Hace un mes fue activada la Alerta de Violencia Contra las Mujeres para ocho municipios del Estado de Jalisco (Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca), convirtiéndose en el tercer estado del país en activarla después del Estado de México y Morelos. La alerta se centra en erradicar las causas que producen las agresiones hacia las mujeres, y para aplicarla de manera eficaz se propusieron 15 acciones inmediatas de prevención, protección, acceso a la justicia y seguridad, entre las que destaca el Protocolo Alba para localizar mujeres y niñas desaparecidas, que hasta hace poco sólo lo tenía el Estado de Chihuahua; además se propuso la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, así como la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres; cabe destacar que las políticas tienen un presupuesto de más de 25 millones de pesos para reforzar las acciones preventivas.
Por un lado, la alerta implica que los gobiernos a nivel estatal y municipal no le dieron un adecuado y oportuno seguimiento al problema, porque si revisamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco las autoridades debieron, desde su aprobación, haber ejecutado acciones de prevención y atención de forma cotidiana, pero dejaron que la situación continuara agravándose hasta la emisión de la alerta; sin embargo, debemos reconocer que aunque sea tardíamente, ésta significa un paso importante para reconocer, aceptar y atender los serios problemas de violencia contra las mujeres y niñas, con la ventaja de que ahora se está trabajando con un diagnóstico previo, en el que estuvieron involucrados investigadores, organizaciones civiles y autoridades estatales.
Es importante mencionar que con la sola legislación no se resuelve totalmente el problema, por ello, además de las acciones de prevención que ya se están realizando, es indispensable la participación de mujeres y hombres para que continúe adelante esta política pública y se garantice efectivamente a mujeres y niñas una vida plena, sin violencia en su entorno.
Pero es necesario reconocer también que el lugar donde mayor violencia sufren las mujeres es en el hogar, y sólo con un cambio cultural y mayor educación se podrá tener en el mediano y largo plazo una solución de fondo al maltrato y la agresión. La educación en valores es responsabilidad de la familia, pero también de la escuela, en el seno de estas dos instituciones se forman los niños y las niñas que habrán de establecer nuevas formas de relación y convivencia para una vida mejor. Una mayor calidad de vida para las mujeres abona no sólo a la equidad de género, sino también a su mayor desarrollo en la sociedad, en este sentido, la alerta tiene una implicación positiva para todo el estado y no sólo para aquellos municipios para los que fue emitida.
Por los altos índices de mujeres violentadas en toda la entidad, se hace necesario que en los municipios donde no se ha activado la alerta se implementen de inmediato acciones para que se cumpla la ley y no esperar a que el problema se agrave con el tiempo, como desgraciadamente sucedió en los ocho municipios en los que se está trabajando ahora.
Conocer y difundir las acciones que lleven al cumplimiento de la ley es responsabilidad de todos, hombres y mujeres, no sólo de los gobiernos, por lo que es muy importante que nos informemos sobre cómo se puede recibir ayuda ante un caso de violencia contra las mujeres, a dónde se puede acudir, con quién podemos dirigirnos. Si no estamos atentos y participando, de poco servirá que se haya activado la alerta para detener este problema en todo México.
