar que hay participación de miembros de algunos partidos [en la narco política]. Son estados con gobiernos y municipios de distinto signo político. Eso podría hacernos pensar que a ningún partido le conviene tener ese tipo de competencia. Pero ya sabemos que el terreno de la política en México, así como en otras partes, no es el terreno de la ética. Y las dudas son razonables. Lo que aparenta ser hasta el momento es una estrategia de grupos dedicados al tráfico de drogas, que tienen sus santuarios principales en esos estados y no quieren al Ejército ahí.
¿Qué herramientas tiene el Estado mexicano para prevenir o disminuir los efectos de esta influencia?
Hay ciertas reglas establecidas para hacer uso de la fuerza pública, y no se está haciendo. Quiere decir que el Estado a todos sus niveles, no sólo al federal, no está ejerciendo su autoridad y si no la está ejerciendo, eso es una muestra para grupos que tienen capacidad económica y de fuego para movilizar a la gente a favor de sus intereses. Toda debilidad mostrada por el Estado siempre es aprovechada por cualquier grupo legal o ilegal.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de los órganos de inteligencia contra el crimen organizado en el país?
Es de una debilidad clara. Una debilidad que viene de tiempo atrás, de mediados de los años 80, que tiene que ver con el resquebrajamiento del sistema de partido de Estado y la reconfiguración del mapa político en México. Pasamos de un sistema autoritario a uno de competencia de partidos. Hemos estado viviendo un proceso de transición hacia la democracia bastante accidentado, en ese proceso las instituciones de seguridad de ese sistema autoritario desaparecieron. Y la sociedad mexicana no ha logrado construir las instituciones de seguridad y de justicia acordes con la transición que hemos estado viviendo.
