El problema de las desapariciones forzadas sigue sin ser atendido debidamente por las distintas autoridades que están obligadas a velar por la seguridad de los ciudadanos y su bienestar. Si bien es cierto que hasta el día de hoy no sabemos con certeza el número exacto de personas desaparecidas en México, las cifras que se publican periódicamente por distintos organismos toman cada vez dimensiones más alarmantes: se habla de más de 20 mil desaparecidos en todo el país y el mayor número corresponde al estado de Tamaulipas.
Por desgracia, las desapariciones son ya tan habituales que se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana y ponemos poca atención a las noticias que hablan de ello, hasta que alguien cercano es víctima de este cruel delito y lo sufrimos en carne propia. Ninguna de las regiones del país se salva de esta situación, lo que refleja el estado fallido en el que nos encontramos, la compleja situación en materia de seguridad pública y los grandes desafíos en investigación e implementación de medidas para prevenir y sancionar los delitos.
Lamentablemente la búsqueda de una persona desaparecida involucra a familiares y amigos en un tortuoso camino en el que la burocracia y la corrupción son los elementos sobresalientes en el sistema de justicia mexicano, mismo que se encuentra plagado de deficiencias y carente de alternativas y soluciones. La consecuencia es la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones gubernamentales encargadas de estos casos y que los lleva a expresarse públicamente mediante marchas o campañas de difusión en redes sociales, en un justo reclamo por la ausencia de acciones contundentes que resuelvan las denuncias mediante la localización de las personas desaparecidas y el castigo de los culpables de su desaparición.
Las desapariciones forzadas aumentan día con día y las denuncias han rebasado ya la infraestructura de la Fiscalía encargada de la búsqueda de personas en la Procuraduría General de la República (PGR). La desesperación por encontrar a los desaparecidos ha impulsado a sus familiares a formar colectivos en todo el país, porque consideran que la única opción para encontrarlos es buscarlos ellos mismos, ya que carecen del apoyo de las instancias gubernamentales.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las desapariciones de mujeres y niñas son las más frecuentes, tan solo de 2012 a 2014 el número de niñas y mujeres adolescentes de 0 a 17 años en esa circunstancia se incrementó 191.8 por ciento y sólo hasta hace unos meses, en febrero de este año, se declaró la alerta de violencia de género en Jalisco, entre cuyas medidas destaca el Protocolo Alba para localizar mujeres y niñas que han sufrido una desaparición forzada.
Hasta ahora, organismos internacionales entre los que se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, han realizado recomendaciones al gobierno mexicano en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia, desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Sin embargo, consideran que las respuestas institucionales ante estos problemas siguen siendo insuficientes.
Se publicó ya el Manual de acciones frente a la desaparición y la desaparición forzada en México, que proporciona recomendaciones con el objetivo de que las familias sepan qué hacer si se encuentran ante una situación como ésta, así como lo que podrían llevar a cabo para vincularse con medios de comunicación u organizaciones a las que pueden solicitar apoyo, medidas de protección para familiares, seres queridos y sujetos procesales involucrados (testigos o peritos, por ejemplo), y los pasos a seguir, con números telefónicos para poner una denuncia o queja ante organismos públicos de derechos humanos.
Cuidemos y protejamos a nuestros niños y jóvenes mediante la información y la educación para evitar riesgos potenciales, vigilemos su participación en las redes sociales, conozcamos a sus amigos y, simultáneamente, exijamos a las autoridades competentes que no sean omisas en el cumplimiento de sus obligaciones y que tomen medidas inmediatas para que cese este horrible flagelo que azota a nuestra sociedad.
