Las luces y las sombras en la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Presidente de Andrés Manuel López Obrador fueron discutidas en el foro “¿Nos beneficia o perjudica una nueva reforma electoral?”, organizado por el Observatorio Político Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y que tuvo lugar en el auditorio Rosario Castellanos del campus Belenes de dicho plantel.
Moderó el foro Javier Rosiles, encargado de la Coordinación de la maestría en Gobierno y Política Pública de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, quien señaló que la propuesta de reforma de AMLO tiene que ver con una reforma al régimen, es decir, al conjunto de normas relacionadas con el acceso y el ejercicio del poder. De ahí la importancia de los foros para analizar dicha propuesta.
La iniciativa de reforma propone, entre otros aspectos, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), es decir, las instituciones que se encargan de vigilar y organizar los procesos electorales de cada entidad; y la reducción del número de legisladores federales y locales.
De acuerdo con el académico del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH, Andrea Bussoletti, si se hiciera una reforma electoral que produjera una reducción en la cantidad de dinero público asignado a los partidos políticos, como está propuesto, podría haber como opción el sistema de financiamiento privado, lo que se prestaría a condicionamiento por parte de grupos de presión e interés.
“Si alguien aporta más que otra persona al partido, su voz tendría que contar más en las decisiones que la organización toma en las instituciones, en comparación con quien dio menos”, explicó Bussoletti.
Reconoció que un financiamiento privado a los partidos políticos podría abrir la posibilidad de un mayor interés por una militancia activa que no sea sólo para llenar registros y entregarlos a la autoridad electoral, y agregó que en la propuesta de reforma es introducido el principio de austeridad, pero no de transparencia o revisión de cuentas; es decir, prevalece la austeridad sobre el hecho de que los ciudadanos conozcan realmente en qué gastan los recursos los partidos políticos.
Otro aspecto es que no se mete mano a uno de los elementos más controversiales, que es el mecanismo para la generación del monto de financiamiento público a los partidos.
Bussoletti explicó que los partidos reciben financiamiento público computando aún a aquellos ciudadanos que no votan por estar inconformes, enojados o no sentirse satisfechos con su sistema de partido. Ese aspecto no lo modifica la propuesta de reforma, queda igual.
La académica del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH, Mónica Montaño Reyes, destacó que gracias a los institutos electorales se ha dado presupuesto a los estudios sobre política, y sobre todo a la local.
“Hay concursos de ensayo y para publicar experiencias democráticas que fomentan o financian los institutos electorales. En ese sentido hacen una tarea de formación cívica, y ese presupuesto desaparecería, en caso de que fuera eliminado”, explicó.
Dijo que entre las funciones de los institutos electorales locales en la mayoría de los estados está el fomentar, además, la asistencia a las consultas y los instrumentos de participación ciudadana.
Los OPLE desaparecerían y toda la organización que haría el INE –que pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas– tendría presupuesto durante campañas, ya que se está planteando que sólo se le dé dinero cuando estemos en procesos electorales. Esta medida sería perjudicial.
Añadió que “la participación política y la conciencia cívica están muy débiles, aunque ha habido avances, pero ¿qué pasaría si ya no existieran todas las actividades de capacitación, difusión y discusión de lo político, sobre todo a un nivel local? Porque, sobre todo los institutos electorales son también fuente de nuevas ideas”.
“Y si ya no se van a dar recursos a los OPLE, y todo lo va a absorber lo que hoy es el INE, ¿se incrementaría el presupuesto del INE? Y en el caso de que esta respuesta fuera afirmativa, ¿dónde estaría el ahorro?”, se preguntó Montaño Reyes.
Con esta propuesta de reforma, Jalisco, por ejemplo, tendría 16 diputados federales en lugar de 20, según la fórmula propuesta; pero entidades como Colima, que tiene menos de un millón de habitantes, tendría 15 diputados locales, explicó la académica, y agregó que hay mucho que mejorar en la propuesta de reforma.
El profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Iztapalapa), Luis Medina Torres, destacó que los congresos, sobre todo las cámaras bajas, tienden a ser una proporción que es la raíz cúbica de la población.
“Parece complejo, pero es fácil; piensen en 125 como una población, cuya raíz cúbica es 5; esto quiere decir que una población de 125 millones debe de tener un Congreso de 500 escaños. México tiene una población de 128 millones de personas, sin contar los residentes en el exterior; por lo tanto, la Cámara en México está sesgada hacia abajo, ya que está integrada por 500 diputados, y la iniciativa pretende disminuirlos.
“Algunos dirán, ‘en Italia los disminuyeron’, pero en ese país había 650 en una población de 60 millones”, subrayó Medina Torres.
“En este momento, es decir, cuando nos encontramos más cerca de comenzar el proceso electoral de 2024, una reforma electoral sería más perjudicial que beneficiosa para el país”, acotó.
Las reformas electorales históricamente se plantean en el primer trienio de cada mandato sexenal; sólo hay un caso contrario, y ha sido uno de los peores: en 1986 se cambiaron las reglas del juego para la elección presidencial de 1988, y todo mundo lo recuerda por la caída del sistema y todos los problemas que se presentaron, resaltó.
La coordinadora general del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, Sandra Martínez, declaró que en tema de paridad de género queda corta la propuesta de reforma, aunque establece que todos los registros de las candidaturas, en todos los niveles de gobierno, se tendrá que regir con el principio de paridad, es decir, que las listas sean compuestas por 50 por ciento de mujeres e igual porcentaje de hombres.
“Uno de los temas que deja debiendo mucho en esta propuesta de reforma es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género, una violencia que se tipifica en 2020 y que es uno de los principales obstáculos para que las mujeres lleguen a los cargos y puedan ejercerlos de manera libre y real”, sostuvo.
“La violencia que sufren las mujeres basada en estereotipos y prejuicios de género está presente en prácticamente todas las mujeres que han incursionado en la vida política y otros espacios –abundó Martínez–. Hay una marcada diferencia de elementos de género. A las mujeres se les critica por el aspecto físico, relaciones familiares; por la forma en que hablan o por la ropa que se compran, y son elementos de género que van creando desigualdades y que no ponen con el mismo piso la competencia electoral y la crítica que se espera en un sistema democrático, la cual no debe de estar basada en esos prejuicios y estereotipos”.
