La comparecencia del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de la mina Pasta de Conchos, a partir del 25 de noviembre es un logro para las organizaciones civiles que han llevado este caso hasta instancias internacionales, aunque el Ejecutivo federal sólo acuda para limpiar su imagen ante el mundo.
El especialista en derechos humanos, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Víctor Ramos, aseguró en entrevista que si bien el Estado mexicano aceptó comparecer ante este organismo, no habría que tener muchas expectativas de que haya resultados efectivos en territorio nacional.
En febrero de este año, 235 familiares de los 63 trabajadores que perdieron la vida en la mina de carbón presentaron una petición ante la CIDH para exigir el esclarecimiento de las condiciones en las que laboraban, así como la reparación del daño, una explicación por parte del gobierno federal sobre las continuas negativas para rescatar los cuerpos y sanciones a la empresa Industrial Minera México.
La CIDH aceptó el caso y emplazó al gobierno de México a explicar también ante la Organización Internacional del Trabajo, la violación a los derechos humanos de los trabajadores de la mina y sus familias, además de presentar pruebas a su favor en un plazo de dos meses. Dicha comparecencia será realizada del 25 de noviembre al 10 de diciembre próximo.
En opinión de Ramos, la administración del presidente Felipe Calderón, mediante el Secretario del Trabajo, Javier Lozano acudirá a estos organismos sólo a presentar pruebas en su descargo, pues es una oportunidad de salir bien librados ante la comunidad internacional de las acusaciones de negligencia y violación a los derechos humanos a los mineros, cuyos cuerpos permanecen en los socavones de la mina 8 desde hace cuatro años.
“Por un lado es positivo que vayan a comparecer, pero ya no es tanto con el ánimo conciliatorio, sino con el ánimo de ganar la opinión pública mundial de tal manera que probablemente el Estado mexicano está haciendos cuentas y cree que puede salir bien librado de ésta, pero si tuvieran la disposicion ya lo hubieran hecho”.
La prueba está, dijo, en que tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como el Ejecutivo Federal y la Minera México tuvieron varias oportunidades de rescatar a los 65 mineros y después de ceder a las demandas de justicia de las familias, sin embargo, no lo hicieron, por lo que ahora no habría muchas expectativas para ello.
“Si la opinión pública y lo que diga la CIDH presiona al Estado mexicano y hacen sus cálculos políticos de que les conviene más apoyar la causa de las victimas lo van a hacer, pero yo no cantaría victoria porque ya podría haber resarcido el daño. No hay que perder la esperanza, pero habría pocas posibilidades de que efectivamente el gobierno mexicano cambie de actitud”.
Parte de esta presión internacional viene no solo de la mala actuación del Ejecutivo federal ante la situación en Pasta de Conchos desde 2006, sino también por el exitoso rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile.
“Esto se marca después de la experiencias del rescate de lo mineros en Chile, que ha sensibilizado a la opinión pública mundial. Creo que de ahí vendrá el forcejeo. Hay un entorno que presiona al Estado mexicano para estar ahí compareciendo”.
De acuerdo con organismos como el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) quienes han apoyado a los familiares, el Estado mexicano violó el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y a la integridad personal de los mineros fallecidos y familiares.
El académico de la Universidad de Guadalajara explicó que este caso podría pasar por dos instancias, según actúe el gobierno de México. La primera es la CIDH, a la que presentará pruebas y que según, lo que deliberen puede establecer recomendaciones al país, que las instituciones nacionales pueden o no aceptar.
“De cualquier manera el que la CIDH emita un fallo favorable a la causa civil es muy importante, pero si la comisión observa que el Estado no acepta o dilata las recomendaciones entonces está facultada para enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo juzgado está en San José, Costa Rica”.
México ha firmado tratados internacionales en los que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, esto quiere decir que del fallo que eventualmente pudiese dar esta instancia es obligatoria para el país. “Es un proceso que se sigue y vamos a ver qué tanto México atiende las recomendaciones de la CIDH y si no, los afectados podrían acudir a esta corte, y ahí sí, el Estado no tendría otra más que aceptar y ejecutar el fallo”.
Ramos destacó la labor de las organizaciones civiles cuya capacidad para llevar a juzagados internacionales sus causas es cada vez mayor y supera incluso el poder y la incidencia que podría tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, seguramente, “no saldrá tampoco bien librada de este proceso”.
