Nuestro país está atrasado por lo menos 10 años con relación a países como Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia, respecto a la protección del ambiente, pues apenas en la próxima legislatura será puesta a discusión la Ley de responsabilidad de daño ambiental, señala la investigadora del Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Raquel Gutiérrez Nájera.
Agrega que en la actualidad el país tiene leyes muy “civilistas, es decir, encuadradas en la responsabilidad de los particulares”, que cuidan “probar si sufrió una persona algún daño por consecuencia del ambiente. Lo que el país requiere es una ley que permita a las asociaciones no gubernamentales demandar al Estado la reparación de daños comunes al ambiente en general, incluidos aquellos que pertenecen a las comunidades indígenas. Es decir: que pague el que dañe el ambiente”.
“La nueva legislatura tiene este paquete de reformas ambientales, lo que implicaría crear en el país tribunales especializados en materia ambiental, además de la reforma al Artículo 17 de la Constitución mexicana, lo que ampliaría la posibilidad de que las ONG’s (organizaciones no gubernamentales) puedan acudir a la corte de nuestro país para señalar las agresiones a lugares públicos, como lagos, bosques, playas, ríos, cuencas y sitios donde hay gran biodiversidad”.
Gutiérrez Nájera asegura que nuestro país está bastante retrasado con respecto a la posibilidad de actuar en contra de los que provocan un daño ambiental. “De aprobarse esta ley tendríamos un marco jurídico en dicha materia, lo que nos pondría a la altura de otros países que ya la han oficializado, como es el caso de Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, por mencionar algunos”.
“Pertenezco a la Alianza Mundial de Derecho Ambiental desde 1997 y ya discutíamos este asunto desde entonces. La verdad es que estamos bastante atrasados, por lo menos 10 años. Asisto cada año a estas reuniones internacionales, y nosotros aquí apenas vamos a empezar a discutir este asunto”.
La investigadora universitaria también es presidenta de la región occidente del consejo consultivo para el desarrollo sustentable, de la Semarnat, y menciona que presionarán a los diputados para que desde esta visión “nuestro país pueda contar con una ley que pueda ayudarnos a cuidar Chapala, el Río Lerma y otros tantos sitios que urge sean protegidos y que ahora, sin un marco constitucional, nos es bastante difícil”.
