En la pugna por la administración de los recursos de información en un mundo digitalizado, aspectos legales, geopolíticos, pero sobre todo éticos, han dado lugar a un concepto que va cobrando fuerza desde finales de los ochenta: la ética hacker.
“Normalmente se cataloga a un hacker como un delincuente y nosotros estamos en contra de eso”, afirma Héctor López, fundador de la Organización Mexicana de Hackers Éticos (OMHE). “Muchos se dedican a la criminalidad, la extorsión, la clonación de cuentas. Son los llamados hacker de sombrero negro. Pero nuestra labor consiste en no utilizar nuestras habilidades para dañar a otras personas, sino ser hacker de sombrero blanco”.
La perspectiva de que el intercambio de información es un bien positivo y poderoso, así como la obligación moral de hacer de la información un bien público, para algunos hacker, como Miguel Alonso Velasco —quien trabaja de manera independiente desde Madrid, España— representa el sueño de “convertir la información y el conocimiento en una herramienta de libre acceso para la humanidad. Wikipedia podría ser una encarnación primaria de ello. No obstante, saberlo todo es una responsabilidad, y la humanidad debe aprender primero a no autodestruirse en el intento”.
A este respecto, la ventaja que ofrece el conocimiento profundo del funcionamiento interno de un sistema de información, ha generado problemas económicos, a los que autoridades y hacker éticos deben enfrentarse: el mercado underground, en el que venden información de carácter financiero.
Existen redes anónimas en las que los hacker “platican de lo que hacen y salen a ‘pescar’, por ejemplo, tarjetas, las que venden entre 10 y 15 dólares. Muchas veces estas redes ni siquiera operan con personal mexicano, sino que suelen emplear a personas de China o Rusia, que intercambian información sin necesidad de estar cerca geográficamente”, explica Héctor López.
Su función social
Para Ángelo, programador independiente —de quien por cuestiones laborales omitiremos su nombre completo—, la ética hacker puede y debe trascender el mundo de la informática y llegar a acciones cotidianas, como “cuando peleamos para cambiar las cosas que no nos gustan, como la información falsa e impuesta, la utilización de tecnologías no accesibles y costosas, el deber recibir informaciones sin ninguna interactividad y el no aceptar como espectadores la introducción de tecnologías represivas y censuradoras”.
El activismo político y la acción social desde las redes ha sido una de las constantes de la ética hacker en los últimos años: “Cuando se intentó poner un impuesto adicional al internet, comenzaron el movimiento Internet necesario; cuando en Veracruz hubo un intento por parte de las autoridades de censurar Twitter, los hackers respondieron tirando el sitio web que promovía la propuesta”, señala Héctor López. Medidas que han causado controversia en la opinión pública, por la escisión que este tipo de conductas causan entre la noción de lo legal y lo ético.
La comunidad hacker tiene cada vez más presente la preocupación por redefinir su relación con el trabajo de los legisladores, para que las acciones del hacking en favor de la apertura de la información dejen de implicar actos realizados al margen de la ley. “Estamos sinceramente preocupados por la velocidad con la cual la tecnología se liga al control social, a las empresas bélicas: nuestro acercamiento a la tecnología es diametralmente opuesto”, apunta Ángelo.
Información pública o privada en México
No obstante, las opciones legales en México sobre el manejo de la información parecen estar dirigidas en un sentido diferente: “Se ha puesto énfasis en la Ley de Protección de Datos Personales y en la penalización de delitos en la red, mediante la generación de las Unidades de delitos cibernéticos de la PGR, especialmente en lo que toca al crimen organizado”, asegura la licenciada Rocío Morgan Franco, profesora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS), de la Universidad de Guadalajara.
La defensa de la privacidad, más que la educación en el ejercicio responsable del derecho a la información, parece primar en las leyes mexicanas, una cuestión que Morgan Franco plantea en términos de acceso a la información como derecho inherente al ser humano, aunque agrega: “No podemos transgredir los derechos de terceros; la información personal es una información que debe ser resguardada a toda costa por las autoridades».
