Apelando a la libertad de expresión, la iglesia católica, en voz del cardenal Norberto Rivera Carrera, durante los días siguientes a la aprobación de una reforma al Código Civil del Distrito Federal, que permite la unión de dos personas del mismo sexo, así como la posibilidad de adoptar niños, se ha manifestado en contra de estas leyes, a las que calificó como “inmorales y perversas”.
“No podemos callar y podremos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo, pero no del tribunal supremo de Dios, que nos pedirá cuenta de nuestra cobardía, por avergonzarnos de su nombre y por no defender al rebaño del lobo que mata y dispersa a las ovejas”, dijo en un comunicado leído al término de una homilía, en la catedral metropolitana, el domingo 10 de enero.
El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, así como los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promotores de esta reforma, hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación, a poner un alto a las declaraciones de Norberto Rivera, y a hacer valer al artículo 130 constitucional.
“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
Por el contrario, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, defendió la libertad de expresarse de los ministros y aseguró que México “es un país de libertades y no puede censurarse que alguna persona exprese su opinión en torno de cualquier asunto”.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Gobernación compartía la opinión del líder panista y ninguna acción había sido tomada para detener las declaraciones y los señalamientos por parte del cardenal.
Para el maestro Víctor Ramos, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), la iglesia está apegada a derecho al hacer uso de la libertad de expresión. Sin embargo, ésta concluye cuando hacen señalamientos directos y atacan al PRD por promover estas reformas.
“Lo que están diciendo los jerarcas de la iglesia católica, se trata de un proselitismo en contra del PRD. Si sólo se tratara de una posición política o ideológica, pues no habría problema. Me parece que están excediendo los atributos de la libertad de expresión”.
En este punto coincide también la maestra Rosalinda Mariscal Flores, del Departamento de Estudios Jurídicos (CUCSH), quien además agregó que de aprobarse la reforma al Código Civil, podría haber un grave problema, al que el poder legislativo tendría que enfrentarse, ya que no solo se trata de la iglesia católica, sino del conjunto de ministros que se están uniendo. “Constitucionalmente vivimos en una república dividida en tres poderes y el único que tiene competencia para legislar, es el poder legislativo, que en ningún momento contempla a la iglesia”.
En cuanto a la petición del PRD de la intervención de la Segob, la maestra Rosalinda sugirió que deberían hacer pronunciamientos las instituciones, como los colegios de abogados, “que saben el manejo de la ley y poner orden en ese sentido”.
De acuerdo con el maestro Víctor Ramos, lo que debe prevalecer siempre es el diálogo, en lugar de polarizar más la situación y no un “diálogo de sordos”, como hasta ahora.
No es un problema religioso. Es un problema de la interpretación moral, que se deriva de creencias religiosas, pero estamos hablando de un debate filosófico y político. Ahí habría que ubicarlo. Si se le ubica ahí, pues podría haber diálogo, pero si se pone como un problema de buenos y malos, de creyentes y no creyentes, no vamos a caminar, aseguró.
De igual manera, para el académico de la UdeG, estos conflictos ponen sobre la mesa la necesidad de una ley más precisa. “Es un asunto de interpretación, es un asunto de reflexión. Me parece que es una buena oportunidad de revisar la ley y en todo caso obrar en consecuencia”.
Previsiones
La reforma al Código Civil del Distrito Federal, que permite la unión legal de dos personas del mismo sexo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no entrará en vigor hasta que el Diario Oficial la publique.
“No sabemos si va a modificar la figura jurídica como institución, llamada matrimonio. No sabemos si viene como una ley exacta, amparando ante qué instancia o ante qué instancias se casarían estas personas, quién las divorciaría, si existirá el divorcio o si les permitiría adoptar niños… Lo desconocemos, puesto que no se ha publicitado”.
Si embargo, Mariscal Flores opina que se debe crear otra figura jurídica que no sea la del matrimonio, a la hora de ejercer esta reforma. “Aquí en México deberían estar pensando en una figura jurídica alterna, y no el matrimonio como tal, porque vulnerarían la ya constituida, llamada matrimonio”.
