Graciela Escobedo murió antes de que le hicieran justicia, al igual que muchos otros afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Es la décima persona que fallece por las secuelas de las lesiones contraídas en aquel trágico evento de hace 21 años, y ahora quedan todavía 86 personas que forman parte de la Asociación 22 de Abril y del fideicomiso instituido por el gobierno del estado, que año con año siguen presentando a los gobernantes en turno sus requerimientos, mil veces prometidos, pero a la fecha irresueltos.
Se trata de 10 puntos, dice la presidenta de la asociación, Lilia Ruiz Chávez, entre los cuales están: ingresar a 14 compañeros con lesiones al fideicomiso, mejorar la atención médica y otorgar vivienda para 12 compañeros, que a 20 años todavía carecen de ella. “Es la situación de José Antonio Vargas, por mencionar un caso. Quedó parapléjico y no tiene casa. Anda rentando donde puede y como puede. Incluso sus dos padres quedaron lesionados, su mamá ya falleció y su papá está en la misma condición que él”.
Otra petición, y en este punto Lilia ríe con resignación, es la reapertura y el total esclarecimiento del caso: “Imagínese: ¡en 20 años no se ha podido, o no se ha querido más bien!”
Por enésima vez entregarán el pliego petitorio al Congreso del Estado y también al secretario de gobierno, en este caso Arturo Zamora, que por “casualidades” del destino había suscrito cuando fue candidato a gobernador del estado, comprometiéndose a resolver el asunto en caso de que fuera electo: “Y esto sí se lo vamos a recordar”, dice Lilia.
En cambio, esperan poder hablar con el gobernador Aristóteles Sandoval en el aniversario de las explosiones: “Ya nos recibió cuando era presidente municipal, y se comprometió a hacer cosas, pero el único resultado de esa reunión fue que nos mandó una carta diciéndonos que había un fideicomiso, cuando ya lo sabíamos, pues fuimos nosotros los que estuvimos años peleando porque se creara”.
De hecho, el fideicomiso es una cuestión sobre la que los lesionados quieren que haya transparencia de parte de la nueva administración, ya que hasta ahora ha sido manejado con total opacidad por la Secretaría de Desarrollo Humano. “Son recursos que nosotros luchamos para conseguir, y que sacamos mediante presión constante, principalmente sobre Pemex, que entregó 40 millones de pesos —no como resarcimiento, si bien todos sabemos que fue el responsable, sino como “donativo”— y sobre el gobierno municipal de Guadalajara en la administración de Emilio González, que nos dio otros 10 millones”, explica Ruiz Chávez.
La obtención del apoyo —que contempla una pensión mensual, atención médica, un seguro de vida y un convenio de gastos funerarios— fue un viacrucis de 15 años, hasta que instituyeron el fideicomiso en el 2000: “Desde que comenzamos a gestionar recursos, nos convertimos en una pelota de ping pong: nos trajeron de Herodes a Pilatos, entre gobierno estatal y Sedesol, y luego de gobierno a Pemex, porque nadie se hacía cargo para cumplir. Fue estar protestando, haciendo presión y tomando instalaciones de las dependencias. Y en esto resultó fundamental el apoyo de los medios de comunicación”.
Al inicio los apoyos fluyeron a cuentagotas, con un sólo salario mínimo por familia y para poca gente. Agrega: “Fue ‘o lo tomas o lo dejas’, y la necesidad era muy grande en esos momentos, porque habíamos perdido todo en curaciones y medicinas”. En los años antes de 2000 en que estuvieron completamente desamparados, dice la presidenta de la asociación, la instancia que más les ayudó “fue la Universidad de Guadalajara. Nos dieron becas para que nuestros hijos estudiaran y atención médica en el Hospital Civil”.
A 21 años de distancia, todavía no hay transparencia en el manejo del fideicomiso: “Lo sospechoso es que hay un comité técnico que lo administra, conformado por cinco representantes del estado y cuatro ‘representantes’ de los lesionados, que el mismo gobierno los designó ‘a modo’, para poderlos manejar a su antojo. No son nuestros representantes, porque no los elegimos, y nunca nos rinden cuentas. ¿Por qué tanta opacidad?”
“Por esto ahora estamos pidiendo al gobierno una auditoría, para ver en qué estado está el fideicomiso, cómo lo manejó el gobierno anterior y cómo pretende administrarlo el nuevo”.
Concluye con un suspiro de angustia: “Siempre ha sido ir del tingo al tango para resolver todos nuestros problemas. Ya queremos descansar. Necesitamos descansar, y no nos lo permiten. O más bien: quieren que ‘descansemos en paz’. Creo que es la única solución que le encuentra el gobierno del estado”.
