El pasado 9 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)), determinó que el impuesto empresarial a tasa única (IETU) es constitucional, con el argumento de que no viola el principio de legalidad tributaria y que tampoco vulnera la proporcionalidad y la equidad.
Rechazaron que la aplicación del IETU pueda ser retroactiva y definieron que no habrá deducción para aquellas empresas que pertenecen a un mismo grupo.
Porque el IETU es un tributo diferente a otros impuestos (el IVA o el ISR) y que cumple con un objetivo diferente, la SCJN decidió quitarle efectividad a los más de 30 mil amparos interpuestos por algunas empresas que se negaban a pagar dicho impuesto.
Están obligadas a pagar el IETU las personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
Para el profesor investigador del Departamento de Economía, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Ignacio Román Morales, el problema va más allá de si es constitucional o no el impuesto, porque el principal problema al que deben enfrentarse las empresas en México es a una estructura fiscal “terriblemente compleja”, de la que sólo pueden librarse las grandes corporaciones, ya que cuentan con los recursos contables para eludir impuestos.
“Me parece que genera una lógica de impuestos tan complicada entre impuestos directos e impuestos indirectos, impuestos generalizados, impuestos particularizados, que entonces está el riesgo de que el contribuyente caiga en una situación contablemente ilegal”.
En esta línea, el doctor Ignacio Román dijo que la solución no es otra más que una reforma fiscal debatida a escala nacional y no solo de forma contable o entre diputados, para decidir quién debe pagar y a dónde se va el dinero. “Fundamentalmente la cuestión es que México sigue siendo un país que combina una serie de cosas raras a nivel fiscal. Por un lado tiene una alta carga fiscal para contribuyentes cautivos y por otro lado, una paupérrima captación fiscal con respecto del producto interno bruto”.
Aseguró que de no buscar una estructura fiscal clara, agregarle poco a poco remiendos a la que existe, el hecho complicará aún más la situación.
No necesariamente es por mala intención gubernamental, sino que los funcionarios desean cubrir a nivel nacional lo que la población exige y de forma desesperada buscan mayores recursos para hacerlo. Sobre todo cuando se están cayendo los ingresos provenientes del petróleo.
