Las diferentes violencias que prevalecen en el país han propiciado un rompimiento del tejido social, que tiene como resultado la falta de lazos comunitarios, altos niveles de corrupción y una tendencia a la violencia juvenicida, que está amenazando la vida y la perspectiva de futuro de la juventud en México, coincidieron especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La coordinadora del doctorado en Gestión de paz y prevención de violencias, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), María Teresa Prieto Quezada, declaró que Jalisco es la entidad con más casos de desaparición forzada, y 48 por ciento de estos casos corresponden a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.
No sólo se trata de atentados directos a la vida y la libertad, abundó, sino a la inseguridad que sienten 6 de cada 10 jóvenes en Jalisco y las expectativas de vida en un contexto social y económico inciertos, de acuerdo con una encuesta realizada como parte de una investigación.
“Hay juvenicidio no tanto por la muerte directa de la persona, sino también hay juvenicidios simbólicos por la vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes y esa falta de oportunidades de trabajo y estudio; pero también uno directo, el asesinato artero hacia los jóvenes. Cuando vemos que 48 por ciento de las desapariciones son jóvenes de entre 15 y 30 años nos damos cuenta de que hacia ellas y ellos está dirigida la narrativa de la violencia que vivimos en Jalisco; vemos también que ya no es uno por uno como los van secuestrando, sino que es en grupos, y hay que reconocer estas prácticas y estudiarlas”, aseguró.
A esto se unen violencias relacionadas con acceso a la salud, a temas de género y feminicidio, laborales y mediante las redes sociales y la tecnología, que hacen más complejo el panorama de bienestar social.
El académico del citado doctorado, José Claudio Carrillo Navarro, señaló que en el país no hay suficientes alternativas, ni políticas públicas, que nos ayuden a repensar y rehacer el tejido social mediante programas específicos.
“Tenemos que pensar en un modelo educativo que genera la comunidad, la solidaridad, la cooperación, el trabajo compartido, la ética del cuidado; de otra manera y si eso no pasa por los sujetos, es imposible. Esto tiene que pasar por los profesores, por los administradores y por quienes dirigen las políticas educativas públicas de todo el país; es un trabajo arduo, colectivo y que tiene que filtrarse en todas partes”, dijo Carrillo Navarro.
Las políticas económicas, culturales y sociales han destruido al país, sus lazos comunitarios y las relaciones de solidaridad que llevará hasta 30 años en reconstruir; una tarea en la que la universidad tiene un papel fundamental, dijo.
Los especialistas presentaron el programa de estudios del doctorado en Gestión de paz y prevención de las violencias, único en su tipo en el Occidente del país y que pretende formar a profesionales que se dediquen no sólo a la investigación, sino a generar estrategias de diagnóstico, intervención y prevención de la violencia.
El doctorado abrió su proceso de admisión, que cierra en noviembre de 2023 y comenzará clases en enero, para el calendario 2024-A. Las personas interesadas pueden solicitar informes en la página del CUCEA, www.dgppv.cucea.udg.mx, en el correo dgppv@cucea.udg.mx y en el teléfono 33-3770-3300, extensión 25984, con horario de atención de 10:00 a 14:00 horas.
