Un sospechoso silencio ensordecedor

La falta de toma de posición por parte de representantes del mundo político frente a las irregularidades cometidas en el proceso con el que se dictaminó la detención de tres estudiantes de la UdeG, refuerza el dicho de "quien calla, otorga"

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Fotografía: Ignacio Pérez Vega / Canal 44

Las cinco dimensiones que se deben contemplar para lograr la sustentabilidad en el desarrollo urbano son las ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas. Para esta quinta dimensión, presento cinco preguntas y un comentario relativos al predio público del Ayuntamiento de Guadalajara que se encuentra en proceso, aún inconcluso, de cesión a privados para el desarrollo inmobiliario ICONIA.

Las irregularidades, ilegalidades e inmoralidades del proceso de privatización ya han sido documentadas ampliamente por los vecinos de Huentitán y por la Universidad de Guadalajara (ver sesiones del Consejo General Universitario https://www.youtube.com/live/wTaAj4dHpFg?feature=share,  http://www.udgvirtual.udg.mx/auditorio). Al no concluir el proceso de enajenación del predio, el mismo sigue siendo de los ciudadanos de Guadalajara, y es relevante que el gobierno y la prensa honesta le den a la ciudadanía respuestas.

1. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aceptó que los desarrolladores han incumplido su contrato. ¿Porque no los lleva a juicio para quitarles el predio o al menos sancionarlos?
2. ¿Por qué razón, el gobernador Enrique Alfaro, cuando era alcalde de Guadalajara, cambió el monto del contrato para la cesión del predio de dólares a pesos, haciéndoles a las empresas una rebaja del 50% del valor causándole así un daño al erario público y a los ciudadanos que lo eligieron?
3. ¿Por qué, Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández, cuando eran alcaldes, no llevaron a juicio a los desarrolladores por incumplimiento de contrato?
4. ¿Qué motivó al gobierno municipal de Alfonso Petersen a privatizar un predio público y, en su momento, qué argumentos se blandieron a favor y en contra de la decisión?

5. El gobierno del Estado dice que diversas universidades de Jalisco avalaron la privatización del predio. Pero, en vez de presentar pruebas, solo presentó la Gaceta Municipal de Guadalajara (10/07/2008), donde dice: “… se integra un órgano honorífico de seguimiento…” compuesto, entre otras instancias, por representantes de las universidades ITESO, UNIVA, UdeG, UAG, y TEC de Monterrey. En el Consejo General de la UdeG se manifestó recientemente que no se conoce ningún documento firmado por autoridades universitarias avalando dicha privatización.¿Por qué no presenta el Ayuntamiento de Guadalajara el documento firmado por las cinco universidades avalando la privatización para que, en caso de existir dicho documento, todas expliquen su comportamiento?

Ha sido lamentable y totalmente inadecuada la respuesta de los titulares del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Guadalajara ante la irregularidad cometida por el Juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos al dictarle prisión preventiva oficiosa al expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Javier Armenta, y otros dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara por, supuestamente, despojar a privados de un predio (que es público) y por, supuestamente, llevar armas de fuego (cuando durante el desalojo del predio la policía nunca las reportó).

Es también lamentable que el Congreso del Estado, el 9 de enero, rechazara la solicitud de diputados de tres partidos políticos para que se manifestara un exhorto a la legalidad.

Los diputados del partido en el gobierno, nuevamente, como en ocasiones anteriores, siguieron las instrucciones del ejecutivo estatal y tuvo que guardar silencio.

En el contexto del conflicto entre Alfaro y la UdeG es importante resaltar que la lucha de los vecinos en contra de la privatización del predio que fomentó Alfaro antecede por mucho la participación de Javier Armenta y los estudiantes de la FEU.

El estudiante Armenta ha sido un vecino de Huentitán y, desde antes de ser presidente de la FEU, se opuso a la privatización del predio. Los vecinos ya estaban organizados de forma independiente y la FEU se sumó a ellos y, con más recursos, fortalecieron su lucha.

Al no tener el sustento debido, y ante un claro conflicto de intereses que involucra a la esposa del juez por la participación de ella en el proceso de privatización del predio en conflicto, el juez se debió recusar del caso y no debió encarcelar a los alumnos.

Es inexplicable que, hasta la tarde del lunes 9 de enero, cuando las protestas contra la injustica seguían escalando a nivel local, nacional e inclusive internacional (¡con Biden y Trudeau de visita se ve mal tener prisioneros políticos en Jalisco!); y sabiendo que la prisión preventiva oficiosa se ha utilizado regularmente como arma política, ningún líder de partido en el poder, ni sus diputados se hayan manifestado en defensa de los derechos humanos y exhortando la liberación de los alumnos.

No fue sino hasta la tarde de ese día que el Senador Clemente Castañeda, y posteriormente el Gobernador Enrique Alfaro, solicitaron que los alumnos pudieran enfrentar el juicio en libertad. El sospechoso silencio ensordecedor de los políticos refuerza el dicho de “el que calla, otorga.”

Eduardo Santana Castellón
Coordinador General del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario

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