“Escóndete, papá, que te van a llevar”. Ricardo (nombre ficticio) se estremece cuando su hija, con sólo ver a una patrulla o a unos policías, le dice angustiada que se esconda. Todavía no cumplía los dos años, pero la niña recuerda que la madrugada del 28 de julio del año pasado en que su padre desapareció, fue sacada de su sueño y de la cama por unos sujetos uniformados.
Recuerda, quizá confusamente, a su papá asomado a la ventana de su cuarto respondiendo a unos gritos que provenían de la calle, y a un lado su mamá pidiendo ayuda con voz en cuello. Recuerda, como en una pesadilla, a los policías que entraron a su cuarto y los que estaban en la planta baja de la casa en que vivían. Recuerda, en una imagen viva y nítida, cuando después de lo ocurrido aquella mañana, se llevaron a su padre. A pesar de que era inocente; pero esto ella no alcanzó a entenderlo, como tampoco supo de las torturas y el infierno que vivió durante el tiempo en que estuvo desaparecido. “Cuidado, papá, que te van a llevar. Mejor escóndete”.
Uno. Allanamiento de morada
“Eran las cinco de la mañana cuando se empezaron a escuchar como unos golpes”, cuenta Ricardo, un profesionista que tiene cerca de 40 años y que hace un año dejó Guadalajara para mudarse a una ciudad del estado de Guanajuato.
En un primer momento pensó que se trataba de balazos. En la colonia habían ocurrido varios tiroteos. “Luego empecé a escuchar también unos gritos. Me asomé al cuarto de mi hija, que da a la calle, y vi a un montón de policías apuntando las armas hacia mí, gritándome: ‘Ya salte, bájate. íbrenos la puerta o entramos’”.
Su esposa no pudo contener los gritos de espanto. Los municipales tumbaron la puerta y revisaron la casa. “Vimos entrar a alguien”, le dijo el oficial que se presentó como el comandante. Un vecino, abogado y amigo de la familia, que llegó alarmado por los gritos y el desbarajuste, le dijo al oficial que dónde estaba la orden de cateo. En respuesta llegó un policía, se acercó a Ricardo y le amenazó: “Fuiste tú cabrón, te estaba siguiendo. Ya valiste madre”. El comandante lo tranquilizó. Le pidió sus datos y se fueron.
Dos. Detención arbitraria
“A los 10 minutos llegaron dos judiciales que me querían llevar a declarar, porque había sido señalado por un policía”. “¿Señalado de qué?”, le preguntó. El abogado les dijo que necesitaban una orden de aprehensión. Uno volteó hacia Ricardo y afirmó: “Bueno. Yo te lo pedí de buenas. Ahora sí, ya valiste madre”.
“Estábamos intentando atrancar la puerta cuando llegaron ocho sujetos encapuchados. Nos aventaron contra la pared. Uno revisó otra vez la casa y bajó a mi hija, que estaba llorando en su cuarto. Mi esposa estaba traumada. A empujones nos sacaron al abogado y a mí para subirnos a un tsuru blanco. Nos quitaron los celulares, arrancaron y en cuanto dieron vuelta a la casa, nos esposaron y con nuestras camisas nos encapucharon”.
Tres. Golpes
En el coche empezaron los golpes y, sobre todo, el miedo. Muchas imágenes tristemente actuales en el país —secuestros, ejecuciones, cuerpos tirados en la carretera— pasaron por su cabeza. “No sabía qué pensar. Me tranquilicé un poco viendo que traían sólo armas reglamentarias”.
Por el timbre del teléfono y las pláticas, intuyó que los llevaron a la agencia de la Procuraduría de Justicia, donde los metieron al cuarto de tortura, como lo llama Ricardo. “Nos hincaron, encapuchados. Casi no podía respirar, y nos empezaron a patear. Luego nos dejaron así un tiempo que calculo alrededor de cuatro o cinco horas. Si nos movíamos tantito, reiniciaban los golpes. En cierto momento me levantaron entre tres, iniciaron a forcejearme y a golpearme con más saña. ‘¿Quién eres?’, me preguntaban; o me decían: ‘Confiesa, porque todos tus compañeros ya hablaron y declararon que tú eres el cabecilla, y ya valiste madre’.
“Con las intimidaciones y los golpes te llevan a un callejón sin salida”. El miedo que en un principio lo atenazó, flaqueándole las piernas, con el pasar del tiempo dejó lugar a la desesperación: “Estuve tentado varias veces a decirles que sí, que había sido yo. Aun si no sabía qué había hecho”.
“La cosa está muy clara”, le dijo de repente uno de los judiciales, presuntamente el comandante: “Hubo un asalto y tú estás involucrado. Quiero saber los nombres de la gente que estaba contigo”. “Yo le dije que no tenía nada que ver y él me dijo: ‘No te hagas pendejo, encontramos el dinero en tu casa, te vimos entrar’. Yo le aseguraba que se habían confundido.
“Entonces me sacó y me subió con tres sujetos más a una camioneta”. Allí, después de horas de oscuridad total bajo la capucha, alcanzó a ver que eran las 10 de la mañana. “Me llevaron a mi calle y me dijeron que le indicara cuál era mi casa. Entonces se dieron cuenta que la casa señalada no era la mía. En eso salen mi hija y mi esposa, que no pudieron verme por los vidrios polarizados, y le dije: ‘Mira, esa es mi familia’”.
Cuatro. Tortura
A pesar de esto, regresaron a la Procuraduría donde lo esposaron de los pies y las manos a la banca de un pasillo, junto con su amigo, hasta las dos de la tarde. A la hora llegaron los que los judiciales señalaron como sus ‘cómplices’: tres chavos y una mujer. “A dos los metieron en el ‘cuarto de la tortura’ y les pegaron con saña para que declararan, hasta dejarlos casi inconscientes. Inclusive oímos a uno de los judiciales decirle a otro que si le hacía el ‘paro’, porque ya no podía dar más patadas. Las secretarias de la dependencia subían la música para cubrir los gritos de dolor.
“Allí mismo en el pasillo, uno sacó una cubeta de agua y empezó a ahogar al tercero. Le metía y sacaba la cabeza, diciéndole que confesara. Lo tuvo así como media hora”. A la mujer en cambio la metieron al cuarto, donde entraron cuatro tipos: “No sé bien lo que pasó, pero la chava estuvo gritando continua y desesperadamente durante una hora”.
En esos momentos sintió que todo podría pasarle. “Esa gente no tiene corazón; el tipo que estaba ahogando al otro le dijo a una secretaria que tenía hambre. Ella regresó con una torta, se la abrió y él siguió ahogando a la persona con una mano y con la otra comía”.
Cinco. La desaparición
En todo ese tiempo Ricardo estuvo incomunicado. Desaparecido. Los familiares desconocían su paradero. A las siete y media de la misma mañana sus padres, que viven en Guadalajara, recibieron la llamada de su nuera que les comunicaba lo ocurrido. De inmediato, la madre y un hermano menor se pusieron en camino hacia la ciudad guanajuatense. Allí entre todos los parientes se organizaron y comenzaron a visitar diferentes dependencias policiales y gubernamentales.
Cada vez que se reunían, el resultado era siempre el mismo: no se encontraba en ningún lado. Entonces reiniciaban la búsqueda. “Al inicio pensamos que lo habían detenido por error”, explica una hermana de Ricardo. “Pero cuando empezó a pasar el tiempo creció la angustia, porque nos dimos cuenta de que la situación era más grave”.
Incluso pensaron que podía haber sido un secuestro: “entre nosotros no nos decíamos nada, pero todos estábamos asustados. Después de 10 horas yo me dije que lo íbamos a encontrar una semana después en un baldío”. A su madre empezó a darle un dolor raro en el pecho, un vacío que podía llenar solamente con el llanto. “Situaciones como estas son muy difíciles, desgarradoras, pueden destruir a una familia”.
Seis. El arraigo
A las cinco y media de la tarde, luego de casi 13 horas de la desaparición, el hermano menor encontró a Ricardo y a su amigo. “Había venido por cuarta vez a la Procuraduría para preguntar si sabían algo de nuestro paradero. Un policía, no sé por cuál motivo, le trata de ayudar y le pide que se asome al pasillo a ver si nos ve. Y allí estábamos. Cuando el comandante se enteró, se encabronó y regañó al policía, pero ya era tarde. Si no nos hubiera encontrado mi hermano, no sé dónde estaríamos ahora.
“Nos pasaron a otras oficinas de la Procuraduría con nuestro abogado, pero dijeron que estábamos arraigados y que teníamos que permanecer allí hasta 72 horas, a pesar de que ya había entrado un amparo”. A las 10 de la noche les tomaron fotos y huellas digitales. “Por algo que no habíamos hecho nos iban a meter al bote tres días más”.
La suerte, y algo más, jugaron otra vez en su favor. “Una de las hermanas de nuestro abogado era conocida de la esposa del subprocurador. Lo vio y le explicó nuestro caso. Él fue quien movió papeles para sacarnos; finalmente nos pidieron únicamente que diéramos una declaración”.
Siete. Amenazas
De repente el fiscal que estaba tomando la declaración de Ricardo paró y se rehusó a escribir lo que él le estaba contando. “Nuestro abogado nos había avisado de que no platicáramos de cómo nos trataron, porque podía ser contraproducente. Pero yo quería denunciar”.
Entonces el fiscal, fijando la mirada en sus ojos, le dijo: “Te lo voy a poner muy sencillo, si yo escribo lo que me dices y empezamos un proceso penal en contra de los policías judiciales, lo que va a pasar es que al primer delito que encuentren te van a poner como cómplice. Y en lo que investiguen, te vas a quedar mínimo un año en el bote. Pensando en mi hija dije que no lo pusiera. Todavía antes de que nos fuéramos, nos advirtió: ‘Yo no respondo de ustedes si meten esto a derechos humanos’”.
En el acta que levantaron en la Procuraduría figuran como testigos que se presentaron a declarar por su propia voluntad. A las dos de la mañana, después de más de 20 horas de pesadilla, los soltaron.
Ocho. El caso
Cuando Ricardo y su amigo vieron entrar a los “cómplices”, antes de que los torturaran, éstos acababan de ser presentados ante la prensa. Al día siguiente un periódico local titulaba su nota: “Detienen a roba cajeros”. En la información publicada el subprocurador daba a conocer la dinámica de la detención y los nombres de los implicados. Entre ellos, pese a que habían permanecido siempre ocultos, figuraban también Ricardo y su amigo.
Esa madrugada, después del robo los asaltantes se dirigieron a la colonia de Ricardo y a causa de la persecución taparon la privada donde vivía con un coche, en el que la policía recuperó el dinero. Se apearon e intentaron brincar una barda. Cuatro de ellos fueron capturados y uno, el cabecilla que buscaban los judiciales, logró escabullirse, supuestamente metiéndose a su casa que se ubicaba a dos inmuebles de la de Ricardo.
“Lo último que supe es que todos se declararon inocentes y que el caso está por cerrarse”, explica Ricardo. Al verdadero responsable, el jefe de la banda, nunca lo encontraron. Nunca pisó la cárcel.
Nueve. La vida continúa
“Fue un golpe muy fuerte”, cuenta Ricardo. “Te da miedo ver a un policía en la calle o una patrulla atrás de tu coche. Te quedas con el temor, porque nos amenazaron”. Cinco días después de lo ocurrido, la familia se mudó y cancelaron todos los teléfonos. “Desaparecimos”. Desde entonces no han hablado más del asunto, intentando sepultar bajo una cortina de silencio la impotencia, el miedo y la indignación por las injusticias sufridas.
Sólo su hija, cada que ve a una patrulla, le dice: “¡Escóndete, papá!”. No hace falta: “El otro día me topé con el policía municipal que me señaló. Él iba hacia su patrulla, me vio, se detuvo y empezó a seguirme. Yo entré a una tienda y él se quedó afuera como cinco minutos. Yo no salí hasta que se fue”. “Cuidado, papá”, suena la vocecita de su niña: “Escóndete, que te van a llevar”.
El arraigo, violación de los derechos humanos
En un documento fechado el 1 de septiembre de 2011, el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, de Naciones Unidas, reitera la postura de varios organismos internacionales al condenar al arraigo como medida violatoria.
El arraigo, que se introdujo en 2008 en la Constitución con la reforma del sistema penal, es una medida preventiva para privar de la libertad a las personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada. Sin embargo, “en la práctica está siendo utilizado como una forma de vigilancia pública”, se lee en el informe.
Y continúa: “Esta medida es una forma de detención arbitraria claramente contraria a las obligaciones de México en materia de derechos humanos, y viola, entre otros, los derechos a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la revisión judicial y más aún, incrementa las posibilidades de que una persona sea torturada”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que desde su implementación en 2008, ha recibido mil 64 quejas de abusos en casos de arraigo por parte de la autoridad judicial. El 67 por ciento de los afectados reportó hechos de tortura. Sin embargo, no existen cifras precisas sobre el arraigo en México: entre 2008 y 2010 la judicatura federal reporta que autorizó mil 51 órdenes de arraigo. Según un conteo de la Comisión mexicana por la defensa de los derechos humanos, los arraigos serían mil 342. A la fecha solo las legislaciones estatales de Chiapas, Nuevo León y Oaxaca han eliminado esta medida.
Abusos policiacos en Jalisco
De las mil 212 quejas que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en contra de direcciones de seguridad pública, entre enero y agosto de este año, 181 fueron por detenciones arbitrarias, 186 por lesiones, 136 por allanamiento de morada, 118 por amenazas, cuatro por tortura e incluso hay un caso por desaparición forzada. En cuanto a las resoluciones emitidas en lo que va del año, el 30 por ciento de un total de 39 concierne a temas de seguridad pública, del cual el 20 por ciento es por detenciones arbitrarias.
“Seguimos viendo con preocupación la conducta de las corporaciones policiacas en temas sensibles como las detenciones arbitrarias y los cateos ilegales. No se reflejan avances en este tema, que sigue siendo un foco rojo”, dijo César Orozco Sánchez, primer visitador general de la CEDHJ.
César Octavio Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), comentó que “la situación en Jalisco es sumamente grave. Este año hemos recibido más testimonios de violaciones a derechos humanos que en años pasados, en temas como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y lesiones”.
Agrega que “las personas que sufren este tipo de actos han perdido la confianza en las autoridades, y de las pocas que se atreven a denunciar a alguna institución, vienen amenazados y desalentados, porque se trata de fuerzas del orden. Dejan a las personas en un estado de indefensión y con miedo. En general, la impunidad en México alcanza el 97 por ciento, y cuando los culpables son autoridades, ésta llega al 100 por ciento”.
Esto merma la credibilidad de las estadísticas oficiales –agrega–, además de que en las comisiones de Derechos Humanos, como en las instituciones de procuración de justicia, muchas veces la tortura y otros abusos graves son catalogadas como lesiones o como violaciones a la integridad personal.
Violación extrema:
la desaparición forzada
La desaparición forzada, definida internacionalmente como la privación de libertad perpetrada por agentes del Estado, en México no está tipificada por la ley, por lo que se archiva como desaparición de personas. En el caso de Jalisco, por ejemplo, como explica César Pérez, del Cepad, de las dos mil 270 denuncias de este tipo que recibió en lo que va del sexenio la Procuraduría de Justicia de Jalisco, no se puede determinar cuántas fueron perpetradas por fuerzas del orden.
La CNDH, entre 2001 y 2010, reporta en Jalisco 24 quejas por esta violación, de las 283 en el país. Organizaciones agrupadas en la Campaña nacional contra la desaparición forzada, en cambio, sostienen que en ese periodo los casos en México serían por lo menos tres mil.
