Después de tres días de intensos debates, tanto al interior de la Suprema Corte, como al exterior del tribunal por grupos en contra o a favor del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 28 y 29 de septiembre pasado, que las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí, respectivamente, se encuentran vigentes al no violar la constitución federal.
En ese tenor, el ministro Jorge Pardo, el último en pronunciarse, hizo énfasis en que la Suprema Corte no decidía en este punto si sus miembros estaban a favor o en contra del aborto, sino solamente si las reformas a la legislación de Baja California eran inconstitucionales, lo cual abrió una caja de Pandora respecto a diversidad de temas. Entre éstos, el Estado de Derecho, como principio superior que establece nuestra constitución, dentro de la amplia perspectiva del Estado Democrático y social, y que fija un conjunto de preceptos que sujetan a los ciudadanos y a los poderes públicos. Así como establece y garantiza un sistema de derechos sociales, económicos políticos y de libertades públicas bajo un marco de respeto a la dignidad humana.
Estos derechos a que está obligado a respetar el Estado frente a la sociedad, son instrumentados en gran medida por la administración pública y los legisladores (agentes políticos por naturaleza), que tienen diversas formas de abordaje, de acuerdo a la ideología e idiosincrasia de cada sujeto, lo cual determina la variabilidad de las acciones que se llevan a cabo por las legislaciones de las distintas entidades federativas o del funcionario en turno.
Con frecuencia se dice que nuestro país esta divido en estados conservadores y liberales, de acuerdo a la normatividad, partido político y forma de gobernar que impere en cada uno de éstos.
Con la última resolución de la Suprema Corte, queda claro que las mujeres estamos a expensas de la entidad federativa donde nos toca vivir, ya sea para contar con la protección del Estado en la preservación de nuestra salud y nuestra vida o para ser calificadas como delincuentes cuando tomamos la decisión de abortar. En este último caso, pasando por encima de nuestra dignidad y nuestro derecho fundamental a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra vida.
La suerte de cada mujer está echada, dependiendo de la entidad federativa donde le tocó en suerte nacer o vivir, más allá de la discusión sobre ¿en qué momento empieza la protección del Estado para el ser humano, tratándose de los no natos? ¿Dónde está la protección para las mujeres que ya habitan en el mundo y tienen derechos y garantías individuales?
En el Distrito Federal se penaliza el aborto a partir de la decimotercera semana de gestación. En algunas entidades federativas desde el momento mismo de la concepción.
A partir de las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se reconoce en el artículo primero de nuestra carta magna que “…todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”, para lo cual se alude a la importancia de las jurisdicciones supranacionales a las que está suscrito nuestro país, donde los derechos de igualdad y no discriminación están incluidos en el derecho internacional.
Ante este panorama, cabe preguntar dónde quedan los derechos reproductivos y de la dignidad de la mujer, así como el libre albedrío sobre su propio cuerpo.
Una decisión jurídica propia de la entidad federativa donde se habita, tendrá consecuencias: el incremento de las cifras de abortos clandestinos, con repercusiones biológicas, psicológicas y jurídicas posteriores. Lo más grave, sin embargo, no es sólo la criminalización de las mujeres que toman una difícil decisión, sino que a partir de ahora los estados podrán determinar al gusto de los congresos locales, en complicidad con la autoridad gubernamental en turno, las garantías individuales de la población, sin más límite que la ideología o los intereses de los legisladores impuestos mediante cabildeo o negociaciones en lo oscurito, como suele suceder.
¿Realmente vivimos en un Estado de Derecho?
