Aunque la intención de la Ley Antitabaco es cuidar la salud de los no fumadores, este reglamento incluye severas y rígidas normas contra los consumidores de este producto, además de que entra en conflicto con vendedores que lo comercializan y distribuyen, y carece de una ruta clara para fomentar el no consumo.

Así lo consideró Carmen Patricia García Torres, Presidenta de la Academia de Derecho Ambiental y Urbano, de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

“La veo como una ley muy excesiva, incluso me sorprende ver que en el plano internacional la están viendo como una de las leyes más rígidas en este sentido, al buscar proteger los derechos de los no fumadores”, indicó.

Desde enero pasado entraron en vigor las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que establece que las y los fumadores tendrán limitaciones para fumar productos de tabaco y nicotina en espacios de concurrencia colectiva como plazas, estadios, bares y restaurantes que no cuenten con lugares específicos para este fin.

También sienta las características para las áreas designadas a fumadores; éstas deben ubicarse al aire libre y estar físicamente separadas e incomunicadas de las zonas 100 por ciento libres de humo, además de no ser paso obligatorio para otras personas o ubicarse en las entradas o salidas de los inmuebles.

García Torres destacó que se trata de una ley que sí busca proteger la salud de los no fumadores, pero considera que las medidas preventivas son insuficientes para limitar el consumo y aún es necesario replantear estrategias entre la federación, entidades y municipios para frenar el tabaquismo.

“Tienen que implementar medidas y programas para decirle a la población por qué es malo fumar y ayudar a los no fumadores; habilitar una línea para dejar de fumar es una medida absurda; no seas severo con los castigos, es mejor educar a la población y crear los programas adecuados para que disminuya ese riesgo”, acotó.

Estimó que la severidad de la ley puede estar relacionada con el aumento de enfermedades vinculadas al tabaquismo que ha registrado la Organización Mundial de la Salud (OMS); pero destacó que este reglamento no considera el consumo de otros productos que generan humo como la mariguana, que también representa un riesgo para la salud.

“La OMS ha estado muy incisiva en señalar los riesgos que trae el cigarro a la salud, pero a pesar de que ya había una serie de candados hacia su consumo, éste sigue aumentando, la gente sigue fumando, las cifras muestran que hay más cáncer de pulmón o enfisema pulmonar”, mencionó.

Además, García Torres resaltó que la ley deja en desventaja a los vendedores y productores al fijar estrictas normas que prohíben la promoción, publicidad y exhibición de estos productos a pesar de ser legales, por lo que cadenas de tiendas han optado por presentar amparos que les permitan exhibirlos.

Externó que este tipo de medidas prohibicionistas afecta principalmente a pequeños vendedores, como tienditas, pero también puede representar pérdidas para propietarios de restaurantes y bares, quienes comparten responsabilidad con las autoridades para restringir el consumo de tabaco en interiores.

“Si no se crean los medios adecuados para las sanciones ni los programas para educarnos respeto al consumo de tabaco, a esta ley yo no le veo futuro, porque es muy severa y la ciudadanía no se va a quedar de brazos cruzados”, finalizó.

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