Sexo luego no existo

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La desconfianza y el miedo es lo que se lee en los ojos de un grupo de muchachos, que en la oscura esquina entre las calles Morelos y Atenas, esperan a un cliente. La voz le tiembla a uno de ellos hasta para pedir sumisamente un cigarro, la ropa es sencilla, los cuerpos pubescentes aun por desarrollarse. El conjunto estético no luce particularmente atractivo o sensual. Más que lujuria, lo que inspira es ternura o reproche. Sin embargo, más que el hecho en sí de ofrecer servicios sexuales, lo que atrae de estos adolescentes es su tierna edad, pues la mayoría son menores, en algunos casos niños.
La calle es su hábitat natural, su única opción de vida o, en algunos casos, la mejor. “Coladeras, bancas, alcantarillas y botes de basura han sido mi casa desde que me escapé de la violencia de mi hogar”, es el relato de un infante que se prostituye en uno de los 61 puntos de comercio sexual de menores, detectados en el Centro Histórico de Guadalajara, a través del estudio “Tolerancia Cero” coordinado por la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social del CUCSH.
“El frío, la mugre, las drogas, la violencia y la indiferencia de los demás son con lo que a diario convivo en las calles del centro de Guadalajara”, continúa el menor, y como él, la OIT estima que viven en estas condiciones aproximadamente 400 niños en la metrópoli, 600 según los datos arrojados por una investigación del año 2000, lo que la posicionaría entre las seis ciudades del país con más casos de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes).
Sin embargo, según explicó Chávez Gutiérrez, es difícil cuantificar con exactitud las dimensiones del problema. “Sus características no lo permiten, es claro que el fenómeno ha proliferado y se ha multiplicado, pero tiene tanta movilidad que el chico o chica que encontraste antes en un determinado crucero al rato está en otro, o bien ya se ha ido a otra ciudad. Se da en condiciones clandestinas, poco visible y poco atrapable”.
Por esto, agregó, decidieron realizar una investigación cualitativa, analizando a profundidad 17 casos de menores de los 9 a los 17 años de edad, de los cuales 16 son varones y una mujer. Esta es una característica novedosa que se encontró con la investigación, que es una actualización de un estudio que se realizó entre 2000 y 2003, y cuyos resultados se publicaron en 2006.
“Hay una mayor incidencia de niños varones en la calle que ofrecen servicio de hombre a hombre, lo que nos hace pensar que ha aumentado el mercado sexual masculino y que las niñas están en espacios cerrados”. Otra novedad que se encontró, es que junto con los servicios tradicionales, como sexo anal u oral, los menores están involucrados en el mercado pornográfico y del cibersexo. Asimismo se confirmó que el cien por ciento usa drogas, solamente que con respecto a 2003, en que se había detectado el consumo preponderante de tonsol, ahora la gama de sustancias se amplió, incluyendo mariguana, cocaína y piedra base.

De víctimas a delincuentes
María Antonia Chávez Gutiérrez refiere que el aumento del fenómeno se debe a varios factores, uno de los cuales es el incremento de la demanda de sexo con menores. “Buscan niños, su apariencia incluso es hasta de menor edad de la que declaran”. Agregó que esto se debe también “a que en una sociedad como la nuestra, en que el sexo se convierte en una mercancía, los cuerpos de los niños son una mercancía más”.
Por otro lado, señaló la indiferencia de las autoridades a pesar de que el fenómeno se identificó desde hace diez años. “Inclusive somos un país que atrae un tipo de turismo sexual y personas que pueden estar involucradas en este mercado, porque se sabe que aquí no protegen a los niños y a sus derechos”.
Asimismo destacó la incapacidad de las instituciones, en particular del DIF, de impactar positivamente en el fenómeno. Todos los niños entrevistados estuvieron por periodos en albergues, en su mayoría privados, que “no cumplen con las condiciones que los menores necesitan, porque tampoco tienen los apoyos gubernamentales para resolverlas”, por lo que se regresaron a la calle, donde alternan la prostitución con otras actividades, como limpiar parabrisas, vender chicles o robar autopartes.
Añadió que “los policías ni siquiera tienen la sensibilidad de cómo debe de ser tratado un niño, de pronto el menor se convierte en delincuente y no es atendido como víctima. Es paradójico que si bien sean visibles las víctimas, no lo sean los explotadores”.
“Los agreden, los golpean, también los mismos policías”, refiere Adriana Rodríguez, quien participó en la investigación y estuvo trabajando en el campo con los niños. “La forma para que no los golpeen es brindar su cuerpo, por lo que estamos hablando de verdaderas violaciones”.
En este sentido explicó que en todo caso se trata de abusos, ya que “no es como para un adulto, que es consciente de que está ofreciendo un servicio sexual, el niño aprende desgraciadamente que el que tomen su cuerpo es una forma de obtener algo”, por lo que agregó que “a veces puede haber una remuneración, y en otras se entregan para que no los agredan, para que los dejen en paz los cuerpos policiacos, los explotadores o los que los mueven”.

Lagunas legales
El abuso sexual comercial de un menor es un delito grave, sin embargo en Jalisco no está tipificado como tal. María Rita Chávez, que se encargó del aspecto jurídico de la investigación, comentó que “puede ser incluido en algunos otros delitos dentro de la explotación sexual comercial”. El problema, agregó, “es que si consideramos la competencia entre la jurisdicción estatal y federal, es una maraña jurídica en que se pierde la posibilidad de castigar, en particular a los pederastas y a las redes de pornografía”.
Especificó que a nivel de estados cambian totalmente las penalidades y las tipificaciones de los delitos sexuales federales, “de tal suerte que cualquiera puede evadirse fácilmente del cumplimiento de una pena tan alta como es en el caso de estos delitos, allanándose a un delito menor, o yéndose a otro estado donde las penas son menores”.
Estos infantes desamparados ni siquiera pueden denunciar los abusos, en primer lugar por ser tratados como delincuentes, y además porque en la Procuraduría corren el riesgo de ser enviados al tutelar, ya que para presentar una denuncia les piden que sean acompañados por los padres; los mismos progenitores de los que huyeron debido a la violencia y las agresiones físicas y sexuales que sufrían en su hogar.
Por lo que María Antonia Chávez concluyó que las fallas en el sistema jurídico, que no permiten que se avance en una labor institucional que de verdad proteja a los menores y que les garantice la satisfacción de sus necesidades y derechos, reproduce la cultura arraigada en México de que “un niño es propiedad absoluta de los padres, que un niño en la calle sin padres es peor que un perro sin dueño, porque a lo mejor con un perro nos sensibilizamos y le aventamos un pedazo de carne, en cambio a un niño de la calle le tenemos miedo”.