Juzgar la corrupción

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Un sistema de indicadores e instrumentos de evaluación, políticas de escalafón que no sólo midan preparación, sino también valores éticos; buzones de denuncias ciudadanas, juicios en línea aprovechando las nuevas tecnologías y una administración central que aplique un plan general, son algunas de las propuestas para erradicar la corrupción en el Poder Judicial, planteadas en un estudio de María Carmela Chávez Galindo, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

El Poder Judicial de Jalisco no cuenta con indicadores de cumplimiento y aplicación del Código de Ética, y tampoco son evaluados los alcances del programa anticorrupción, implementado hace tres años, a falta de una metodología clara que permita medir, corregir y difundir los resultados a la sociedad, explicó la académica y exconsejera de la judicatura.

Una de las propuestas es que el Poder Judicial deba ser tratado como un solo ente, es decir, que no exista administración separada en el Tribunal de lo Administrativo, el Tribunal Electoral, el Instituto de Justicia Alternativa o el Supremo Tribunal de Justicia, todos yendo en direcciones diferentes, sino dirigirlos todos en un Plan General del Poder Judicial.

“Que estos órganos no queden dispersos. Porque al tener un sólo mando, en primer término podemos evaluar el respaldo ético de los mandos superiores. Esto significa que las instituciones que conforman este Poder Judicial, junto a los jueces de primera instancia y jueces menores, deben evaluar y atender los temas relativos a controles internos y sobre todo a la administración de riesgos, a través de sus órganos administrativos”.

Actualmente el Supremo Tribunal tiene su propio departamento de tesorería, recursos humanos y contraloría. De acuerdo con la académica, eso provoca que todos los recursos se dispersen, porque cada quien monta políticas internas privadas. Por ello es necesario retomar el Plan General del Poder Judicial como un plan de Estado y acceso a la justicia, para lograr una transparencia, una eficacia y que el gobernado realmente sienta que el acceso a la justicia es efectivo e inmediato.

Políticas anticorrupción y juicios en línea
Chávez Galindo ponderó la necesidad de establecer programas y políticas de integración anticorrupción, pues cuando son evaluados se pueden detectar fortalezas y debilidades.

Recordó que la administración pasada del Consejo de la Judicatura implementó un programa anticorrupción hace casi cuatro años, para que todos los órganos que conforman el Poder Judicial implementen acciones para fomentar la integridad institucional y con ello prevenir, disuadir y detectar la comisión de actos de corrupción.

“Debemos apostar a tener juicios en línea. Cuando es impersonal o es transparente de cara a la sociedad, cuando no hay instrumentos o documentos de por medio, es cuando la justicia es más eficaz.

Debemos crear indicadores de cumplimiento de aplicación de códigos de ética. Existe uno nacional para quienes imparten justicia y ese código debe estar publicado en el área de los tribunales, para que la sociedad lo conozca”.

Otra propuesta es que los programas de capacitación en materia de ética y filosofía anticorrupción sean obligatorios cada año, con el fin de fortalecer la integridad, no sólo de jueces, sino de todo el personal.

También la sensibilidad ciudadana es una fortaleza que no debe desdeñarse. Por ello Chávez Galindo propone consultas a quienes acudan a solicitar servicios judiciales, ya sea llenando encuestas y papeletas o en páginas de internet, y denuncias anónimas con un verdadero proceso de seguimiento, pues en algunos tribunales no son tomadas en cuenta.

Otro punto es la descripción de perfiles y evaluación de puestos, así como requisitos y lineamientos de selección de cargos de carrera judicial.

“Lo ideal es que el propio Poder Judicial tenga sus grados de formación, es decir, tomar en cuenta la especialidad y la carrera en la institución, así como maestrías y doctorados y otros elementos que sean tomados en cuenta para un ascenso . Solo así habrá una carrera judicial legitimada”.

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