El transporte urbano en Jalisco es inseguro, de baja calidad, indigno y discriminatorio, coinciden en afirmar líderes sociales, quienes resaltan que el gobierno del estado ha fallado en dar solución a este conflicto de relevancia social.
Primero es un servicio… luego un negocio
En opinión de José de Jesús Gutiérrez, presidente de la Asociación Civil Red Ciudadana y coordinador del Consejo Ciudadano en Pro de la Reforma Integral del Servicio de Transporte Público y Urbano, los motivos por los que no se puede ni debe aumentar el costo del servicio de transporte radican en su alta peligrosidad para los usuarios y para los peatones.
“Han ocasionado mil 33 muertes de ciudadanos en los últimos 15 años y 34 en lo que va de 2012, además incontables lesiones y discapacidades temporales o permanentes. También han provocado incuantificables daños materiales por no respetar los señalamientos de tránsito, rebasar en tercer carril, viajar con exceso de velocidad, arrancar cuando el pasaje aún está subiendo o bajando de la unidad”.
El especialista añade el trato indigno y en muchas ocasiones agresivo por parte de algunos operadores del servicio, “principalmente a las personas que utilizan transvales o aquellas que por su condición de discapacidad o vejez consideran les afecta en el tiempo en que realizan su recorrido de ruta”.
La excesiva contaminación al medio ambiente que ocasionan, las malas condiciones de las unidades (pintarrajeadas, sucias, con vidrios rotos, asientos y estribos en mal estado y los sistemas de rampas para las personas con discapacidad descompuestas, entre otras), son condiciones que deberían solucionarse antes de pensar en un aumento, consideró José de Jesús Gutiérrez.
El principal factor que debe obligar a no aumentar la tarifa es la precaria y crítica situación económica de la mayoría de la población que utiliza el transporte público. De acuerdo a datos del organismo civil, 4.4 millones de mexicanos tienen la necesidad de buscar un segundo empleo, porque sus ingresos no les alcanzan para mantener a su familia y más del 45 por ciento de los trabajadores gana de cero a dos salarios mínimos (menos de tres mil 782 pesos al mes).
“Apenas 2.5 de cada 10 mexicanos tiene automóvil y por tanto la mayoría de la población se mueve en transporte público y el 10 por ciento de la población más pobre gasta en promedio 14 por ciento de su ingreso en pagar el servicio”, explicó el jefe del Departamento de Clínicas de Salud Mental, de la UdeG.
Representante de la lucha social
Tras la lucha para que no aumente la tarifa del transporte público, promovida en las últimas semanas mediante un juicio administrativo por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la organización estudiantil se ha convertido en un representante social y no sólo de los universitarios.
“Estamos dando una lucha justa con el respaldo popular. Lograrlo anima a la población a pensar en que sí se puede hacer algo frente a lo que a todas luces sabemos que es una injusticia, porque en aspectos cualitativos y cuantitativos, el transporte público ha quedado mal siempre. En representación de la ciudadanía hemos tratado de sacar lo que está a nuestro alcance y no es un logro de la FEU: es de la sociedad”, aseguró Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la FEU.
Los ciudadanos deben denunciar los abusos en el cobro de tarifas y las malas condiciones del transporte y “exigir a los que están legitimados por la ley que cumplan su labor”.
Núñez Becerra indicó que “el transporte público ineficiente, ineficaz, inseguro y de pésima calidad no debe aumentar y para lograrlo vamos a abarcar todas las instancias. Empezaremos por convocar a un foro amplio y plural, en que puedan participar colectivos, académicos, transportistas y pasajeros, para tratar de transformar la realidad del transporte público con la lógica de que primero es un servicio y luego un negocio”.
Transporte, ¿público o privado?
La mayoría de las voces concuerdan en que en el tema del transporte público el gobierno del estado ha fallado. A pesar de que quienes operan el servicio son empresas privadas, sigue siendo responsabilidad del estado regular la calidad del servicio.
A decir del integrante del Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), Mario Silva, este asunto del transporte público tiene su origen en la toma de decisiones basadas en razones políticas y no en elementos técnicos, tomadas por autoridades que se dejan manipular por los transportistas. Así resulta imposible decidir en base a cuestiones técnicas, porque simplemente no las hay.
“La fórmula que los concesionarios utilizan es la de los números que justifican el incremento. Lo que nosotros hemos cuestionado, son los números que alimentan esta fórmula”.
Organizaciones civiles como el CEJ y otras que forman la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, se han dado a la tarea de investigar varios aspectos del transporte público, pues consideran que la falta de información es uno de los orígenes del problema.
La Ley de Vialidad considera varios aspectos, entre ellos la calidad del servicio, algo en lo que hizo énfasis Mario Silva, quien puntualizó que los afectados deben exigir un servicio de calidad, pues es un derecho del usuario y los transportistas están obligados a ofrecerlo.
“Dar un buen servicio, tener una unidad limpia, con un chofer amable, con un uniforme limpio, que no venga comiendo o escuchando música, no tiene nada que ver con incrementar la tarifa. Es inaceptable que los transportistas digan que para mejorar la calidad, que están obligados a tener, es necesario que se aumente un peso o dos la tarifa”.
A la lista de señalamientos hechos a los procesos de la Comisión tarifaria, el activista lamentó que no haya verdadera representación del usuario como las amas de casa o trabajadores, ya que el único perfil del usuario en la comisión es el de los estudiantes a través de la FEU.
Esta serie de problemas, argumentó el integrante del CEJ, ponen en evidencia la poca relevancia social que tanto autoridades como transportistas dan al servicio de transporte público.
“En la Zona Metropolitana de Guadalajara, una ciudad tan profundamente inequitativa, obviamente el transporte no puede estar pensado en una lógica de mercado solamente y es ahí donde el estado debe hacer sentir su papel de rector”.
Entre las soluciones que organizaciones civiles han propuesto está la implementación del prepago, que ha sido uno de los condicionamientos que anteriormente se han establecido para aumentar la tarifa y que no se ha cumplido. Además de contar con un transporte público articulado, que permita el trasbordo de una ruta hacia otra sin costo extra.
Tema en el abandono
Para el activista Jorge Zul de la Cueva, el gobierno no ha tenido la voluntad de garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y al contrario, ha dejado este tema en el abandono, permitiendo a los concesionarios actuar a su favor.
“No han tenido la voluntad de hacer algo en el desastre que es nuestro modelo de transporte. Además del costo, tenemos rutas mal trazadas y un servicio terrible. Por las respuestas del señor Higareda, nada más por cómo se ha comportado, insultando al usuario, amerita que se le quiten esas concesiones y no ha habido una respuesta por parte del gobierno”.
Al respecto de los recursos legales interpuestos por la FEU, Zul de la Cueva aseguró que fue un golpe duro que ventila lo disfuncional de la Comisión tarifaria.
“La FEU los ha metido en un lío, porque se prolonga una cosa que cuando votaron, apostaron para que cayera pronto en el olvido. Además, no son sólo marchas, sino que han seguido la vía legal”.
