opinión

En las democracias contemporáneas, los partidos políticos desempeñan una función central en la organización del poder público. Por medio de ellos se canaliza la participación política de la ciudadanía, se estructuran las contiendas electorales y se seleccionan a los candidatos que eventualmente ocuparán cargos de gobierno. Sin embargo, en medio de esta dinámica institucional surge una pregunta fundamental que pocas veces se aborda con la profundidad necesaria: ¿deben los partidos políticos asumir alguna responsabilidad cuando los gobernantes emanados de sus filas incurren en actos de corrupción o conductas ilícitas?

El modelo jurídico predominante en México se encuentra construido sobre el principio de responsabilidad individual. Cuando un servidor público comete un delito o incurre en una falta administrativa grave, el sistema jurídico dirige la sanción exclusivamente para la persona que realizó el acto. Este esquema responde a principios fundamentales del derecho, particularmente en materia penal, donde la responsabilidad es personal y no puede trasladarse automáticamente a terceros.

No obstante, esta lógica jurídica deja sin atender un aspecto esencial de la realidad política: los gobernantes no llegan al poder de manera aislada, sino que lo hacen a través de estructuras partidistas que los postulan, los promueven y, en muchos casos, los respaldan durante su ejercicio gubernamental.

La Constitución Política mexicana establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. Esta definición constitucional implica que los partidos no son simples asociaciones privadas con fines electorales; por el contrario, se trata de instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático.

A su vez, la Ley general de partidos políticos regula su organización, derechos y obligaciones, así como su acceso al financiamiento público. Este financiamiento se justifica precisamente porque los partidos desempeñan una función institucional relevante en la vida política del país.

Sin embargo, cuando un gobernante emanado de un partido político se ve involucrado en actos de corrupción, abuso de poder o cualquier otra conducta ilícita, la reacción habitual de las organizaciones partidistas consiste en deslindarse del funcionario, presentando el problema como un hecho estrictamente personal.

Esta postura genera una tensión evidente dentro del sistema democrático. Por un lado, los partidos reclaman legítimamente el éxito electoral cuando uno de sus candidatos obtiene el triunfo en las urnas. Pero, por otro lado, cuando ese mismo gobernante incurre en conductas ilícitas, la organización política que lo postuló suele argumentar que se trata de una responsabilidad exclusivamente individual.

La cuestión central, entonces, no radica en trasladar en automático la responsabilidad penal a los partidos políticos –lo cual contravendría principios básicos del derecho–, sino en reflexionar sobre la responsabilidad institucional o política que estas organizaciones deberían asumir dentro del sistema democrático.

Los partidos políticos desempeñan un papel determinante en la selección de candidatos. En muchos casos, las decisiones sobre quién competirá por un cargo público se toman mediante procesos internos que dependen en gran medida de las dirigencias partidistas. Por lo tanto, resulta razonable plantear que las organizaciones políticas deben asumir también una responsabilidad respecto de la calidad ética, profesional y política de las personas que postulan.

Cuando un partido impulsa a un candidato, no sólo le brinda una plataforma electoral; también le otorga legitimidad política frente al electorado. La ciudadanía, al votar por un candidato, muchas veces lo hace considerando la identidad, los principios o el prestigio del partido que lo respalda.

Desde esta perspectiva, la relación entre partido y gobernante no puede entenderse como una vinculación meramente circunstancial. Se trata, en realidad, de una relación institucional que tiene implicaciones profundas en la forma en que se ejerce el poder público.

La ausencia de mecanismos claros de responsabilidad partidista contribuye a generar lo que podría denominarse una zona de impunidad política. Mientras el funcionario enfrenta las consecuencias jurídicas de sus actos –cuando éstas llegan a concretarse–, el partido político mantiene intacta su estructura, su financiamiento y su participación en el sistema electoral.

Este fenómeno plantea un desafío importante para la consolidación de la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas. Si los partidos políticos son actores centrales en la construcción de los gobiernos, también deberían participar de manera más activa en la responsabilidad política derivada del ejercicio del poder.

Abrir este debate no significa debilitar los partidos políticos, sino fortalecer su papel institucional dentro de la democracia. Una organización política que asume con seriedad la responsabilidad de sus decisiones internas, particularmente en la selección de candidatos, contribuye a elevar la calidad de la representación política y a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

En última instancia, la discusión sobre la responsabilidad de los partidos políticos frente a los actos ilícitos de sus gobernantes forma parte de un debate más amplio sobre la calidad de la democracia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Porque si los partidos políticos son el puente que conecta a la ciudadanía con el gobierno, también resulta legítimo preguntarse si pueden permanecer completamente ajenos a las consecuencias de quienes ejercen el poder bajo sus siglas.

*Coordinador general de los Bufetes jurídicos de servicio social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).