En junio pasado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dio a conocer el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, cuyo título es Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. En él se presentan algunas recomendaciones sobre protección social, sistemas de cuidado, calificación laboral y cierre de brechas de género, raza y etnia; al respecto, uno de los puntos más destacados es la mención a que no se pueden resolver estos problemas sólo con más crecimiento económico. En el informe se redefine el significado de progreso, sobre todo en relación con mejor acceso a servicios de salud, educación, así como a mayores oportunidades de bienestar.
El principal problema señalado en el documento es que “En la región, de 25 a 30 millones de personas se encuentran en peligro de recaer en la pobreza por ingresos. Esto equivale a más de un tercio de la población que salió de la pobreza desde 2003”, ello sin contar a aquellos que nunca han podido salir de esa condición. La recaída en la pobreza extrema se considera la mayor amenaza al progreso multidimensional, entendido éste “como un espacio de desarrollo con límites normativos, en que nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”.
Se señala que la educación y los mercados laborales fueron los principales motores que impulsaron el cambio en el periodo analizado (que comprende poco más de una década), no obstante, las personas que continúan siendo más afectadas son los jóvenes y mujeres con inserción precaria. El PNUD menciona que el 38 por ciento de las personas, es decir, dos de cada cinco, son vulnerables, lo cual no quiere decir que sean pobres, pero que tampoco han accedido a la clase media, y se ubican más bien entre estas dos clasificaciones.
Algunos de los elementos claves para que el ascenso a la clase media no suceda, giran en torno a la ausencia de políticas públicas centradas en cuatro principales factores: protección social, sistema de cuidado para niños y adultos mayores, activos físicos y financieros (como casa propia, cuenta de ahorros, automóvil) y la calificación laboral. Estos factores son llamados por el IDH canasta de resiliencia, que no es más que la capacidad de una persona para salir adelante.
Se señala que hasta este momento lo que se puede hacer, además de implementar las políticas publicas que estén en sintonía con la agenda de 2030 del Desarrollo Sostenible, es proteger lo que se ha logrado. Uno de los aspectos destacados del informe es que se debe invertir más en las mujeres, así como en las políticas de cuidado, pues a pesar de que se ha presentado un desarrollo y las mujeres tienen más oportunidades laborales que en años atrás, la realidad es que son las que tienen menores posibilidades de obtener un salario mayor en relación con el que perciben los hombres. Una de las causas que se mencionan es que el ser mujer “afrodescendiente, indígena, LGBTI, joven, persona con discapacidades” influye de manera significativa en las oportunidades que se puedan tener.
Es importante, por lo tanto, que la sociedad se interese en dar un seguimiento a estas propuestas y que se involucre con nuevas alternativas de solución y con la aplicación de políticas públicas que puedan resolver aspectos de fondo, que lleven a un cambio que permita construir la resiliencia a la cual hace referencia el informe y se eviten retrocesos en lo que se ha avanzado para combatir la pobreza y la pobreza extrema. El informe hace aportes relevantes para los estados latinoamericanos, porque muestra un panorama para comenzar con nuevas iniciativas en favor de la población más vulnerable.
