Un sistema de personas

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Insuficiente capacitación en policías, elementos de la Fiscalía y ministerios públicos; pocos abogados certificados; y una fuerte resistencia a esta nueva cultura jurídica entre los litigantes, son algunos de los desafíos que deberán superarse en Jalisco ante el inminente arranque de los juicios orales, consideraron especialistas consultados por La gaceta.

El nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, comenzará en Ciudad Guzmán el 1 de octubre y de manera gradual se implementará en los once distritos restantes, para culminar el 5 de febrero de 2016.

Estos nuevos procesos ofrecen ventajas como la agilidad en los procesos penales, métodos alternativos para la solución de conflictos,  respeto a la presunción de inocencia y a los derechos humanos de la víctima, así como acceso a la reparación del daño aún sin intermediación del Ministerio Público, entre otras. Para lograr el éxito es imperiosa una adecuada sincronización entre las autoridades involucradas, considera el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso.

“Una reforma de este calado, necesariamente presupone la cooperación total entre los poderes: Ejecutivo, Legislativo y por supuesto Judicial. De lo contrario se puede ir directo al fracaso. Importante resulta trabajar especialmente con los ministerios públicos y policías, ya que es donde actualmente se concentran los principales problemas de corrupción e ineficiencia”, considera el especialista en Derecho constitucional.

Por separado, el investigador Dante Haro Reyes coincide en que los policías son los más rezagados en el proceso de capacitación —a diferencia del resto de los operadores—, a pesar de que representan el primer eslabón en todo este nuevo sistema. Apunta que los elementos de la Fiscalía apenas empezaron a prepararse.

“Tenemos un déficit  de los elementos policiales, de los abogados, del Ministerio Público. Los policías estatales y municipales son quienes están en comunicación directa con los ciudadanos. Los esfuerzos de las autoridades se han enfocado en la parte de la infraestructura y la tecnología, así como en la preparación de los operadores de la justicia, como los jueces y magistrados. Pero los policías son los grandes olvidados”.

El catedrático de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG, Felipe de Jesús Garibay Valle, refuerza la idea de que los policías deben de estar a la altura del reto, pues la cadena de custodia —como se le denomina al desarrollo de recolección y conservación adecuada de las pruebas— es clave para evitar que los delincuentes queden impunes, como ha ocurrido ya en varios estados. “La capacitación del elemento policiaco es la base fundamental para el arribo de pruebas que sustente la verdad jurídica tan necesaria para el derecho”, puntualiza.

Haro Reyes señala que todavía no hay suficientes abogados certificados en el nuevo sistema, y aunque afortunadamente hay tiempo todavía, porque la implementación será gradual, certificar a todos será un proceso que podría tardar alrededor de dos años, pues apenas el dos por ciento de los litigantes han cumplido con ese requisito.

La revolución jurídica del siglo
El Sistema de Juicios Orales avalado a nivel nacional en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008,  es considerado como la revolución jurídica más importante en los últimos cien años. El esquema tradicional representaba un modelo procesal inquisitivo y autoritario.

Francisco Jiménez Reynoso detalla que en el viejo sistema eran evidentes las ineficiencias de la policía y del Ministerio Público, además de que el juez solía estar ausente en las audiencias porque delegaba responsabilidades a colaboradores, y por ello se vulneraban derechos humanos de víctimas y acusados. Los procesos eran largos, engorrosos y costosos, por lo cual la renovación ya se pedía a gritos.

“Actualmente la materia penal en México enfrenta múltiples problemas, como son: poca eficacia de las autoridades para atrapar delincuentes peligrosos, altos niveles de impunidad y corrupción, violación a los derechos humanos de las víctimas y acusados, ineficacia en las investigaciones de los delitos y los altos costos económicos que implica mantener a una persona en prisión. Por eso la importancia de este cambio de paradigma”, amplía Jiménez Reynoso.

A nivel nacional la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), se encarga de concertar la transición al nuevo esquema, que va aparejado de la armonización de leyes estatales. En este renglón, Jalisco logró salir del último lugar nacional en el que estaba en noviembre de 2012 y en sólo 23 meses brincó al primero. El Congreso del Estado tiene ya todos los códigos y leyes reformados en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, aunque en este tema los diputados locales, la actual administración estatal y el Poder Judicial trabajaron para abatir el rezago heredado, el tiempo  perdido no se puede recuperar y es ese tiempo el que ahora hace falta para la capacitación de abogados y elementos policiacos, señala Jiménez Reynoso.

“Lo que sí podemos hacer es trabajar a marchas forzadas para depurar a las instituciones involucradas con el nuevo sistema acusatorio adversarial, para actualizar y capacitar a los involucrados, homologar planes de estudios en las universidades privadas y por supuesto en las públicas”, afirma.

Además, será importante socializar el concepto del nuevo sistema de justicia, ya que durante algunos años coexistirán ambos sistemas, pues hasta que no se culmine con la sentencia del último proceso penal del tradicional habrá dos estructuras paralelas, una juzgando con la vieja ley y otra con la nueva, lo que en la ciudadanía puede crear confusión.

Dante Haro agrega: “Todavía hace falta muchísimo por recorrer, vamos ya tarde. Pero qué bueno que se está empezando. La parte de la infraestructura y logística se resolverá con recursos y eso es bueno; tanto la tecnología, las instalaciones, el equipamiento. Pero a mí la parte que más me preocupa es la parte humana, la de los diferentes actores que participan”.

Felipe de Jesús Garibay  apunta que aún hay resistencia de los litigantes al nuevo sistema. No obstante, no hay marcha atrás y así lo debe entender la comunidad jurídica. El académico es de la idea de que nada cambiará en México mientras no se erradiquen en este país los vicios de la corrupción y la ineficiencia, pues éstos terminan por carcomer cualquier sistema, sea nuevo o viejo.

“La transformación tiene que ser cultural, en todos los aspectos. Nuestro sistema no es de leyes. Es de personas. Hay una disfunción en el sistema jurídico, porque hay una incultura de la justicia. No hay una cultura diseminada en todos los que estamos involucrados en el mundo del derecho, para ser, primero no corruptos, segundo estudiosos, tercero humanos y cuarto tener la vocación. Y en ese sentido el cambio de la ley no va a modificar la estructura de los que practican esto. Si no hay eso, vamos a seguir igual”.