Con el objetivo de tener un espacio permanente para generar conocimientos y habilidades, a fin de que los profesionales emprendan proyectos de defensa e investigación sobre derechos humanos, la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con una Clínica Internacional de Derechos Humanos, creada en septiembre de 2017.
En su constitución participaron los Bufetes Jurídicos de Servicio Social y la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación. Esta instancia de formación práctica, adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), abrirá convocatoria anual para los interesados, que podrían ser de 10 a 15.
“Se busca que en Jalisco existan defensores de los derechos humanos suficientemente capacitados y con experiencia para hacer la defensa de los mismos en los ámbitos de derecho internacional”, indicó el Coordinador de los Bufetes Jurídicos de la UdeG, Francisco Javier Díaz Aguirre, quien añadió que existe un relativo vacío en esta área.
Explicó que la primera generación de defensores estuvo integrada por un equipo multidisciplinar de nueve estudiantes de licenciatura y posgrado, así como egresados de la UdeG en áreas como leyes, sociología, geografía, trabajo social y filosofía. La asesoría fue de especialistas del CUCSH, de la UNAM, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos AC, la Universidad de Harvard y la University of London–Goldsmiths.
Uno de los primeros proyectos desarrollados por los estudiantes fue “Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes albergados en centros de asistencia social”, para acompañar el proceso del Examen Periódico Universal, convocado cada cuatro años por la Organización de las Naciones Unidas y cuyos resultados fueron enviados al organismo en marzo.
Con base en un análisis de datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se encontró que para 2016, cuatro de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes que transitaron por el territorio mexicano lo hicieron sin acompañamiento; esto los coloca en un grado de vulnerabilidad alto.
Díaz Aguirre lamentó que aunque existe una política en la materia, tiene fallas en su diseño. La primera es que la Red de Módulos y Albergues para la atención de NNA migrantes alcanzaba sólo 13 entidades en México. El resto, incluido Jalisco, no forman parte de la red.
“Los Estados donde se han creado y operado albergues son principalmente fronterizos, por lo que también nos parece que el fenómeno migratorio implica más que puntos de cruce entre una frontera y otra, implica rutas de tránsito y, por ejemplo, Jalisco es una de los principales rutas de migración hacia Norteamérica”, agregó.
Ésta es la ruta más larga que los migrantes en tránsito pueden utilizar para llegar a la frontera norte; sin embargo, organizaciones civiles documentaron que fue la preferida por 54 ciento de migrantes de 2010 a 2013.
En contra de la trata de personas
La Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con una población estudiantil de más de 280 mil alumnos, de los cuales más de la mitad son bachilleres, susceptibles de ser víctimas de trata de personas.
Por ello, esta Casa de Estudio trabaja para prevenir este delito mediante la impartición de talleres informativos con el objetivo de fortalecer las redes de comunicación entre alumnos, profesores y directivos, y actuar ante posibles casos, informó el Coordinador de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes.
Serrano Cervantes acudió al conversatorio titulado “Estrategia integral para prevenir los delitos de trata de personas”, que tuvo lugar en el Centro de la Amistad Internacional.
Señaló que en los talleres informativos se advierte a los jóvenes sobre los riesgos de publicar información sensible en redes sociales y otorgar datos personales sin razón, ya que con ello aumentan las probabilidades de ser víctima de delitos como secuestros virtuales o extorsión.
“Venimos a conocer de los expertos el tamaño del problema, cómo afecta a la comunidad universitaria. Tenemos reportes de padres de familia sobre este tema y por ello hay que ponernos alertas, no descartemos que estos temas, algunas veces, toquen a la puerta de los universitarios; por ello, es importante aprender de los expertos”, dijo.
“Estamos dando una serie de cursos preventivos —agregó—. Un tema fundamental es la unión familiar. El vínculo familiar es importante en todos los aspectos de seguridad. Un taller sobre autoestima, recobrar los valores y entender qué tienen que hacer los jóvenes. Y sobre todo, fortalecer la cultura de la denuncia”.
El funcionario consideró que en estos temas los expertos universitarios tienen mucho que aportar en los foros, ya que realizan investigaciones serias y con diagnósticos que ayudan a comprender la situación.
En el mismo conversatorio participó María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Cuerpo Académico de Transformación Social, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), quien lamentó que la Fiscalía General del Estado no cuente con información adecuada sobre la trata de personas.
“A pesar de que se conoce que es un problema que existe a nivel local, que pudiera estar relacionado con las desapariciones de personas en distintos municipios, la Fiscalía no cuenta con datos específicos sobre la trata. Lo que nos han informado es que se tendrá que solicitar por transparencia. Y esto da qué pensar. Cualquier problema, y máxime de esta magnitud, requiere de diagnósticos concretos: cuántas denuncias, cuántas consignaciones”, afirmó la catedrática.
María Rita Chávez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la UdeG, afirmó que si bien es grave la problemática de la trata sexual, no es la única.
Indicó que entre las modalidades de trata de personas están la esclavitud; la servidumbre; la explotación sexual y laboral; los trabajos forzados; la mendicidad forzada; la utilización de menores en delitos; la adopción ilegal; el matrimonio forzoso; el tráfico de órganos, y la experimentación biomédica ilícita.
Durante la inauguración, el Director del Programa de Prevención de Trata de Personas en el ámbito federal, Ángel Montiel Moreno, dijo que este delito es el tercero que más se comete en el mundo; y en México es el segundo, ya que este país es de tránsito, origen y destino.
Menores en conflicto
¿Los menores de edad que incurren en delitos son víctimas o culpables? A partir de esa pregunta, especialistas en los ramos de la justicia y la psicología impartieron la conferencia “Menores en conflicto con la ley”, en el auditorio de Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG.
El subdirector del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Mario Alberto Esparza Zamora, dijo que cuando niños y adolescentes se ven inmersos en dichos casos se debe a que detrás de eso hay un contexto que falta a la congruencia.
“Hay una paradoja social en la que no se les está dando a los menores las herramientas, pero cuando cometen el error se les castiga como si ya se les hubiera dado. Tenemos un contexto social que favorece la individualidad, la competencia y el egocentrismo. El adolescente no está aprendiendo a cooperar, el único referente que tiene es el de él”, explicó.
Una de estas herramientas es aprender a decir que no a la autoridad. Detalló que cuando son niños, los padres son las figuras de autoridad y en la adolescencia son sus pares o amigos; esto permite que el joven tenga el poder de rechazar aquello a que lo incitan o lo presionan a tener conductas nocivas, como consumir drogas o entrar al crimen organizado.
A esta situación se le añade una serie de factores de riesgo, que fueron señalados por el Jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS, Francisco José Gutiérrez Rodríguez.
“Hay los individuales, entre los que están el déficit de atención, la hiperactividad, el trastorno de conducta, la delincuencia, el consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco; nivel intelectual bajo, y desempleo. Los factores de relaciones cercanas son la escasa supervisión de los hijos por los padres, prácticas disciplinarias severas, relajadas o incoherentes, vínculos afectivos deficientes, escasa participación de los padres en las actividades de los hijos o situaciones de delincuencia de los padres”, describió.
Otros factores de riesgo que mencionó tienen que ver con la comunidad, como lo son las pandillas y el tráfico local de drogas ilícitas, el acceso a las armas de fuego, la pobreza y la poca calidad de la gobernanza.
Gutiérrez Rodríguez mencionó que en México hay más de 2 millones de niños maltratados y 5 millones en situación de calle. Todos los factores antes mencionados influyen en que el adolescente o niño se vea conducido al camino de la delincuencia.
El presidente de la Fundación de Victimología de España, José Emilio García Mercader, externó que cuando un menor realiza una infracción es un fracaso para todos como sociedad.
“Cuando eso pasa han fallado todas las instancias de control que tenemos para formar a un ser humano: ha fallado la familia; la escuela, que no ha sabido detectar cuando es víctima o victimario; fallan los servicios sociales, que no saben detectar las necesidades de un menor”, refirió.
El presidente de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal, magistrado José Antonio Fierros, expresó que actualmente se busca analizar con detenimiento los casos para conocer el tratamiento del menor que incurrió en un delito.
“Tendrán que analizarse de inmediato las causas que generaron la conducta que puede ser tipificada como delito. Hay que ver cómo vive, en qué trabajan sus padres, sus familiares, cuáles son sus antecedentes penales. La mayoría de los menores de edad que tienen esas conductas devienen de familias disfuncionales”, dijo.
Atención a víctimas del delito
Sensibilizar a la sociedad y a los poderes políticos para que las personas víctimas del delito sean atendidas de forma integral y que se cumpla la legislación en esta materia, son algunos desafíos que enfrenta la victimología, ciencia que surgió a mediados del siglo pasado y que está tomando fuerza en las licenciaturas de todo el mundo.
Lo anterior lo expresó el presidente de la Fundación Victimología de Murcia, España, José Emilio García Mercader, al hablar sobre el estado actual de los derechos de las víctimas, apoyos y protección, así como sus retos y desafíos, en el marco del Seminario de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, organizado por UDGVirtual, de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y celebrado en el Edificio Garibaldi, su nueva sede.
“Aún existe un vacío, a pesar de que se ha adelantado mucho en el tratamiento a las víctimas. Hay una legislación, y se ha aprobado en los congresos de muchos países una Ley de Atención a Víctimas del Delito, ahora hace falta que todos esos aspectos y derechos de las víctimas se vayan complementando, haciendo una política adecuada. El trabajo que sigue, para los próximos años, es que se cumplan, dotándolas de medios profesionales, económicos y que en todo momento puedan darle soporte a nivel jurídico, psicológico y social, para que la víctima se vuelva a reintegrar en la sociedad”, dijo.
Apuntó que lo que se pretende es informar, que los estudiantes conozcan de qué manera se puede tratar de forma integral a la víctima de cualquier tipo de delito o atentado contra sus derechos humanos.
“La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea señalan que hay que preparar a todos los profesionales que trabajan con la víctima para evitar una victimización secundaria. Las universidades tienen un papel importante porque pueden evaluar resultados, hacer programas de prevención y formar a quienes van a trabajar con las víctimas”, agregó García Mercader.
El investigador de la UdeG, Marcos Pablo Moloeznik, al hablar sobre la Ley de Seguridad Interior, iniciativa aprobada y sancionada y que en estos momentos se encuentra en suspenso por varios recursos interpuestos de anticonstitucionalidad, indicó que aunque coincide en la necesidad de que exista una ley de las actuaciones de las fuerzas armadas que le brinden certidumbre jurídica a los militares, marinos y población civil, en el tema de seguridad no puede haber ambigüedades.
“El concepto de seguridad interior que está consagrado en esta ley es ambiguo, genera confusión con las otras dos categorías de seguridad, que son la nacional y la pública, y contraviene varios artículos de la Constitución. Tenemos que seguir el ejemplo de los países de mayor tradición democrática, donde sólo existen dos categorías de seguridad: la nacional, que es una concepción estadocéntrica que tiene que ver con la integridad territorial, la supervivencia del Estado y la soberanía; y la seguridad pública, que es una concepción antropocéntrica, que se interesa en la persona humana y en el goce de sus derechos y el orden público del tejido social, y en casos excepcionales autorizar a las fuerzas armadas a intervenir o participar directamente”, abundó Moloeznik.
