Un llamado urgente

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La Universidad de Guadalajara hace un nuevo llamado al Gobierno Federal para que auxilie a la máxima casa de estudios de Jalisco a regularizar su situación financiera ante el déficit que viene arrastrando desde hace varios años, y que pondría en riesgo los proyectos de investigación, financiamiento a los programas educativos, reposición de equipo y los insumos que se necesiten, así como la matrícula.
Hasta el momento, la UdeG no ha recibido respuesta de la Federación tras las mesas de negociaciones para la incorporación de los 960 millones de pesos al subsidio ordinario regularizable de la Universidad, dijo Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y miembro de la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario.
Los recursos son urgentes, ya que en la Universidad “tenemos para operar en un 40 por ciento entre junio y julio, a partir de agosto es cuando ya no habría recursos para gastos de operación, solamente tendríamos para mantener la nómina”, señaló el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Agregó que si el Gobierno Federal no completa el subsidio ordinario que se comprometió a entregar, la Universidad de Guadalajara podría ir a un paro laboral.
“La UdeG en un principio va a ser cautelosa, pero definitivamente si no hay una respuesta adecuada, valorará diferentes acciones, incluso, por primera vez, no descarto un paro, porque no habría recursos para movilizar ni servicios básicos ni laboratorios”, dijo al respeto el ex diputado federal.
En diciembre pasado, en reuniones con la Federación, se acordó la creación de mesas de negociación para establecer la manera por la que se pueda recuperar la proporción del 52 por ciento de la participación federal al presupuesto universitario contra el 48 por ciento del gobierno estatal. Sin embargo, al mes de junio la Universidad no ha tenido respuesta certera, y la falta del recurso podría provocar que se agrave la situación financiera.
Padilla Muñoz reiteró que la UdeG requiere de una respuesta definitiva y urgente, y “la diferencia entre lo que actualmente recibimos del Gobierno Federal y el 52 por ciento que requiere la Universidad para volver a ese equilibrio son 960 millones de pesos”.
Informó que “no es que haya ya la afirmativa de entregarlo, hay una mesa de negociación donde parece haber una gran disposición para poder hacer este incremento presupuestal al subsidio ordinario, pero no nos han dado respuesta todavía”.
Padilla Muñoz explicó que el Rector general, Marco Antonio Cortés Guardado, etiquetó como urgente la entrega de este recurso debido a que es necesario palear el déficit que la Universidad ha venido arrastrando desde el año pasado por tres razones: el incremento a matrícula que ha significado pagar más horas de asignatura, el crecimiento de la nómina de pensionados y jubilados y cuestiones relacionadas a servicios personales como la antigí¼edad, primas vacacionales y días diferenciales, entre otros, que paga la universidad a sus trabajadores.
“Está otro elemento el desfase enorme de lo que fue el presupuesto estatal con el federal a raíz de una iniciativa popular en donde la Universidad recibió del estado 600 millones de pesos a lo largo de cinco años y con los incrementos del tiempo ha provocado que en este momento el presupuesto del gobierno estatal sea de 56 por ciento y sólo 44 del Gobierno Federal. La diferencia entre ambos porcentajes con pesos y centavos son los 960 millones de pesos que le estamos solicitando a la federación que se incorporen al subsidio ordinario regularizable de la Universidad, y entendemos que esto podría ser en un solo año”.
Además, en años pasados, la nómina de la Universidad de Guadalajara llegó a representar el 97 por ciento del presupuesto ordinario de la UdeG. “Tres por ciento para los servicios básicos y operación de las dependencias no es nada. Hemos vivido, por decirlo de alguna manera, subsidiando la nómina con gasto de operación y esto no puede seguir. No dejaremos de pagarles a los trabajadores y por lo tanto los que sufren son los gasto de operación y si la situación sigue como va, en unos meses no tendremos para pagar teléfonos o internet, eso es lo perentorio del llamado a la Federación para que nos auxilie con esta regularización de presupuesto”.
La directora del SEMS aclaró que el subsidio ordinario de la institución es de 6 mil 203 millones de pesos de los cuales, casi 5 mil 700 millones de pesos, son para nómina.
“Es muy urgente porque si no, no vamos a sobrevivir más allá de la nómina”.
En esto coincide el director de Finanzas, de la UdeG, maestro Gustavo Cárdenas Cutiño, quien aseguró que el problema financiero de la institución ha sido sobrellevado de una manera responsable, dándole prioridad a los servicios personales como el pago a trabajadores y jubilados.
“Hemos reducido lo que se tienen que dar legalmente a la red universitaria como sus gastos de operación, tenemos que irle reduciendo a ellos (centros universitarios), castigamos a las dependencias por tratar de cubrir lo prioritario, que es el salario”, aseguró.
Asimismo, Cárdenas Cutiño comentó que de seguir en esta situación y de no recibir el recurso que solicitan, el camino que le queda a la Universidad de Guadalajara es seguir creando estrategias para que no se afecten los intereses de trabajadores y pensionados, una estrategia de “tapar y destapar pozos”, advirtió.
“El planteamiento que se hace es correcto, justo, que se vuelva a la proporción que debe de ser, para efectos de poder equilibrar las finanzas y pagar el gasto que realmente deben de tener las dependencias y poder resolver un poco lo de la nómina de jubilados”, señaló.
Al respecto, recordó que desde 2003 cuando se modificó el régimen de pensiones de la UdeG, la institución se hace responsable del 100 por ciento del pago a jubilados, situación que continuará hasta el año 2013 cuando se libera el fideicomiso de pensiones al que los trabajadores aportan y que cubrirá un 50 por ciento del pago total del pensionado.
De acuerdo con datos que dio el director de Finanzas, la nómina de jubilados de la UdeG ha ido en incremento año con año, pues mientras que en 2007 se emplearon 410 millones de pesos del presupuesto en el sistema de pensiones, en 2010 se gastaron 617 y se estima que para el año 2011 sean 647 millones.
“Ni el Gobierno Federal, ni el gobierno estatal nos dan dinero para eso, nosotros tenemos que tomar recursos de la red, de otros proyectos para poder solventar la nómina de jubilados responsablemente, que es lo más sagrado que puede haber en cualquier empresa”, argumentó.

Está en riesgo la matrícula
Tonatiuh Bravo Padilla refirió que “la matrícula que estamos por recibir está en amenaza. La universidad no puede entender porque habiendo ampliado la matrícula en los últimos cuatro años con puros fondos extraordinarios, no tiene una respuesta del Gobierno Federal para regularizar el subsidio ordinario”.
En este sentido, señaló que la Universidad de Guadalajara es el penúltimo lugar a escala nacional por subsidio federal recibido por alumno.
“Absorbemos más del 50 por ciento de atención a estudiantes en el estado, tanto en nivel medio superior como superior, y este crecimiento en la cobertura que la universidad asumió a nombre del estado, no está siendo correspondido por las aportaciones federales”.
Estas, en promedio, en las universidades públicas estatales son de un 80 por ciento contra un 20 de las de los gobiernos estatales, al contrario de lo que sucede en Jalisco, Veracruz y Sonora, donde el subsidio estatal es mayor que el federal.
En cuanto a las estrategias que pretende implementar la universidad para que el Gobierno Federal cumpla con su compromiso, el también ex diputado federal explicó que “la UdeG en un principio va a ser cautelosa, pero definitivamente si no hay una respuesta adecuada, valorará diferentes acciones, incluso, por vez primera, no descarto un paro, porque no habría recursos para movilizar ni servicios básicos ni laboratorios”.

Uso racional de los recursos
La Universidad de Guadalajara cuenta con un comité de ahorro encabezado por la Coordinadora general administrativa, Laura Puebla, y al que pertenecen dos rectores. El comité ya estableció ciertas medidas. Entre las principales se encuentra establecer límites para celular para los funcionarios que cuentan con el servicio. Además no se comprarán vehículos ni se repondrán equipos de cómputo, sólo se comprará lo más indispensable y se preservará una parte para viajes de investigadores que acuden a congresos nacionales o internacionales.
En el caso del SEMS se han establecido medidas para tener gastos de operación mínimos como: restricción de llamadas telefónicas (particularmente de larga distancia), optimizar el servicio de internet para no pagar servicio de ampliación de ancho de banda, racionalización en gasolina y pago de alimentación.