Recientemente el doctor De la Barreda, en su calidad de presidente de la asociación civil denominada Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad, dio a conocer el resultado de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI–3), realizada en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, conforme a estándares internacionales y métodos estadísticos sugeridos por la ONU.
El resultado: Jalisco se sitúa entre los estados más inseguros de la república mexicana, con una tasa de victimización de 14 por ciento, muy por arriba del otro gran estado: Nuevo León, con nueve por ciento, o de las entidades de la región centro occidente: Guanajuato, con ocho por ciento; Colima, con siete; Nayarit y Zacatecas, con seis, y Aguascalientes, con 13 por ciento.
Los datos arrojan que 88 por ciento de las víctimas sufrió el delito en la entidad donde vive, de las que 44 por ciento son mujeres y 56 por ciento, hombres. El robo fue el delito de mayor incidencia, con 73 por ciento, y el más común, el robo con violencia en la calle y en casa habitación.
Como respuesta, las autoridades en la materia, lejos de analizar tales resultados, se mostraron evasivas, negaron las cifras y datos expuestos, no aceptaron la evidencia sobre el grave problema de seguridad pública en Jalisco.
En principio, habría que preguntarse por qué los estudios sobre la delincuencia tienen que realizarse por una asociación civil, hecho que sin duda alguna viene a suplir la deficiencia en el estudio de la criminalidad y su divulgación por parte de los órganos competentes del estado. En segundo lugar, me gustaría entender por qué las autoridades no se han dado cuenta que 77 por ciento de las personas que sufren algún delito prefiere no denunciar, debido, en la mayoría de los casos, a la nula credibilidad en la procuración de justicia.
¿Cómo ignorar que la cifra negra en Jalisco asciende a 92.9 por ciento y, si ya lo saben, cómo es que no hacen nada al respecto? ¿Qué acciones han tomado para acercar al ciudadano con la procuración de justicia? ¿Qué acciones han tomado para disminuir la victimización secundaria, aquella que se sufre frente a la autoridad investigadora? ¿De qué manera convencen a la ciudadanía de que su denuncia es muy importante y las consecuencias de ella serán, en todo caso, la aplicación de la justicia? ¿Cómo hacer saber a las autoridades que de las denuncias presentadas en la procuraduría solo en un mínimo porcentaje recae condena? ¿Cómo podemos convencerlos, a ellos, a los que tienen en sus manos el control de la seguridad pública, que la única manera de incidir en la comisión del delito es conociéndolo, haciendo una radiografía de su modus operandi, para de esta manera planificar una política criminal propia en la comunidad? ¿Cómo sensibilizarlos para que comprendan que la mejor inversión en este rubro está en la prevención: no sólo más patrullas y armas? ¿Cómo decirles que necesitamos policías preparados, ciudadanos responsables y bien pagados? ¿Cómo hacerles entender que el problema de la seguridad pública es una cuestión de percepción?
Nosotros, la ciudadanía, percibimos violencia en las calles y eso nos inhibe en nuestra libertad. 53 por ciento de la población en Jalisco reconoce sentir inseguridad. No basta que se diga que los delincuentes son de otro estado del país o que se está haciendo un gran esfuerzo por buscar soluciones. Es necesario que nuestras autoridades inicien su tarea aceptando el estado de inseguridad ciudadana en que se encuentra Jalisco. Esa sería la primera etapa para llegar a ejercer control y después, elaborar políticas públicas acordes a las necesidades de la región y su puesta en marcha.
Nosotros, los ciudadanos, ya sabemos del tema, porque sufrimos la inseguridad pública. Los funcionarios públicos, ¿cuándo lo sabrán?
* Profesora investigadora Universidad de Guadalajara
