Cuando la bebé de Washington Velázquez y Ana Freire murió, nunca imaginaron que esa sería la primera de muchas penas que sufrirían. Antes fueron acusados falsamente de violar y matar a su pequeña de 10 meses. Luego la prensa sensacionalista se encargó de lo demás.
Durante varias semanas, periódicos y noticiarios los pintaron como seres sin alma. Aunque la autoridad judicial los absolvió, la audiencia ni se enteró. Ahora la gente que los ve en la calle, los señalan con el dedo. Y nadie les da empleo.
“A la mujer de Walter, una vez, en un almacén, le dijeron que su marido era un violador. ¿Cómo sabés eso?, preguntó ella. Porque lo vi en la tele”. Así lo relata el periodista César Bianchi en su crónica “El estigma de unos pobres diablos”.
Esta historia acaeció en Uruguay, pero pudo haber sucedido en cualquier país de Latinoamérica, y particularmente en México, donde también es común que personas detenidas por presunta responsabilidad en delitos o incluso en faltas administrativas, sean exhibidas sin mesura en medios impresos y electrónicos.
“Este tema tiene como telón de fondo un debate antiguo de relevancia: el doble juicio al que se ven sometidos los ciudadanos que enfrentarán un proceso legal, y a quienes los medios exhiben como presuntos delincuentes antes de ser formalmente consignados o juzgados. Cualquier inculpación que se haga a una persona mediante notas periodísticas, puede causar un daño moral de graves dimensiones. Para quien da la noticia, ‘mañana será otro día’; para el protagonista de la misma, la vida cambiará a partir de la acusación”, considera la especialista María Elena Hernández Ramírez, doctora en información y comunicación por la Universidad de la Sorbona, Francia.
La también catedrática de la Universidad de Guadalajara (UdeG), abunda: “Hablar del doble juicio nos lleva a cuestionar, por una parte, la forma en que se aplican las leyes y se imparte la justicia en este país. Por la otra, cómo informan sobre hechos de seguridad pública en México”.
Hernández Ramírez dice que lo frecuente en el periodismo policíaco mexicano no ocurre en todo el mundo: “Aquí las normas no son claras, o no se aplican. No hay análisis sobre las implicaciones para los afectados, y en los medios predominan los intereses mercantiles: el morbo vende”.
Presunción de inocencia
La exhibición de los detenidos atenta contra los derechos fundamentales de las personas, entre éstos el derecho a la presunción de inocencia, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reprueba esta práctica.
Hans Jurado Parres, académico de la UdeG, sostiene que, para bien o para mal, es obligación del Estado informar a los ciudadanos, pero en el caso de las personas detenidas resulta necesario cuidar el respeto y la dignidad de cada uno.
“Informar sí, en los momentos oportunos; esto es: ya que se concluyó con la investigación y se encamine el proceso. No antes, porque si no, se están lastimando y afectando los derechos humanos de todos aquellos que al momento en que se dan a conocer en los medios de comunicación no se sabe si son inocentes o culpables, y que si son inocentes, en muchos casos la propia sociedad los considera culpables”, explica el presidente de la Academia en Derecho Constitucional, de la maestría en derecho, de la UdeG.
María Elena Hernández critica la falta de ética y el afán protagónico de algunos políticos que, en una sociedad mediatizada, quieren mostrar “sus logros” a través de las pantallas.
“Se montan escenarios para tomar fotografías con los detenidos in fraganti o para filmar detenciones espectaculares.
También es sorprendente que las autoridades colaboren con algunas televisoras para producir programas de entretenimiento mediante la ridiculización de los detenidos”.
Concluye: “Hace falta analizar la función social de la información sobre seguridad pública y también investigar más cómo podría hacerse sin daños a terceros. Es posible que se necesite normatividad, pero es más factible recurrir a una reflexión ética en todos los sectores involucrados”.
