A pesar de sus críticos, el engranaje para hacer vigente la Ley antilavado de dinero está en marcha. Uno de los sectores más preocupado por su cumplimiento, es el de la industria inmobiliaria, que ha tomado como un reto asumir este nuevo marco legal, lo que implica una mayor profesionalización, inmiscuirse en su comprensión y cumplir, pues la delincuencia organizada ha incluido en su “portafolio” de inversiones los bienes raíces, según lo demuestran las incautaciones hechas a delincuentes de todo tipo en la última década.
“Una parte importante del sector es que tenemos un concenso y este incluye el tema de la seguridad, la certeza y la legalidad. Lo que no puede ser, es que México no pueda tener una Ley inmobiliaria federal, como tienen otros países, incluso de la región, como Brasil, Perú o Nicaragua”, asegura Sergio Gómez Rábago, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, al participar en su reunión nacional realizada la semana pasada en Guadalajara.
El profesional inmobiliario explica que es recurrente que personajes de la delincuencia organizada piensen de inmediato en invertir en bienes raíces. Sin embargo, “un asesor inmobiliario profesional precalifica a los clientes a fondo. Tenemos mucha información, pero al final de cuentas si las autoridades no han podido descifrar quiénes son, pues nosotros no podemos hacer magia”.
“Nos estamos comprometiendo a construir, registrar, impulsar las plataformas de investigación de clientes contenidos dentro de otros formatos de registro nacional, pero tampoco somos la FBI ni la CIA”.
Este representante afirma que cuando se presentan casos de delincuentes propietarios de inmuebles, es porque ellos se han hecho de esos bienes mediante tratos directos, simulaciones, manejos de poderes y cuestiones de diversos tipos. Todo eso está previsto en la nueva Ley de lavado de dinero, pero indica que sería mejor poseer un marco normativo inmobiliario.
“Insisto: debemos poseer leyes inmobiliarias federales y estatales, un marco de certeza completo. Tenemos que ser congruentes. No se nos puede exigir solamente, sino que se nos debe apoyar. Este año conseguimos cinco leyes inmobiliarias estatales y en total ya existen 10”.
La nueva Ley antilavado de dinero, conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre pasado, y establece medidas para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, lo que incluye una coordinación entre instituciones, con el fin de recabar elementos útiles para investigar y perseguir ese tipo de operaciones y a quienes las realizan, explica la abogada Azucena Marín Díaz, de la Universidad Panamericana, del despacho Cuesta y Campos y asociados.
Reconoce que sí hay inquietud entre los agentes de bienes raíces, no por cumplir con la ley, porque los profesionales inmobiliarios sí quieren ser parte de la solución para evitar el lavado de dinero, “sino que nos va a generar más carga administrativa y si se nos pasa presentar algún aviso a la autoridad, vamos a ser sujetos de multas importantes”.
Refiere que entre las normas a seguir se especifica que están prohibidas las operaciones en efectivo en inmobiliarias en compra venta mayores a 500 mil pesos y los profesionales deben contar con un registro de lo que realizan y estar informando a las autoridades cuando se excedan.
La razón aducida en la ley es que el Estado administrará esta información con mayores sistemas de inteligencia, para identificar cualquier actividad sospechosa y perseguir el lavado de dinero, aunque por estadística se conoce que la mayoría de las operaciones inmobiliarias en México son legítimas.
La ley entrará en vigencia en seis meses y luego se extenderá un plazo de tres meses más para conformar su reglamento.
