Aunque suene impopular decirlo, la nueva fórmula aprobada por el Congreso de Jalisco para reducir financiamiento público a los partidos políticos pudiera ser contraproducente a mediano plazo, ya que resulta factible incrementar la dependencia de grupos de poder legal o ilegal y se abre la puerta a que entre dinero desviado de gobiernos, incluso de dudosa procedencia, afirma Antonio Elvira de la Torre, integrante del Observatorio Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“El crecimiento de financiamiento público en la última década ha sido proporcional al crecimiento del padrón electoral de Jalisco, que ahora es el tercero más grande de Jalisco”, reflexiona el académico del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH.
Elvira de la Torre efectúa, con la participación de alumnos de Estudios Políticos, un trabajo comparativo denominado “El financiamiento público a partidos políticos en Jalisco, 2009-2018”. En el mismo analiza la evolución de las fórmulas de asignación de financiamiento público desde la reforma de 2008 a la fecha.
En 2019 Jalisco empezará a aplicar una nueva fórmula conocida como #SinVotoNoHayDinero —a través de la cual los partidos recibirán los recursos en base a los votos obtenidos y no al padrón electoral, como ocurría hasta este año— y que fue promovida por el diputado independiente Pedro Kumamoto y secundada por el gobernador Aristóteles Sandoval.
En el análisis de Antonio Elvira se irá desglosando cómo ha crecido el presupuesto en los tres grandes rubros para partidos: financiamiento ordinario, financiamiento de campaña y financiamiento de actividades específicas.
Asegura que la reforma de 2008 corrigió vicios subjetivos de la anterior fórmula, pues prioriza de manera clara el financiamiento público sobre el privado.
“Antes de 2008 la cantidad de recursos privados recaudados podía ser casi igual a la de recursos públicos. Por ejemplo, si un partido recibía 1 millón de pesos de financiamiento público, podría recaudar hasta 999 mil 99 pesos de financiamiento privado.
“Por eso se incorporó un elemento objetivo para calcular los montos: el padrón electoral y el salario mínimo vigente”.
Elvira de la Torre forma parte del Observatorio de Procesos Electorales, integrado por académicos del Departamento de Estudios Políticos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y coordinado por Mónica Montaño Reyes.
Este fue creado para que los ciudadanos encuentren información concentrada y entendible y con ello realizar un análisis integral de los elementos dispersos en distintas páginas de internet o medios de comunicación.
La danza de las cifras
De acuerdo con el estudio de Antonio Elvira, con la fórmula de 2008 el financiamiento público a partidos era de 90 millones y, en 2009, año electoral, creció a 204 millones. En los comicios 2012 ya fue de 301 millones y en las elecciones de 2015 creció a 330 millones. Para 2018 ronda los 437 millones de pesos. Para 2019, gracias a la nueva fórmula aprobada por el Congreso local el año pasado, el financiamiento público tendrá reducciones.
Sin embargo, aunque en una primera mirada la cifra parece haber aumentado exponencialmente de 2009 a 2018, al analizar fríamente los números, el crecimiento promedio del financiamiento a partidos ha sido de 10 millones de pesos cada año, de 2008 a la fecha.
“La cifra no es abismal. Refleja lo que la fórmula quiere: generar concordancia entre el número de empadronados con el porcentaje establecido con la unidad de medida, antes salario mínimo”, añade Elvira de la Torre.
¿Qué consecuencias podría tener esta reforma que reducirá en 2019 el financiamiento público a partidos políticos?
La tendencia parece indicar que frente a la reducción de financiamiento público los partidos buscarán otras fuentes de ingresos, pero tal asunto no fue legislado. En la regulación aprobada, las mismas restricciones que aparecen para el financiamiento privado hoy, no recibieron modificación. Es decir, restringe la posibilidad de que los partidos busquen financiamiento legal en el ámbito privado. Existe la posibilidad de buscar dinero en otras fuentes, como, por ejemplo, financiar candidatos a partir del gobierno o dinero ilícito.
Asevera que la disminución del financiamiento público a partidos políticos propiciará una mayor dependencia de recursos privados, y se corren riesgos, como la desinstitucionalización del sistema de partidos al acentuarse la preminencia de liderazgos personales por encima de las reglas; el ejercicio aún más desigual de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, al favorecer en mayor medida la representación de intereses de quienes tienen capacidad de aportarles económicamente, y la disminución del grado de autonomía política de los gobiernos (federal, estatal y municipales) respecto de los grupos de poder o de interés económico, ya sean legales o ilegales.
Admitió que los partidos políticos también han tenido la culpa de que estas medidas de reducción de financiamiento sean aplaudidas, por su falta de transparencia y al no informar sobre los grados de eficiencia institucional en sus acciones, lo cual ha abonado a su crisis de legitimidad como órganos de representación popular y de intereses colectivos.
