Los últimos días han sido muy importantes en materia cultural. Por un lado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, encabezada por el diputado Santiago Taboada, presentó una iniciativa para la creación de la Ley General de Derechos Culturales. Mientras que la Secretaría de Cultura Federal, a cargo de María Cristina García Cepeda, así como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), a cargo del recientemente nombrado Efraín Franco, presentaron sus programas de trabajo en los que aparecen diversos asuntos que parecen convergir en el papel de la cultura como agente principal para el desarrollo social y el conocimiento.
En 2002 la UNESCO organizó en la ciudad brasileña de Porto Alegre la primera Reunión Pública Mundial de Cultura, cuyos trabajos concluyeron en un documento final aprobado en 2004 en Barcelona, durante el Primer Foro Universal de las Culturas y que titularon como Agenda 21. Se trata de un documento que orienta sobre la creación de políticas públicas locales. La tendencia mundial que arrancara con el presente siglo avanza hacia el empoderamiento de las comunidades y movimientos locales como los primeros dínamos de cambio y gestión de políticas que beneficien —desde la cultura— a todas las naciones.
Las premisas del programa de la Secretaría de Cultura nacional subrayan la diversidad, la inclusión, pluralidad y respeto a la libertad de creación, así como la necesidad de impulsar proyectos que se dirijan de forma específica a niños y a jóvenes. Para García Cepeda y su equipo, la institución está determinada por cuatro ejes: la cultura como un derecho basado en la libertad; el desarrollo cultural con sentido social; la cultura y conocimiento, y México para el mundo. Otros asuntos que se mencionaron durante la presentación fueron la igualdad de género, el patrimonio nacional y las lenguas indígenas como temas prioritarios que se deberán proteger y estimular a través de diversos programas, aún en desarrollo.
A nivel local recibimos con buen ánimo las declaraciones de Franco Frías, quien habla directamente de uno de los principales bloqueos que ha presentado el trabajo artístico: su marco legal. Para el titular del CECA el desarrollo jurídico que ahora rige el desempeño en las artes no corresponde a las dinámicas reales de operación de sus creadores, además de que muchas veces —aunque se trate de normas legales— éstas se aplican a nivel discrecional, por lo tanto habrá que mejorar todo el diseño estructural de la ley que rige al sector. Además, mencionó con claridad el interés que tiene por incluir al resto de los municipios en la dinámica, hasta ahora centralista, que distribuye presupuestos, apoyos y programación en Jalisco.
Estas últimas declaraciones que se dan por parte de representantes institucionales de entrada suenan muy bien. Las reformas en la legislación cultural representan una emergencia nacional, así como la posibilidad de regular y vigilar su cabal aplicación en todas las entidades federativas. Sin embargo, luego de las ruedas de prensa en donde se dispararon los flashes, queda la responsabilidad de los agentes creadores, de los gestores y artistas para que participen de forma activa en el seguimiento de estos procesos tan necesarios en un país que sólo ha dado signos de desinterés e incluso desprecio a los sectores educativo y cultural. No importa cuántos tratados internacionales México suscriba, ni cuántas presentaciones públicas hagan los funcionarios con sus mágicas numeralias, el cambio llegará cuando la ciudadanía y, de forma específica, los creadores se involucren en la elaboración, seguimiento y aplicación de las reglamentaciones que norman su trabajo.
