El 9 de diciembre del año pasado, el Congreso del Estado de Jalisco abrogó la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y, en su lugar, aprobó la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
La decisión desató diversas reacciones entre los sectores que han trabajado el tema de la transparencia desde hace varios años en Jalisco. Entre los antagonismos destaca el expresado por la Asociación de Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) capítulo Jalisco, que emitió un pronunciamiento al respecto y centra sus críticas en el procedimiento de elaboración de la nueva ley, su aprobación y su contenido.
Gran opacidad
El vicepresidente del Colegio de Estudios Políticos y de Gobierno, Francisco Javier González Vallejo asegura que con la nueva legislación “se abre una enorme ventana de opacidad en el estado, en un periodo donde el ámbito de la gestión de información es tierra de nadie. Tumbaron un marco normativo que funcionaba para imponer uno que no tiene herramientas para solicitar información”.
Y es que de acuerdo a González Vallejo los legisladores cometieron “pifias infantiles”, como el hecho de que la ley se aprobó en diciembre, se pondrá en vigor hasta abril y en los transitorios se colocan observaciones como que el reglamento para su ejercicio deberá estar listo 60 días naturales después de que entre en vigor, “o sea, hasta junio”.
Otra de las observaciones es que los reglamentos de clasificación para las solicitudes de información estarán hasta mayo, así como otros formatos de validación en diversas modalidades y hasta el sistema conocido como “Infomex” podría validarse hasta el mes de junio, “entonces ¿de abril a junio cómo va a operar la nueva ley?”, se pregunta el académico.
Uno de los aspectos más graves, afirma el analista, es que los sujetos obligados podrán reservar información sin que tengan que probar que resguardarla sea de interés público, “entonces las instituciones podrán guardar toda la información que quieran sin problema alguno y totalmente a su criterio”.
Para González Vallejo el derecho de la información como un ingrediente fundamental para el desarrollo democrático ha recibido un golpe mortal.
Responsabilidad de los
periodistas
“El principal problema que avizoro para la práctica concreta del periodismo, después de las reformas legales a la Ley de Transparencia son las modificaciones al Código Penal donde se habla de los delitos en materia de información pública”, afirma el académico de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), Juan Carlos Núñez Bustillos.
“Me parece que penalizar la publicación de la información hasta con cárcel, es una restricción al trabajo de los periodistas que muchas veces trata de dar a conocer información que justamente las autoridades quieren ocultar”.
Destacan también las medidas de penalización de las fuentes, porque es muy frecuente que desde el interior de las dependencias existan proveedores de información para los reporteros y que sea de interés público, ahora hay penalización para ellos.
En el fondo de la discusión el académico dice que es imprescindible que los periodistas sigan adelante con su obligación de tener acceso a la información y publicarla con responsabilidad.
“Creo que más allá de las leyes se tiene que apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, pues tendrán que ser ellos, con ética, los que resuelvan la publicación y no atribuir a las autoridades su falta de exposición, porque ya se conoce que éstas tenderán siempre a restringir toda información que les resulte incómoda”.
