Los mayores rezagos en materia de derechos humanos en México y en Jalisco tienen que ver con temas de seguridad. Y la herida más dolorosa: la de las desapariciones. Por ello el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, considera que es urgente crear un Programa Emergente de Búsqueda de Personas en el Estado y un Informe Especial con datos de al menos dos décadas que permita contar con insumos que se utilicen de manera científica en acciones de prevención y no repetición de estos hechos.
En entrevista, Hernández Barrón anticipa que una de las primeras acciones a las que se abocará, es a la elaboración de un diagnóstico de la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco. De entrada, los focos rojos son la violencia de género —Jalisco es el tercer lugar en este rubro— y las constantes agresiones a pueblos originarios.
También contempla un modelo de construcción colectiva en el que las distintas expresiones de la sociedad civil aporten para consolidar a la defensoría del pueblo que necesita la entidad. “Los tiempos de administraciones caudillistas, los modelos de un solo hombre, se terminaron”, dijo.
En estas labores, la Universidad de Guadalajara —de la cual es académico— será clave. Para aprovechar el cúmulo de talento de la comunidad y el conocimiento que se genera a través de las investigaciones de los académicos, adelanta que firmarán convenios con la Casa de Estudio.
La seguridad: lo que más duele
El diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, se elaborará con el acompañamiento de académicos, activistas, consejeros ciudadanos de la CEDHJ y personajes destacados en temas de derechos humanos.
La idea es que esté listo cuando ya ejerza sus funciones el próximo Gobernador de Jalisco, para que pueda construir un Plan Estatal de Derechos Humanos.
Además llevarán una agenda de asuntos de coyuntura para generar percepción de firmeza en la defensa de los derechos humanos y no perder la prospectiva para llegar a las causas de los fenómenos. Y el más urgente y en el que se levantará la voz cuántas veces sea necesario es el tema de las desapariciones forzadas.
“Tenemos muy claro que es el mayor dolor que está sufriendo México en estos momentos. En Jalisco acaba de anunciarse la creación de una Fiscalía Especializada, lo cual nosotros celebramos. Era necesaria y urgente, si consideramos que Jalisco se encuentra en los primeros lugares en cifras de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. A pesar de que Jalisco es la primera que tiene una fiscalía de esa naturaleza, no obstante creemos que tenemos que trabajar en muchas otras cosas”.
Especificó que está en toda la disposición de colaborar con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero estarán vigilantes de que los funcionarios que la integran cumplan su trabajo.
Reflexionó que este delito no sólo daña a las víctimas directas y familiares, sino que siembra el terror y la incertidumbre en la sociedad y en esta ola de violencia, los más vulnerables, son los jóvenes y los pueblos originarios, cuyos defensores están siendo asesinados.
Las acciones urgente son “un programa emergente de búsqueda de personas, donde la participación de medios de comunicación y sociedad en general, garantizando el anonimato, se reciban reportes de lugares en donde pueden encontrase restos de personas desaparecidas o no localizadas. Ese programa urge. Porque se requiere garantizarle a las familias el acceso a la verdad”
La otra acción que se requiere es un informe especial que abarque los últimos 30 años, en el que se detallen las fosas clandestinas y número de cuerpos que se han encontrado, para generar información científica que ayude a la prevención y a la reparación en la medida de lo posible, y sobre todo la no repetición de este delito de lesa humanidad.
Cada sector vulnerable tiene una agenda y la construirán de la mano de especialistas. Este modelo de gestión se realizará con un proceso progresivo que permitirá una transición de forma paulatina hacia una comisión más ciudadanizada y cercana a la gente, aplicando también una reingeniería integral y profesional.
“Estas gestiones caudillistas, histriónicas, ya no son acordes a las nuevas necesidades. El principal reto es replantear este modelo institucional. De acuerdo a los indicadores que evalúan a las defensorías públicas en México, esta Comisión ha sido reconocida por los datos cuantitativos que ha generado, pero no obstante estar en el top de varios rubros a nivel nacional, la perspectiva de la sociedad hacia nosotros no es la mejor. Y creo que es por ese modelo de gestión basado sólo en una persona”.
Especificó que el modelo de construcción colectiva y progresiva estará basado en tres pilares: austeridad, máxima transparencia y rendición de cuentas; vinculación con la sociedad y acompañamiento a las víctimas.
Aunque encontró una situación administrativa complicada, ya han resuelto casi en 90 por ciento esa problemática gracias a medidas de austeridad. Por ejemplo Hernández Barrón no está cobrando el salario de más de 151 mil pesos que recibía su antecesor. Lo congeló para que se convierta en ahorro que permita garantizar la operación de la institución. Además se vendieron vehículos de lujo y se retiraron apoyos de telefonía y combustible.
Dijo que el presupuesto que se les otorgue en 2018 será optimizado, y no habrá gastos onerosos ni de ostentación, cuidando cada centavo. Y en cuanto a transparencia, desde el proceso de entrega-recepción, se invitó a 40 asociaciones civiles y 80 ciudadanos para atestiguar.
En rendición de cuentas, ahora publicarán cada mes un informe de actividades, y se enfatizará en el trabajo cotidiano que realizan todos los integrantes de la institución. De entrada, asisten a víctimas en todo el estado y han incrementado la atención y los talleres de capacitación y por ello desean compartir con toda regularidad.
