La Eurocámara ha aprobado con facilidad la Directiva de retorno de inmigrantes irregulares, a pesar de los numerosos comentarios en contra de representantes de gobiernos sudamericanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), juristas e intelectuales, quienes la califican de vergonzosa por violar el derecho a la libre circulación y equiparar a los extranjeros con criminales.
El texto de la Directiva permite detener a los inmigrantes indocumentados por un periodo de entre seis y dieciocho meses mientras se realizan los trámites de repatriación, autorizando además que los menores de 18 años sean devueltos a sus lugares de origen sin sus familiares, dejándolos en sus territorios bajo la custodia de tutores o instituciones adecuadas —aún habrá que saber cuál es la definición del Parlamento europeo para “adecuarla”—.
Según su texto, el proyecto establece un periodo de retorno voluntario para los inmigrantes irregulares de entre siete y treinta días máximo a partir de su entrada en vigor. Así mismo, para aquellos “detenidos” que no cooperen con su identificación, la detención podrá extenderse por seis meses o incluso doce si hay problemas para obtener la documentación correspondiente de países terceros.
Un problema que ya desde ahora y antes de su aplicación se vislumbra, es que nueve países (Reino Unido, Grecia, Dinamarca, Estonia, Suecia, Finlandia, Irlanda, Holanda y Malta) no cuentan en su legislación con un periodo máximo de retención de indocumentados, lo cual vuelve a este grupo vulnerable de detención indefinida.
La expulsión de los “indeseables” inmigrantes irá acompañada de una prohibición de regreso al territorio europeo por un periodo de cinco años.
Como puede suponerse dada la gran cantidad de inmigrantes sudamericanos en territorio europeo, los gobiernos de Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Venezuela ya se han pronunciado al respecto, arremetiendo contra la Cámara europea, y recordándoles que hace algunas décadas eran ellos —los del Viejo Continente—, quienes solicitaron acogida de los americanos al huir de guerras civiles e internacionales.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló la medida adoptada por la Eurocámara como una “vergí¼enza”, indignado especialmente con el gobierno español por su apoyo a la iniciativa no obstante manifestarse siempre como un país que acoge al inmigrante. Recordemos que la comunidad ecuatoriana representa actualmente la segunda minoría inmigrante en territorio español, después de los africanos.
En un intento del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, por mantener positiva la relación de europa con todos los países latinoamericanos han sentenciado que la medida adoptada por el Parlamento Europeo no será aplicable al territorio español, pues este país cuenta con una legislación más garantista que la Directiva, por lo que la política española no cambiará.
Sin embargo, no han dejado de manifestarse sobre lo “conveniente” de la nueva norma pues garantiza los derechos de los inmigrantes sin dejar en claro a qué inmigrantes se refiere. No será muy conveniente estar detenido durante más de un año esperando a que se dé una carta de salida directa y sin escala al país de origen del inmigrante que sea encontrado en situación irregular.
Por su parte, la cancillería brasileña, tras recordar que Brasil acogió a millones de inmigrantes y descendientes hoy armoniosamente integrados en su sociedad, lamentó la decisión de Europa ya que “contribuye a crear una percepción negativa sobre la migración y va en el rumbo contrario al de una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y de una convivencia más amplia y plena entre los pueblos”.
Bolivia no se ha manifestado menos inconforme que sus semejantes sudamericanos y su presidente, Evo Morales, ha bautizado a la norma comentada como “la Directiva de la vergí¼enza”, y ha planteado la posibilidad de implementar un visado a los europeos en reciprocidad, además de enfrentar la medida de forma legal.
Los uruguayos han expresado su inconformidad lanzando una invitación a todos los gobiernos latinoamericanos a manifestarse en contra y tomar las medidas correspondientes, desde el punto de vista del Derecho Internacional. El Senado de Uruguay considera que ha habido una clara violación de los derechos humanos básicos como el de la libre circulación internacional. Por su parte, los argentinos destacaron que migrar no es un delito y por ello se han señalado en contra de términos como “legal” o “ilegal” para referirse a un migrante, pues es una forma despectiva de señalarlo.
Quienes no podían quedarse atrás en la indignación colectiva son los venezolanos, que a través de su máximo representante, Hugo Chávez, han calificado de “totalmente desproporcionadas” las medidas tomadas en contra de tan vulnerable grupo como el de los inmigrantes indocumentados. Tal ha sido la molestia que Chávez ha amenazado con bloquear las inversiones europeas en su territorio e incluso dejar de vender petróleo a aquellos países que apliquen la “medida del bochorno”, como la ha calificado el mandatario sudamericano.
Parece unánime la respuesta sudamericana ante una medida que afectará alrededor de 8 millones de inmigrantes, a quienes se les dará la oportunidad de regresar “voluntariamente” a su lugar de origen, so pena de adoptar medidas más drásticas como la detención por dieciocho meses y la consecuente expulsión del territorio de la Unión Europea, lo cual deja muy clara la gratitud de los europeos hacia sus semejantes americanos por el recibimiento con brazos abiertos que, durante décadas, hemos tenido hacia ellos.
Quien hasta el momento no se ha manifestado abiertamente sobre la declaración europea ha sido el gobierno mexicano. Durante la última visita de nuestro presidente, Felipe Calderón a tierras españolas, los españoles integraron en su discurso (una vez más) la gratitud hacia el pueblo mexicano por haber recibido tan amablemente a los exiliados de la guerra civil española. Este agradecimiento, hecho después de manifestarse a favor de la Directiva del retorno, que afecta —aunque en menor medida dado el número de inmigrantes mexicanos en territorio europeo— a los nacionales de cualquier país que se encuentre en Europa en situación irregular.
