El traje sastre

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La principal forma de discriminación que sufren las mujeres es la de índole laboral, ya que ganan en promedio cinco por ciento menos que los hombres aunque realicen el mismo trabajo, según el Índice de Discriminación Salarial 2012. 

Aunque el 40 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por una jefa de familia y a pesar de la existencia de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el trato no igualitario continua siendo una realidad en México y los ejemplos sobran: no contratación o despido por embarazo, hostigamiento sexual, violencia, pocas oportunidades para acceder a un puesto directivo, entre otros.

Para Mariana Fernández Ramírez, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) es necesario trabajar con las empresas para no discriminar y concientizar a la sociedad para que valga más la capacidad que la apariencia.

“La discriminación laboral es una realidad para hombres y mujeres, pero en nuestro caso, comprobar que no estás embarazada para obtener un trabajo atenta contra los derechos humanos. Además, en los requisitos de contratación, el rango de edad cada vez es menos amplio, solicitan mujeres de 18 a 30 años en algunos casos, por lo que el tiempo de edad reproductiva se recorta sustancialmente. El estado civil del hombre no importa y en el caso de la mujer se solicita que sean solteras y además piden buena presentación, que traducen en belleza y no en el uso de un traje sastre”.

Con el fin de concientizar a las empresas sobre este tema, 50 compañías de la iniciativa privada y del ámbito público han sido asesoradas en el tema de discriminación por parte del IJM.

“Más empresas se están sumando a este modelo de equidad de género y no sólo se trata de incluir a las mujeres en puestos operativos, sino que tengan la oportunidad de acceder a puestos directivos”, especifica Ramírez Fernández.

La violencia física o psicológica y el abuso sexual es otro tema que se desprende de la discriminación hacia el sexo femenino. En el Ministerio Público que se encuentra en el IJM se reciben entre cinco y seis denuncias al mes. “A las empresas no las podemos castigar, no tenemos atribuciones. Sin embargo, con las denuncias de servidores públicos sí podemos intervenir”, asegura Mariana encogiéndose de hombros.

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