Hay alrededor de un millón 300 mil peticiones de desindexación de datos ante Google, informó José Luis Piñar Mañas, titular de la Cátedra Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, durante la conferencia magistral “Transparencia y Protección de Datos: dos derechos de necesaria convivencia”, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara.
Señaló que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 13 de mayo de 2014, estableció que Google tiene que atender los requerimientos de cancelación presentados por las personas. El buscador tiene la obligación de desindexar la información de internet, más no de eliminarla, ya que no desaparece. “El derecho establece que la gente no tiene por qué estar condenada a la memoria permanente”,
Google tiene que analizar cada una de las peticiones y en función de éstas y la situación concreta de cada una, ponderar si debe prevalecer la libertad de información o la protección de datos. Añadió que no es admisible pedirle a Google que borre toda la información de una persona, sino que el solicitante debe presentar la dirección de la información que quiere que se borre y los motivos para ello.
Durante la conferencia magistral, en el marco de la cátedra Adolf B. Horn Jr. organizada por la Fundación Universidad de Guadalajara, el Consejo Social de la misma institución y la Cámara Americana de Comercio, el ponente destacó que Google Inc tiene sucursales en Europa y lleva a cabo una actividad comercial. Ésta, financia el buscador que es gestionado desde California.
Destacó que la cuestión es qué solución dar a un problema que no conoce de fronteras y en los que pueden convivir autoridades de muy diversos países, de ahí que sea imprescindible contar con un tratado internacional vinculante que establezca las reglas del juego a nivel mundial.
Señaló que el derecho de acceso a la información y protección de datos son dos derechos irrenunciables y subrayó que las sociedades democráticas descansan en el control sobre el gobierno y en la privacidad para la vida individual. Un estado totalitario quiere una administración opaca y ciudadanos de cristal, y uno democrático quiere una administración de cristal y un ciudadano privado, señaló.
Mencionó que actualmente hay cien países que cuentan con una ley de Transparencia. México es uno de ellos y añadió que en los países protestantes y abiertos no se tiene tanto recelo a la transparencia. Sin embargo, los países de tradición católica suelen compartir muy poco de los secretos personales con los demás, lo que genera una cultura de la opacidad y de la protección a la intimidad frente a la transparencia.
