La verdad desaparecida

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Hay nombres cuyo significado trasciende fronteras y abarca la historia común de un continente entero. Como “desa- parecidos” en el caso de América Latina. Un adjetivo que se convirtió en sustantivo genérico, bajo el cual se agrupan miles y miles de nombres, de rostros, de historias y, en muchos casos, de esperas que nunca terminarán.

Las desapariciones en México y en el resto de países de la región, tienen una tradición que inevitablemente se entrelaza con el terrorismo de Estado, con la guerra sucia, con la corrupción y la impunidad. Aunado a lo anterior —y tal vez propiciado en parte por ello— esta práctica ha sido utilizada por grupos delictivos con diversos fines, si bien la falta de investigaciones a fondo, de información certera y de transparencia, deja espacio para conjeturas y suposiciones sobre el paradero de los más de 20 mil desaparecidos que estiman existen en la actualidad en nuestro país.

Se busca
La memoria, en muchos casos, es la única forma para dar un rostro a la ausencia, para luchar en contra del poder mistificador de las cifras. Cada vez más, también en Guadalajara, se pueden ver en las calles, en postes y paredes, caras de jóvenes y niños bajo la oración “Se busca”.

A la par han nacido iniciativas que, desde las tradicionales formas de reunión y comunicación hasta las más modernas, denuncian desapariciones y piden ayuda en la búsqueda de personas extraviadas. Y sobre todo intentan frenar el olvido, para que esos miles de desaparecidos sigan existiendo cuanto menos en el recuerdo.

“Te destrozaron el corazón cuando te enteraste que tu hijo había sido secuestrado. Te arrebataron tu vida cuando quisiste rescatar a tu hijo. Martha, mujer valiente, ama de casa, madre amorosa”.

Este es un ejemplo de los miles de mensajes que desde marzo de 2012 bordan personas que se reúnen en el Parque de la Revolución, en pañuelos en que relatan historias de víctimas de la violencia. 

“La intención era hacer un bordado público que fuera una denuncia y una protesta en contra de la guerra al narco que inició Felipe Calderón y que desató violencia, muerte y de-sapariciones”, explica María Camacho, una integrante del colectivo Bordamos por la Paz.

“Es una manera de recuperar una actividad de carácter ancestral, y una forma pacífica de protestar, pero igualmente fuerte, porque es documentar los casos. Queríamos dejar un registro, porque de repente los archivos de la policía judicial no los tienen o no los quieren mostrar, y generar así una propuesta ciudadana alternativa”.

En este año y medio, voluntarios y personas que tuvieron casos cercanos, bordaron más de mil pañuelos, pero, como concluye Camacho, “nosotros no queremos llamarles cifras a las personas, como si fueran nada más un dato estadístico”.

En internet nacieron también varios espacios donde la gente puede subir casos de personas extraviadas, como por ejemplo “Adopta un desa-parecido”, una página de Facebook que abrió Liudmila Casillas. Ella tuvo en su familia dos experiencias de este tipo, en las que no hubo delito, pero que terminaron en desgracia. Sin embargo esto no fue lo único que motivó su iniciativa.

“Mi idea era involucrar a toda la sociedad en la búsqueda de menores desaparecidos, y como no salgo mucho, decidí abrir una página en internet, para poner mi granito de arena, y de repente empezó a sumarse mucha gente”.
Inició pocos días después de la última Alerta Amber, decretada el 23 de junio pasado por la desaparición de la niña Nancy (que fue encontrada en Toluca y entregada el jueves pasado a sus padres) y de los menores Andrés Barba Oliva y Luis Antonio Ortiz, que fueron hallados muertos 11 días después en un predio de La Primavera.

“Luego se unieron otras páginas de la república. Yo no sabía que eran tantas, y me sorprendió el alcance de la presión social que se puede ejercer por la red sobre las autoridades. Hay personas que se comunican para que difundamos sus casos, algunas que tienen hijos desaparecidos desde hace años. Imagínate lo que quiere decir esto”.

Jalisco, tercer lugar en desapariciones
Si por un lado asociaciones civiles y voluntarios quieren dejar un registro de desaparecidos que no se reduzca a un montón de estadísticas, por el otro las autoridades no muestran interés en hacer públicas cifras fidedignas sobre el problema.

La única base de datos que existe hasta el momento, es la que dio a conocer la corresponsal de Los Ángeles Times, TracyWilkinson, que obtuvo por una filtración de personal de la Procuraduría General de la República, y que la periodista facilitó a Propuesta Cívica, A. C.

Según la lista, en el sexenio de Felipe Calderón, la PGR reportó 20 mil 851 desaparecidos, que se concentraban en apenas cinco entidades: Distrito Federal (34 por ciento), Estado de México (12 por ciento), Jalisco (11 por ciento), Sinaloa (7 por ciento), Aguascalientes (5 por ciento) y Tamaulipas (5 por ciento).

Jalisco, con 2 mil 175, es la tercera entidad con más desaparecidos, de los cuales más de la mitad (55 por ciento) son mujeres. Con base en estos datos, Carlos Castañeda, investigador del Centro de Formación Humana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), elaboró un perfil del desaparecido en nuestro estado: “Se trata de un estudiante, mujer, menor de 17 años, que vive en la zona metropolitana de Guadalajara”.

Sobre las causas, el académico dice que las hipótesis pueden apuntar a la trata de personas o de blancas, pues no hay nada cierto: “No hay datos por parte de las autoridades, y este es un problema, porque no se pueden contrastar los datos que tenemos con la realidad. Sólo podemos aventurar hipótesis, puesto que el estado no formula explicaciones de ningún tipo, ni creíbles ni increíbles”.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también opina que las autoridades no dejan más que especular sobre lo que está pasando con los desaparecidos. “¿Para qué los quieren, y quién los demanda? Y esto nos lleva a otras preguntas: si es para la trata de personas o tráfico de órganos, si es para el mercado nacional o para satisfacer una demanda internacional”.

Si la primera opción es la correcta, dice, entonces eso habla de que tenemos una sociedad altamente enferma. “En el otro caso, creo que existe una red internacional de tráfico, en particular de menores, que se mueve en diferentes países y entidades, con la complicidad de las autoridades”.

Un informe de hace un par de meses de la Cámara de Diputados, y que concuerda con datos dados a conocer en 2011 por la PGR, revela que al año son robados en México hasta 45 mil niños, con fines sexuales o para comercio ilegal de órganos.

A esto hay que sumar las desapariciones forzadas, práctica que los gobiernos realizan en América Latina y en México desde los años 60 para eliminar a sus enemigos, y su adecuación a la guerra entre bandas criminales del narcotráfico, que utilizan el secuestro y la ejecución en su lucha contra grupos rivales.

Alerta Amber
“Parte del problema es la desinformación”, explica Carlos Castañeda. “La gente no sabe qué es Alerta Amber, los municipios no acaban de firmar los convenios para hacerla efectiva, y por el desconocimiento que hay, en la práctica no está funcionando”.

El investigador pone el acento en la prevención: “El Estado apunta que ésta consiste en que los niños no salgan, que no se metan en redes sociales, y no es la solución. Es tapar el sol con un dedo. La población tendría que exigir al Estado una política de atención integral a este problema: desde información fidedigna hasta investigaciones sobre redes de trata de personas, aunado a la reducción de los altos niveles de impunidad”.

“La Alerta Amber es activar a la sociedad, las autoridades y los medios de comunicación para localizar a un menor extraviado dentro de las primeras 72 horas de su desaparición”, dice en este sentido Jiménez Reynoso. “Las primeras horas son vitales. Son en las que se ha recuperado al mayor porcentaje de niños robados”.

A pesar de que en México este protocolo ha sido aprobado sólo en 14 entidades, con el mismo se recuperaron 25 niños desde mayo de 2012, y según el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del DF., su efectividad es del 56 por ciento.

No obstante que existen voluntarios y activistas que implementan estrategias desde la esfera ciudadana, como las que describimos, “para que nuestra sociedad despertara se necesitó que fueran dos menores de edad”, dice Jiménez, refiriéndose al caso de los jóvenes desaparecidos y luego ejecutados en La Primavera. “Estamos perdiendo la capacidad de asombro, y la gente no reacciona hasta que le toca la desgracia. Hay desunión, y esta es aprovechada por las autoridades, que saben que la gente olvida pronto y deja de exigir”.

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