La guerra perdida

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Las acciones implantadas por el gobierno federal para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada carecen de una estructura y metas específicas y parecen más enfocadas en el impacto mediático que en ganar la guerra contra el narco.
La estrategia nacional de seguridad y combate a la delincuencia emprendida en los primeros días de la administración del presidente Felipe Calderón, ha privilegiado la acción de los efectivos militares en casi todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que evidencia el mal funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia.
“Esto nos habla de que el sistema de impartición de justicia en el país no está funcionando desde hace muchos años, que los ministerios públicos presentan muchos problemas y que la corrupción genera una impunidad brutal, de manera que el tráfico ilícito de dinero o armas puedan penetrar estos sistemas”, señala Abelardo Rodríguez, académico de la UNAM y autor de singulares libros sobre seguridad nacional.
Aunque el problema de narcotráfico data de varias décadas atrás, el investigador señala que es evidente que la administración de Vicente Fox no logró la reforma necesaria en todos los aparatos de seguridad nacional. No logró modernizar ni al CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], ni a la PGR en términos de la concepción de una gran doctrina de seguridad en el país.
Por ello, dice, es que el presidente actual recibe un sistema fragmentado, descoordinado y erosionado. “Esto se magnifica con el problema de legitimidad de su gobierno luego de la elección del 2006, y con los problemas de implementación de los operativos conjuntos, ya que no existía un diagnóstico ni investigación previa a su puesta en marcha”.
Rodríguez Sumano coincide con el jurista Naucatzin Bravo Aguilar, en que si bien es cierto que una de las responsabilidades de las fuerzas armadas es garantizar la seguridad nacional y de la población, el problema es que éstas se metieron de lleno en labores de seguridad pública, propias de la estructura policial en los tres niveles.
Cada día crece la presencia de militares en el combate al narco y el gobierno deja de lado a los efectivos civiles (policía investigadora, ministerios públicos, jueces federales), que es a los que les corresponde de origen combatir cualquier ilícito, explica Bravo Aguilar, académico de la División de Estudios Jurídicos, de la UdeG.
“El combate a la delincuencia organizada debe involucrar la capacitación de los civiles, fortalecer una estructura jurídica que responda a la delincuencia organizada y considerar, en el caso del narco, una sustitución progresiva del ejército por las fuerzas civiles y no al revés, como está sucediendo. Se deja toda la carga al ejército y le dejan una batalla que a largo plazo pareciera ser evidente que va a perder. El día que pase eso ¿quién más va a enfrentar al narcotráfico?
El profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades enfatiza que, no obstante, tanto el presidente Calderón como el titular de Seguridad Pública Genaro García Luna, afirman que la guerra contra la delincuencia “se va a ganar con información, con estrategia y con inteligencia policial”, lo cierto es que no hay resultados concretos y sí una manipulación de la opinión pública.
“Cada día es más obvio que los grandes cárteles de la droga rebasan las capacidades de las instituciones y que el Estado improvisa cada día más para intentar contenerlo. El gobierno anuncia, por ejemplo, que envió tres mil efectivos del ejército a Chihuahua para hacer fuerte a las autoridades de ese estado. Como impacto mediático es muy bueno, pero las cifras reflejan que es ahí donde se ha fortalecido la presencia del narco y donde se han incrementado las ejecuciones. En general es alarmante el grado de desafío de las organizaciones criminales hacia el Estado mexicano”.
De acuerdo con datos extraoficiales, unos 450 militares, policías ministeriales y mandos de gobierno han sido asesinados en la guerra contra el narco. Chihuahua es uno de los estados donde mayor número de asesinatos son registrados por las autoridades: la cifra llegó a 500 el pasado 16 de junio.
El análisis apunta a que la lógica de estos operativos está en función de buscar legitimidad, pues la inseguridad pública era una de las principales demandas de la población recogidas durante la campaña presidencial de Calderón, afirma Rodríguez Sumano. “Este afán de legitimar el gobierno se cruzan con las deficiencias estructurales e históricas de combate a la delincuencia, y creo que están derivando en problemas muy serios como el aumento de ejecuciones y la violación a los derechos humanos. Esto es consecuencia del diseño al vapor de las estrategias que enfatizan la criminalización y la sanción, antes que la prevención”.
Es fundamental que el Estado deje de actuar de manera mediática y propagandística dando a conocer resultados que no se reflejen en el sentir de la seguridad cotidiana y que articule políticas con metas muy definidas, enfatiza Bravo Aguilar. “Como ciudadanos nos gustaría saber cuál es la meta de su administración en esta estrategia a dos años. Calderón comenzó su mandato con una campaña contra el narco, advirtiendo que no sería fácil, nos predispone a un escenario muy complicado que irá mas allá de su sexenio porque es una manera de deslindarse de responsabilidades”.

Buena inversión
Para Estados Unidos el apoyo a México mediante el “Plan Mérida” es un negocio redondo, pues además de que su población es la principal consumidora de drogas en el mundo, el gobierno genera compromisos económicos con su homólogo mexicano.
Naucatzin Bravo Aguilar, quien fuera consejero adjunto de asuntos jurídicos para la Consejería presidencial de seguridad nacional en el gobierno de Fox, estima que la ayuda económica del gobierno estadounidense (que en su primer entrega el senado de ese país la redujo de 500 a 350 millones de dólares) es una inversión que le traerá dividendos políticos y económicos a esa nación.
“Ellos nos prestan dinero para combatir un fenómeno que de alguna manera están provocando y para que nosotros paguemos por servicios que ellos mismos nos van a brindar. Es un gran negocio, pero nosotros no sabemos qué están haciendo del otro lado para contener el fenómeno y tener mayor certidumbre con relación al consumo y control de la frontera, del trasiego y crecimiento de las bandas, así como de todos los fenómenos que se derivan: trata de personas, mercado ilegal de armas, lavado de dinero y financiamiento de guerrillas”.
Bravo Aguilar menciona que pareciera que la discusión por el combate al narco no es entre dos países soberanos, pues las condiciones del préstamo son sujetas a una perspectiva unilateral del problema y eso hace que México siga siendo percibido como el vecino incómodo.
“Nos dicen que no tenemos la capacidad para combatirlos, que nuestras instituciones no son lo suficiente fuertes, que los policías son corruptos, que nuestros jueces no administran la justicia como debe ser, que los gobiernos de los estados no son confiables, pero ¿cuándo nos dan un informe de lo que ellos hacen?”
En opinión del especialista en seguridad nacional, Estados Unidos debe mostrar una corresponsabilidad en el combate al narco, “en la que no sólo imponga pautas que México tenga que cumplir, sino que nos haga saber qué están haciendo para detener esos factores que amenazan de manera grave nuestra seguridad nacional.
“Por otra parte, México debe revisar cuáles son los elementos que se establecen como condiciones para obtener un apoyo que genera compromisos económicos y políticos fuertes y que relativiza más la seguridad nacional y la soberanía”.

Sin garantías individuales

La militarización de buena parte del país, como pretexto para la guerra contra la delincuencia organizada, ha propiciado una supresión de garantías individuales y un estado de excepción de facto, en el que las violaciones a los derechos humanos ocurren todos los días.
El Artículo 29 Constitucional prevé que el Presidente puede declarar la supresión de garantías individuales, bajo acuerdo con los titulares de las secretarias de estado y la Procuraduría General de la República, así como en casos de invasión y perturbación grave de la paz pública. Pero esta supresión debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y debe tener vigencia por un periodo limitado.
En opinión de Bravo Aguilar, el combate al narco se está dando bajo la lógica de la guerra. Meter al ejército en virtud de que en el discurso político se está librando una guerra no es justificante para que suspendan las garantías de manera no declarada.
“El narco puede ser considerado de gravedad para algunas regiones del país en las que históricamente se sabe que existe un gran riesgo para la población, y el Estado como el triángulo de oro formado por Durango, Chihuahua y Sinaloa. Sin embargo, no son recomendables los estados de excepción, no es una situación deseable para combatir el problema”.
Gerardo Moya García, miembro del Centro de justicia para la Paz y el Desarrollo, señala que en su afán por garantizar la seguridad a la población, el ejecutivo federal está violando sus otros derechos fundamentales. “La táctica del gobierno es: está tan grave la situación de la violación de la seguridad, entonces podemos pasar por encima de los otros derechos y esto tiene una historia detrás, en el que el Estado en su conjunto es responsable de no tener políticas efectivas que van desde la prevención hasta la persecución de los delitos. Por ello no es válido decir que la situación es tan difícil que tenemos que meter al ejército, aun cuando no estén preparados para ello”.
Moya, cuya organización forma parte de la Red nacional de organismos civiles todos los derechos para todos, menciona que es obligación del Estado garantizar el derecho a la seguridad, entonces se tienen que buscar estrategias de mano firme, apegadas a la realidad en contra de este fenómeno pero cumpliendo con la ley.

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