El fenómeno migratorio no se detendrá mientras no sean garantizadas en los estados de origen, las mínimas condiciones de bienestar y desarrollo que requieren las personas. Si bien los tratados internacionales en materia de protección a los migrantes son valiosos instrumentos para reconocer sus derechos en varios países, al no detenerse la migración, tampoco cesarán los abusos contra migrantes por parte de cuerpos policíacos y de la delincuencia organizada que trafica con ellos, no sólo en México, sino en las naciones del mundo donde son vividos estos procesos de desplazamiento.
En esto coincidieron embajadores y especialistas que participaron en el XXII Taller de Derecho Internacional, organizado en conjunto por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), institución sede del evento.
Para el embajador Alejandro Alday González, el tema de la migración debe ser atendido de forma integral, pues mientras no sean mejoradas las condiciones de vida en los países en desarrollo, no cesará el flujo migratorio, y entonces el terreno seguiría fértil para posibles abusos.
“Con la dinámica económica actual, los flujos migratorios no sólo no se detienen, sino que van a crecer por la movilidad laboral que hay ahora. Lo que debemos enfocarnos es a dos cosas, y para eso nos sirve el derecho: tratar de establecer reglas universales de protección de todos aquellos trabajadores que tengan que migrar para que sean respetados en cualquier lugar en el que estén, en función de que son valores universales, reconocidos internacionalmente. Esto desde un ángulo de derechos humanos.”, explicó el director general de Derechos Humanos y Democracia, de la SRE.
Añadió: “Si quisiéramos evitar que haya flujos migratorios —porque efectivamente esta fenomenología implica serios riesgos al día de hoy para personas menos favorecidas que tienen que salir de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida—, tenemos que enfocarnos a promover una agenda de desarrollo, nacionalmente y a nivel internacional, en donde la responsabilidad de las naciones más desarrolladas pueda colaborar a que los países que más lo requieren superen ciertas condiciones y esto permita a sus habitantes permanecer en sus lugares de origen. Pero apelaría principalmente a lo primero”.
México ha sido un país clave en la negociación y formalización de instrumentos del derecho internacional en temas humanitarios, como la protección a migrantes. No obstante, también muchos círculos intelectuales y de activistas han denunciado que es “candil de la calle”, ya que durante su paso en este país las pesonas que se desplazan hacia el Norte sufren abusos de autoridades, el racismo o xenofobia de la población o, peor aún, los delincuentes trafican con ellos o los asesinan. Por ejemplo, la herida de la matanza en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron ultimados 72 migrantes de distintos países, continúa abierta.
En dos distintas ponencias durante el Taller de Derecho Internacional, los embajadores Joel Hernández García y Alejandro Alday González, enfatizaron que México ha sido protagonista en las discusiones para crear el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Y aunque aún hace falta para que su aplicación sea efectiva en varios países —incluido México—, los diplomáticos nacionales lograron que estos documentos tengan un espíritu de respeto a los derechos humanos y no criminalización del migrante.
Papel de México en tratados sobre migración
El embajador Joel Hernández García, presidente de la Comisión del Servicio Exterior Mexicano, de la SRE, dijo que México, en la negociación del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, tuvo como aliados a países de Centroamérica, a Marruecos y Colombia, así como a Estados Unidos, cuyo acuerdo, agregó, se tradujo en un “justo medio aristotélico”.
“México logró contribuir a que el foco fuera el combate al tráfico y evitar la penalización al migrante objeto de tráfico. En aquel tiempo nuestra legislación penalizaba al migrante y asumimos el compromiso de modificar esa norma”.
Otro de los objetivos de México en este protocolo fue incluir un catálogo de derechos del migrante. Este es uno de los tres protocolos que forman parte de la Convención de Palermo, con la que las Naciones Unidas pretenden combatir a la delincuencia transnacional organizada.
Hernández García recordó que 48 Estados-nación forman parte de este protocolo, y comentó que existieron exageradas expectativas en cuanto a que este instrumento erradicaría la migración. Tampoco estuvo enfocado a ordenar o a regularizar migrantes, sino más bien a combatir el tráfico de migrantes, proteger sus derechos y promover la cooperación entre los países que lo suscriben.
Aclaró que el tráfico de migrantes es distinto a la trata de personas. En este sentido México fue uno de los mayores activistas en que los migrantes no sean sujetos de enjuiciamientos penales por el simple hecho de transitar.
Otro de los logros de este protocolo es que la asistencia consular y la repatriación, son consideradas un derecho. Sin embargo, hay países que no aceptan de nuevo a sus migrantes y entonces quedan en un limbo jurídico.
“Con Estados Unidos ya hemos concretado el criterio de que la repatriación es un derecho humano”.
Protección a trabajadores
El embajador Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la SRE, puntualizó que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, integrada por 48 Estados parte, desafortunadamente no cuenta con el respaldo de todos los países, sobre todo de Europa, que no tienen intenciones de reconocer derechos a la población migrante. México sí la firmó y la ratificó.
“Se trata de un completo documento sobre derechos de trabajadores y uno de los textos básicos del sistema de tratados de derechos humanos, que además cuenta con su propio mecanismo de supervisión y cumplimiento”, dijo Alday.
Señaló que aún hay resistencia en países del viejo continente para firmar este tipo de tratados, por que creen que tendría efectos fiscales y culturales que impactarían incluso en sus presupuestos.
“No vincularse a la convención indica no sentirse obligados a respetar toda una serie de derechos que ésta reconoce y protege. Los países europeos en su mayoría no se han vinculado con esta convención, y en gran medida no lo han hecho porque temen que ante flujos migratorios importantes, como los que estamos viendo en los últimos años, tengan que ajustar una serie de políticas migratorias y efectuar reformas”.
Así, esta convención constituye los mínimos de política pública que cada Estado deberá emprender para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. No obstante, admitió que los países deben trabajar de manera coordinada para que no sean vulnerados, sobre todo en el caso de los menores.
