Para frenar los abusos contra los migrantes en tránsito por México, urge que las autoridades tengan voluntad política para aplicar las reformas en materia humanitaria y que la sociedad se sacuda la desinformación y los prejuicios que llevan a criminalizarlos, señalaron los ponentes del Foro Sobre Migración Internacional realizado en el Auditorio Adalberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Luis Enrique González Araiza, asistente jurídico de la asociación civil Dignidad y Justicia en el Camino, mejor conocida como FM4, y la profesora investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos del CUCSH, Ofelia Woo Morales, ofrecieron un diagnóstico de la crisis humanitaria que viven los migrantes mexicanos y centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Para Ofelia Woo “existen avances en la legislación, lo que hace falta es la voluntad política para aplicarlos”. Es el caso de la Ley de Migración, el Reglamento de la Ley de Migración 2012 y el Programa Especial de Migración 2014-2018 que, entre otros objetivos, contemplan fomentar la cultura de la legalidad y los derechos humanos, así como favorecer procesos de integración y reintegración de migrantes y sus familias, y fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de migrantes y defensores.
“El reto es pasar del discurso a la aplicación de la norma en derechos humanos. Entre los desafíos que identificamos está difundir programas de apoyo a la población migrante, fortalecer la participación de instituciones publicas con organizaciones de la sociedad, firmar convenios bilaterales con Estados Unidos de América y multilaterales con Centroamérica sobre protección de migrantes irregulares, y otorgar visas de transito para evitar la violación de derechos de los migrantes en tránsito”, detalló Woo Morales.
Enfatizó que después del año 2000 disminuyó el flujo migratorio, de acuerdo a la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) que realiza el Colegio de la Frontera Norte. En 2011 eran 317 mil migrantes y en 2014 fueron 164 mil, “pero no es porque México haya mejorado sus condiciones, sino que la crisis económica de Estados Unidos frenó este éxodo”.
González Araiza en su ponencia derrumbó mitos sobre la correlación que la sociedad hace de criminalidad-migración y que actualmente se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde por desinformación se criminaliza al migrante. “Es paradójico que en un mundo neoliberal no haya restricciones para la mercancía, y puedas ver una Coca Cola en Timbuctú, pero para las personas sí haya fronteras”.
Señaló que de acuerdo a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y a las reformas constitucionales, un migrante no es delincuente, sino que sólo comete una falta administrativa de “la misma gravedad que muestras de cariño en un coche o tomar una cerveza en la vía pública”, especificó.
Recordó que la Ley de Migración contempla que al migrante se le otorguen sus derechos a la salud, a la educación y a la justicia, pero solamente seis estados tienen una Ley Estatal de Migración, y por lo tanto en los demás, entre los que se encuentra Jalisco, no puede acceder a ellos por falta de derecho adjetivo.
