Nos preguntamos constantemente: ¿por qué México no avanza?, ¿por qué no somos competitivos?, ¿por qué cargamos con 55 millones de pobres sobre la espalda?, y muchas preguntas más. Y la respuesta es sencilla a todas ellas: hemos visto la falta de compromiso con revalorizar la educación pública en nuestro país.
La educación en México es un derecho consagrado en la Constitución política de nuestro país y que en su Artículo 3° declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes. La Ley General de Educación obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario, secundario y medio superior de la educación.
Paradójicamente hemos visto el desmantelamiento de la educación pública.
Cuando hay que recortar el presupuesto el primero en la fila al matadero es el sistema de educación pública, víctima de políticas neoliberales que ven en la educación un gasto y no una inversión. Con esto, las escuelas de educación pública se ven atadas de manos a trabajar con lo poco que tienen y se abre una puerta para generar condiciones que hagan proliferar un negocio para las instituciones privadas.
La educación privada está segmentada: hay escuelas de gran exigencia y calidad, sobre eso no hay discusión. Sin embargo, las llamadas de “atención a la demanda” o “patito” abundan y van en expansión. Dado que el Estado ha dejado de otorgar recursos adecuados a las instituciones públicas, las familias han apostado por solventar con ingresos propios, y enviar a sus hijos a colegios de paga.
La UNESCO indica que los países en vías de desarrollo deben invertir en educación por lo menos 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB): ¿así o más claro?
Somos el país que menos gasta en educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que México es quien menos invierte por cada estudiante.
Mientras nuestro país destina el 6 por ciento del PIB en educación, Brasil aporta por lo menos 8 puntos porcentuales en tiempo de crisis.
El rescate de la educación pública requiere un componente inexcusable, una política de Estado en la materia que libere a la enseñanza pública tanto de los fanatismos privatizadores de los gobernantes como de quienes utilizan a la educación como moneda de cambio en coyunturas políticas y maniobras de control electoral. De no actuar en ese sentido, no será posible revertir la deplorable situación de la educación pública.
El Estado mexicano no debe claudicar en su responsabilidad de impulsar y apoyar la educación pública, la tarea más urgente es la de entender a la educación pública como una inversión y palanca de desarrollo, y no como un gasto del Estado. La educación pública debiera ser, por excelencia, la vía natural de los jóvenes para acceder a oportunidades de desarrollo personal, profesional y de movilidad social.
