Fotografías: Edgar Campechano Espinoza | Abraham Aréchiga

El gremio periodístico en México está inmerso en condiciones de trabajo deficientes, enfrenta inseguridad física y laboral, además de sufrir problemas de salud física y mental debido a las coberturas que realiza y al clima de inseguridad que prevalece en la mayoría de las entidades del país, coincidieron especialistas reunidos en el XIX Encuentro Internacional de Periodistas (EIP) en el marco de la FIL Guadalajara 2023.

En la charla “Precariedad laboral, salud mental y acompañamiento psicosocial para periodistas”, Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio de Libertad de  Expresión y Coorganizadora del encuentro, declaró que de acuerdo con resultados de su investigación las y los trabajadores locales y de medios de plataformas digitales son los que tienen condiciones menos favorables y quienes viven más precariedad y desigualdades, aunado a la violencia por parte del crimen organizado a quienes viven en zonas de riesgo.

Añadió que las y los periodistas tienen problemas de salud mental como crisis nerviosas, de paranoia o estrés crónico que les provocan adicciones o problemas familiares, principalmente a las mujeres cuyas familias no entienden lo que hacen. Ante ello, pocas organizaciones están ayudando, asesorando o cuidando a este gremio y son sus mismos pares quienes se encargan de generar estrategias para ello.

Alí Pacheco, periodista miembro de la Asamblea Tenemos que Hablar, formada en 2018 e hijo del periodista Francisco Pacheco, asesinado en Guerrero, dijo que las principales agresiones que enfrentan las y los periodistas están en sus lugares de trabajo, puesto que en muchas ocasiones las empresas no cumplen con la legislación laboral y tienen condiciones y salarios precarios.

Esto les obliga a buscar trabajos extras, además de propiciar problemas de salud física y mental, por lo que es necesario que este gremio se agrupe en organizaciones democráticas y libres para exigir de manera colectiva sus derechos laborales y tratar de mejorar las condiciones en las que informan a la sociedad.

La académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dulce Cepeda, mostró los datos de un estudio realizado en ese estado en el que comprobó que las mujeres periodistas ganan 63 por ciento del salario que ganan sus compañeros varones, además de que no suelen ocupar cargos donde se toman decisiones ejecutivas.

Los problemas de diabetes, diversas enfermedades crónicas y crisis nerviosas son comunes entre las y los periodistas que se transmiten a sus hijas como consecuencia de las amenazas, amedrentamientos y secuestros de las que son objeto; tan sólo en 2023 hubo 17 amenazas a su trabajo por parte del crimen organizado, que son comunicadas de manera directa o mediante las empresas.

Dora Luz Cruz, periodista en Tamaulipas y Coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas en esa entidad, señaló que quienes integran esta organización han tenido que buscar otras fuentes de empleo, pues en sus empresas son mal pagadas, muchas de ellas han tenido que migrar a Estados Unidos debido a estas condiciones y son orilladas a desarrollar empleos no relacionados con el periodismo para poder sostener a sus familias.

Presentan libro Sentencia. Tribunal permanente de los pueblos

Durante la presentación del libro Sentencia. Tribunal permanente de los pueblos, Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras, dio a conocer que el caso del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velázquez, asesinado en 2011, fue sometido a este tribunal imparcial como una manera de buscar otras formas de buscar justicia para éste y otros casos que han quedado en la impunidad.

Añadió que este tribunal encontró culpable al Estado mexicano por no garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de López Vázquez y de todo el gremio periodístico; además, se logró que la Fiscalía federal incluyera este reporte en las investigaciones, lo que abre la posibilidad de que haya un compromiso por reconocer su responsabilidad en la falta de justicia.

Afirmó que aunque el Estado mexicano es el principal responsable de garantizar la seguridad del gremio periodístico, también las empresas mediáticas tienen que asumir el compromiso de ofrecer un mayor apoyo mediante seguridad social, psicológica y asesoría jurídica, aunque los medios no están acostumbrados a esto.

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