Los productores de maíz blanco en México tienen que lidiar con la competencia agrícola de Estados Unidos y con el hecho de no contar con el apoyo necesario para continuar con su producción, indicaron especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En las últimas semanas, en diferentes puntos carreteros del país, principalmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, se han registrado bloqueos de parte de agricultores de maíz y sorgo.
Las organizaciones campesinas han exigido un mayor pago por sus toneladas de producción, exigen que el precio de garantía sea de siete mil 200 pesos por tonelada. Sin embargo, actualmente se encuentra entre los cuatro mil 500 a los cinco mil 300 pesos.
Una de las agrupaciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en días recientes incluso ha llamado a un bloqueo en los 32 estados del país en caso de no llegar a un acuerdo justo para los trabajadores del campo, que también incluye a los productores de trigo, frijol y sorgo.
“Con el actual precio de aproximadamente cinco mil 200 pesos por tonelada que se está vendiendo a los intermediarios no están sacando la inversión y para ellos es una pérdida muy onerosa”, señaló Héctor Iván del Toro, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
El académico, en este sentido, apuntó que la inversión aproximada en la siembra de maíz es de 45 mil a 50 mil pesos que incluyen la compra de fertilizantes, el pago de jornaleros, adquisición de semillas y el uso de tractores.
Esta problemática ha generado que algunos productores migren a otro tipo de de productos que garanticen exportación, como lo son las berries.
“Los que se están viendo muy beneficiados en este tema con los intermediarios como las grandes tiendas departamentales, porque están comprando por debajo del precio de producción y esto les está generando ganancias, pero quien debería ser el beneficiario sistemático es el campesino”, comentó Iván del Toro.
La noche del 27 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un incremento del 25% en el precio de la tonelada de maíz blanco para los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, fijando el pago en 6 mil 50 pesos.
Según la autoridad supera en una cuarta parte el precio internacional vigente y busca fortalecer la economía de los agricultores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Los académicos coinciden que una de las respuestas debe ser el actuar contra los acaparadores, dijo, quienes imponen el precio a los campesinos a costa de su inversión y ganancia.
Cómo juega el T-MEC en este caso
Otra de las demandas del sector agrícola es su exclusión en las próximas revisiones del T-Mec, la cual tendrá lugar posiblemente el 1 de julio del 2026 para fortalecer la industria nacional.
Ya que el competidor directo es la industria agrícola de los Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, cuyos apoyos la hacen más rentable en comparación con el sector nacional.
Ante este escenario internacional, para garantizar el producto en la mesa del consumidor usualmente se debe de traer el grano de otras partes del mundo, principalmente de la Unión Americana, porque ni con toda la producción se satisface la demanda nacional.
Incluso el precio de la compra de las semillas se dicta desde la bolsa de Chicago, que es un referente mundial para establecer precios entre productores e intermediarios.
Harold Treviño Dutton, investigador del Instituto de Políticas Públicas del CUCEA, mencionó que México es un país que “no tiene autosuficiencia alimentaria”.
“Esto genera un problema muy interesante, porque se plantea cuánto debemos comprar de fuera, cuánto a nuestros productores y cómo se lo debemos de comprar”, indicó.
Además, agregó que con la próxima revisión del tratado internacional es necesario que al nacional se les pueda dar certidumbre de manera que la autoridad federal pueda apoyarlos para garantizar la protección de la industria aunque esta pueda ser insuficiente para el mercado local.
Qué hace el gobierno federal
Ambos especialistas señalaron como crucial la labor del Gobierno Federal para atender esta problemática, sin embargo la consideran insuficiente.
Treviño Dutton menciona que la estrategia de subsidios solamente se centra en pequeños productores, lo que significa que el gran productor tiene que ir con los precios que dictan los acaparadores.
“El Gobierno Federal da un apoyo, el cual hasta ciertas toneladas puede subsidiar, para más cantidades los productores tienen que ofrecerlo a precio de mercado” acotó.
Para Del Toro, los apoyos para la compra de fertilizantes son insuficientes porque solo van a los pequeños productores con pocas parcelas de al menos dos hectáreas, excluyendo a los medianos y grandes productores.
La consecuencia directa es que el gobierno tiene que importar el grano de otras partes del mundo, lo que hace que se encarezcan los productos derivados como lo son las tortillas.
“El kilogramo de tortilla se ofrece en algunas tortillerías a 26 pesos, lo que representa un aumento frente al precio nacional promedio de 24 pesos que se registró en mayo. Este incremento impacta directamente en el gasto familiar para la adquisición de alimentos básicos”, señaló Del Toro.
En el mismo sentido, los dos coinciden que este problema también existe en la producción de limón, caña de azúcar y aguacate; esto se puede traducir en un futuro en el desabasto de estos productos y posteriormente el aumento de sus precios para los consumidores.
Una crisis compleja
En rueda de prensa, los profesores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Martha Isabel Torres Morán, Directora de la División de Ciencias Agronómicas, y el Jefe del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable, Salvador Mena Munguía, expusieron los retos que enfrentan los productores de maíz.
Compartió que, según cifras oficiales, en 2025 el país importó cifras récord de este grano, alcanzando aproximadamente 16.8 millones de toneladas entre enero y agosto, impulsado principalmente por la importación de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos. Se proyecta que las importaciones podrían llegar hasta los 25 millones de toneladas al finalizar el año.
Mena Munguía mencionó que el maíz, sobre todo en forma de tortilla, es parte de la identidad y tradición nacionales, puesto que desde hace siglos está presente en la mesa de todos los mexicanos sin importar su nivel socioeconómico. El académico citó al escritor Jorge Ibargüengoitia con su frase “La tortilla es al mismo tiempo plato, cuchara, servilleta y mantel que no es necesario lavar”.
La dependencia a la importación de maíz es tal que incluso supera las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que pide no superar 30 por ciento del grano importado. Sin embargo, en el caso mexicano se llega hasta 50 por ciento.
El tema explotó porque los campesinos no soportaron más el precio que imponen los intermediarios. “Muchos productores, posiblemente, el próximo año no van a sembrar, porque esta problemática los desalienta a seguir con este cultivo que además es el más barato. Alguien diría que es más negocio producir berries, pero la inversión es de más de dos millones de pesos, mientras que el maíz no requiere más de 50 mil pesos”, dijo al asegurar que quizás muchos campesinos incluso podrían retirarse de esta actividad.
Sin embargo, también consideró que demandas como salir del T-MEC son inviables, porque gracias a este tratado es barato adquirir el grano. De otra forma, no se podría satisfacer el mercado nacional ni las mesas de los mexicanos.
“Salirnos de él sería ser como el avestruz. El problema, de cierta manera, lo está paliando el tratado. Aquí el problema es que nuestros productores no tienen un pago justo por sus cosechas”, subrayó Mena Munguía.
Abundó en que el mercado nacional enfrenta problemas parecidos en la producción de sorgo, tomate y soya; sobre este último producto, su importación llega hasta 90 por ciento.
Ambos investigadores señalaron que el tema es complejo y multifactorial, pero una responsabilidad importante la tiene el gobierno federal al disminuir los apoyos económicos y de infraestructura en el sector agrícola en general.
En este sentido, al abandonar el campo nacional, el Estado mexicano le estaría fallando a la misma Constitución, que establece en su artículo 27, fracción XX, como una de sus responsabilidades el “desarrollo rural integral para generar empleo, bienestar y participación del campesinado en el desarrollo nacional. Además, busca garantizar el abasto suficiente de alimentos básicos”.
Amenaza a la diversidad genética
En su intervención, Torres Morán apuntó que un tema del cual no se ha tratado lo suficiente es que la importación de maíz también amenaza a las cepas endémicas nacionales.
“También está en riesgo la diversidad genética que existe de este grano en el país. En CUCBA hemos hecho estudios en los que se han documentado variedades del grano originarias del Occidente del país”, dijo la genetista. Y sobre estas variedades, mencionó que pueden ser opciones también no sólo para el consumo alimenticio, sino para otras industrias que utilizan el grano.
¿Qué podemos esperar del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz?
En su rueda de prensa matutina del pasado 29 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que trabajará sobre tres ejes: definir precios de referencia del maíz; fomentar acuerdos entre intermediarios y campesinos a gran escala; y establecer reglas claras de operación para programas con sustento jurídico.
En este sentido, ambos profesores mencionaron que se debe estar al pendiente de este proyecto que imita un modelo estadounidense; sin embargo, esperan que no sean sólo buenas intenciones como en administraciones federales anteriores, en las que apoyos y subdependencias no cumplieron con sus objetivos de atender las necesidades del sector.
