Corría la primera semana de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval al frente del ejecutivo del estado de Jalisco, cuando el automóvil del recientemente nombrado secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez, fue emboscado y cocido a balazos, luego de una persecución que inició en la avenida Pablo Neruda, en el municipio de Zapopan. Dieciocho meses después, el diputado federal Gabriel Gómez Michel, que pertenecía al Distrito 18 con cabecera municipal en Autlán de Navarro, y quien —después de haber sido levantados el pasado lunes mientras circulaba por Periférico, en el municipio de Tlaquepaque— fue encontrado muerto el martes 23 de septiembre en el municipio de Apulco, en Zacatecas, a bordo de su vehículo, al lado de otros dos cuerpos; los tres estaban carbonizados.
Si se parte del asesinado de Gallegos Álvarez, el estado de Jalisco lidera a nivel nacional en cuanto a homicidios de funcionarios, al sumar 67 en 18 meses, ocurridos durante la actual administración. Asimismo, la entidad ocupa el segundo lugar en extorsiones, cuarto en robo de autos, sexto en homicidios dolosos, esto de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con respecto a datos recabados de 2013 a la fecha.
En este sentido, Dante Haro Reyes, especialista en Seguridad pública, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), comenta que lo acaecido aquella tarde de marzo de 2013 fue un mensaje a la esferas políticas, debido a la convivencia que había entre los grupos delictivos con los políticos: “El problema es que en la forma como se está combatiendo (la delincuencia) a partir de las políticas públicas del ex presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, se rompen una serie de acuerdos y pactos, y lo único que vienen a dar es estos focos precisos donde se muestran vías que se deben atacar, una de ellas es el descabezamiento de los cárteles”.
Durante el sexenio de Calderón Hinojosa se reportaron 174 funcionarios asesinados, de acuerdo a información de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.; en ese mismo lapso, Jalisco únicamente reportaba 3 funcionarios ultimados, mientras que en el primer cuatrimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a marzo de 2013, ya sumaban a escala nacional 184 servidores públicos muertos.
Haro Reyes explica que ahora Jalisco se está convirtiendo en una zona de competencia “de la plaza”, donde están ingresando en la colindancia con Michoacán algunos grupos de Caballeros Templarios, mientras en la frontera con Zacatecas hay una lucha entre Zetas y el Cártel del Golfo, lo cual provoca que funcionarios de municipios tengan que enfrentar a los grupos delictivos y ese es el motivo por el cual se ven ultimados.
El especialista comenta que los ataques están llegando a la clase política y a funcionarios de gobierno que están inmersos en situaciones ilícitas, y que esto seguirá sucediendo si no se cambia la forma en la que se están implementando las políticas de seguridad, donde el estado actúa contrariamente de como debe atacar, pues dice que la forma correcta sería implementar un 80 por ciento de inteligencia en la investigación y un 20 por ciento en operatividad: “Aquí estamos al revés y eso nos trae este tipo de consecuencias”.
“Jalisco ya entró en lugar de focos amarillos, con focos casi de alerta, por las diferentes circunstancias, lo que pasa es que las autoridades no lo quieren aceptar y esto que sucede no lo pueden tapar con un dedo. Parece ser que volvemos a la ley de Pablo Escobar, ‘la ley del plomo’ y vemos el mensaje de ‘si la clase política, que de alguna manera tiene mejor blindaje, puede caer en esto, qué se puede esperar de la población civil que es más vulnerable’. Ese es, de alguna manera, un análisis muy general, pero que sí representa un riesgo que se ha venido dando, sobre todo a nivel estatal y federal, porque hay una continuidad de la política que inició Calderón”.
El investigador de la UdeG subraya que ahora es fundamental la participación ciudadana y contar con un buen nivel de información, con el que la sociedad comience a exigir resultados en corto, mediano y largo plazo: “Tenemos que aprovechar la coyuntura que hay de los retos que tienen las autoridades, para poner muy claramente una ruta crítica para que se resuelvan las problemáticas de inseguridad, y si no lo pueden resolver, en otras palabras, exigirles que se vayan”.
