Nadie puede calcular con exactitud cuántas son las víctimas inocentes de la lucha contra la delincuencia organizada, pero el término de “daño colateral” se debate entre múltiples definiciones en las que ni el Estado ni otras instancias se hacen responsables de los sacrificados. Sólo queda a la sociedad civil reaccionar para exigir su derecho a la protección integral en tanto que el gobierno calderonista no encuentre una estrategia adecuada para enfrentar su meta sexenal.
La muerte de las niñas en la colonia del Fresno, Evelyn Josafat y Betsa Saraí García Hernández, de 13 y 8 años de edad, que perdieron la vida en la balacera de dicha colonia, el pasado 11 de enero, despertó a la ciudadanía, que mostró su rabia en las redes sociales y que podría manifestarse próximamente en las calles.
Sin ética ni puntería
“Hasta hace algunos años teníamos el conocimiento de que los integrantes de la delincuencia organizada sólo se castigaban entre ellos y con mucho tino. A la sociedad civil no la tocaban, sin embargo, actualmente debemos adoptar otra postura porque nos encontramos en riesgo por estas pugnas”, asegura David Coronado, jefe del Departamento de Sociología, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Para el especialista en temas de violencia los números son cada vez más alarmantes y definitivos. Son indicadores de que todos nos encontramos en un tobogán de riesgo e incertidumbre “antes usábamos estos términos para asociarlos a fenómenos económicos, financieros o sociológicos, hoy, simplemente estamos hablando de balas”.
La estrategia elegida por el Estado ha sido completamente equivocada. Habrá que elegir otra más adecuada, que permita definir a los protagonistas de esta lucha e incluir algunos elementos a debate como la permisividad del uso de algunas drogas para descartar algunas de las características de los agresores, dice.
David Coronado aprecia un posible beneficio tras el silencio de varios actores sociales que callaron su ostensible irritación cuando las víctimas son funcionarios o familiares destacados por su nivel socieconómico a diferencia de las sencillas víctimas de la colonia del Fresno. “Debemos poder concretar  un movimiento de no violencia que surja desde la sociedad civil como manifestación ciudadana”.
Sin salida legal
Estos daños colaterales no son más que una consecuencia directa e inmediata de la falta de capacidad de las autoridades de poder articular políticas públicas coherentes para evitar los daños a la población civil, señala el doctor Francisco Javier Flores, académico de la División de Estudios Jurídicos, del CUCSH.
“¿Dónde está el trabajo de la clase política del país para ponerse de acuerdo mas allá de los colores y de los partidos, pues se trata de una coyuntura de estado cien por ciento?”, se pregunta el investigador; “es un problema que debe visualizarse desde una perspectiva nacional y uniforme para eliminar disputas políticas”, sugiere.
Comenta que la falta de coordinación entre los poderes y los niveles de gobierno están dejando a la población civil en manos de criminales que se pasean en las carreteras nacionales y en las calles de las ciudades y poblaciones de todo el país.
 Flores advierte que el narcotráfico es sólo uno de los ramos de los delitos que no se están combatiendo como: el tráfico de seres humanos, de migrantes , la explotación sexual, tráfico de armas, mercancía robada, corrupción, soborno, fraude, falsificación de dinero, de documentos, piratería, homicidios, lesiones corporales y secuestro, entre otros.
Por otra parte, destaca que no hay un mecanismo legal para incriminar a los municipios, a los gobiernos de los estados o al federal por una causa directa y exigir la reparación del daño en caso de las víctimas llamadas colaterales.
“Se escudan en que no fue culpa de ellos, los deudos no tienen ninguna instancia legal, a nadie se le puede atribuir la culpabilidad excepto abrir la denuncia para dar con los responsables, pero como nota característica de las ejecuciones es que nunca se resuelven. Las víctimas adyacentes que esta generando la lucha contra el crimen organizado no tienen recurso legal contra el Estado”.
