En materia de seguridad pública, Jalisco ya no es un estado tranquilo y se encuentra en transición hacia una entidad de focos rojos como lo es Ciudad Juárez, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa.
Lo anterior lo advirtió el doctor Dante Haro Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, quien añadió que el incremento en los índices delictivos y el que las autoridades no otorguen a los ciudadanos el derecho a la seguridad pública ha provocado que Jalisco pueda llegar a percibirse como un Estado fallido.
“Cuando el Estado deja a sus ciudadanos sin su derecho a la seguridad ciudadana y seguridad pública, cuando el Estado no hace su labor, entonces se habla de un Estado fracasado o el término de Estado fallido. Vemos que en Jalisco se está haciendo esta transición”.
Por su parte, el maestro Javier Carrasco Rueda, coordinador de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual (UdeG Virtual), coincidió en que el estado de alerta que vive Jalisco y el país está afectando la estabilidad, integridad y funcionamiento del Estado Mexicano. “Es un problema que afecta ya la seguridad nacional. Por arriba de esa alerta no hay otro grado ulterior o máximo”.
Jalisco, de los más inseguros
Para el doctor Dante Haro Reyes, en los últimos 12 a 18 meses se rompió la tranquilidad que se vivía en la entidad por dos causas principales: la guerra que lanzó el gobierno Ejecutivo contra el narcotráfico y por la lucha entre cárteles por la plaza. Sumado a estos factores, la falta de empleo y oportunidades así como la crisis económica han ocasionado que los índices delictivos y la violencia en Jalisco se haya recrudecido, principalmente los delitos del orden común (robos a transeúnte, a casa habitación, de autopartes y a la propiedad).
Actualmente, estos delitos han aumentado en Jalisco a tal nivel que el estado se encuentra por arriba de la media nacional. Dicho incremento ha sido percibido por la población, ya que según datos del 2008 de la Encuesta Nacional de Inseguridad, el 55 por ciento de la ciudadanía considera que Jalisco es inseguro.
En cuanto a los delitos de alto impacto, los cuales son los relacionados con cuestiones de narcotráfico (extorsiones, secuestros, lavado de dinero, homicidios violentos o ejecuciones, tráfico de armas, de estupefacientes y de personas), el académico indicó que también se han ido incrementando, principalmente en el último año.
Por mencionar un ejemplo, en lo que respecta a homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, Jalisco ocupa la posición 22 de 32 entidades federativas, según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI), publicados en el libro Dos décadas en el desarrollo de Jalisco, 1990-2010, en el cual se publica una investigación sobre seguridad realizada por Haro Reyes y Marcos Pablo Moloeznik.
El documento informa que en el 2009, Jalisco ocupó el noveno lugar en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes con 14 mil 100 delitos, sólo superado por Distrito Federal, Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Chihuahua, y Baja California Sur.
“Ante este panorama en Jalisco, hay focos rojos en el norte, en Los Altos, en la zona metropolitana, en Puerto Vallarta y en la parte que tiene colindancia con Las Huertas y Cihuatlán. En Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, La Barca y la colindancia con el Lago de Chapala tiene ya también muchísimos problemas”, advirtió Haro Reyes.
Además, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga y Tepatitlán son los municipios más violentos de Jalisco, de acuerdo con una lista publicada en el 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Fracaso y descoordinación del sistema de seguridad
El fenómeno de la delincuencia es tan complejo que no puede separarse de los aspectos económicos, sociales y de educación. De tal manera que para poder combatir la delincuencia y la inseguridad debe llevarse a cabo una política de prevención en todos los niveles, informó Haro Reyes, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“Según el Artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una tarea y una función a cargo de la Federación, Estados y Municipios. Pero si por disputas de partidos políticos o intereses, no se ponen de acuerdo, tal vez para hacer un patrullaje conjunto o una metropolización de la policía, el delincuente aprovecha. Por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara no hay una coordinación a escala municipal. Esto propicia un caldo de cultivo que aprovecha la delincuencia”.
Además, para el investigador, las policías estatales viven un fracaso y una descoordinación. “No tienen el nivel de manejo de armas, de logística, equipamiento, infraestructura, apoyo e incluso de elementos para poder enfrentar a estos grupos”.
Dante Haro propone coordinar una estructura policial; impulsar una cultura de la prevención mediante la promoción de la educación, empleo y valores así como la práctica de la denuncia ciudadana. “La falta de empleo, de educación y la pobreza, si bien no en todos los casos es igual a delincuencia, sabemos que los robos se han ido incrementando por la falta de oportunidades. Va muy de la mano y lo que más padecemos en la actualidad es el robo”.
Para Carrasco Rueda, es imposible que se resuelva de un día para otro el problema de inseguridad, debido a que tiene profundas raíces sociales, políticas y de contexto y de vinculación internacional. A pesar de lo anterior, la cooperación de la sociedad es primordial.
“A la comunidad, que es un elemento estratégico en la política de seguridad, hay que decirle lo que pasa. Cualquier disturbio social, problema de inseguridad, lo primero que debe de hacerse es informar verazmente a la población lo que ocurre, qué se está haciendo, cuál es el camino estratégico, táctico y operacional para que la sociedad pueda brindar su apoyo a lo que se hace”.
Añadió que además de colaborar en una sociedad mejor informada, este aspecto motivará la confianza en las autoridades. “Deben informar tanto de avances como errores. Si eso no sucede, la comunidad duda de lo que se dice, la autoridad empieza a perder credibilidad y legitimidad. Si no tenemos el apoyo comunitario a través de la definición de estrategias transparentes, la gente no puede apoyar lo que no conoce o en lo que no cree”.
Trabajar en la cultura de corrupción arraigada que existe en las autoridades y en la población es otro punto pendiente para el especialista en seguridad ciudadana. “No hay una apego a la cultura de la legalidad y a la cultura de hacer lo correcto”.
