Un problema que enfrentamos como sociedad cuando decidimos hacer uso de los mecanismos legales de participación ciudadana, con la finalidad de incidir en la vida política de nuestro país para lograr el tan anhelado “cambio” del que tanto hablan en cada proceso electoral, es que esto termina por no ocurrir.
En primer lugar, la participación ciudadana como concepto se refiere a la posibilidad que tiene la sociedad para contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que le afectan, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de los poderes Legislativo y Judicial1.
En este sentido, los principales mecanismos de participación ciudadana en nuestro país son el plebiscito, el referéndum, la consulta y la iniciativa popular2, que en teoría, cumplen la función de: ayudar a construir una visión compartida entre el gobierno y la población para el desarrollo nacional; de promover la transparencia y la rendición de cuentas; cerrar los espacios de corrupción, y obligar al gobierno a ser eficiente y centrar sus acciones en el interés público para la resolución de problemas sociales3.
Estas son sólo algunas de las múltiples atribuciones que ofrece la democracia participativa para fortalecer el empoderamiento social.
A pesar de lo anterior, el caso de la participación ciudadana en México es un tema aún pendiente por consolidar, pues en el camino se presentan muchos cantidad de obstáculos que bloquean la efectividad de los instrumentos antes mencionados.
De inicio es fácil observar que existe un marco legal diverso y en algunos casos, ambiguo, respecto a las legislaciones estatales dentro de esta materia. No obstante, el problema central reside en que a lo largo de la historia, el nivel de participación de la sociedad mexicana, tanto en procesos de elección democrática como en el uso y aplicación de estos mecanismos, no ha sido suficiente para generar un verdadero cambio en las prácticas políticas de nuestros gobernantes.
Este bajo nivel de participación se debe principalmente a la pérdida de confianza que la ciudadanía mantiene con las autoridades e instituciones públicas, aunado a la falta de información y organización para promover dichas prácticas.
Como ejemplo, están los resultados del Latinobarómetro 20114, que deja la evidencia de que sólo el 40 por ciento de la población confía en el gobierno, el 33 en la policía, el 32 en el congreso y el 28 en los sindicatos, mientras que la cifra más baja corresponde a los partidos políticos con sólo 22 por ciento.
Estos niveles de desconfianza se traducen en una legitimidad precaria, además de un hartazgo generalizado, en que la sociedad manifiesta que la corrupción, la pobreza y la violencia son los principales problemas en México, por lo que no encuentran suficientes incentivos para invertir su tiempo y esfuerzo en la participación ciudadana, al considerar que de todas formas el Estado carece de la capacidad para dar soluciones viables a los distintos problemas5.
El tema merece mayor atención si realmente aspiramos a consolidar la democracia, sobre todo en estos tiempos, en que las “reformas sociales” parecen cocinadas al vapor, sin tomar en cuenta que la reforma que más le urge a este país, es la reforma política.
1 Comisión Intersectorial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. (2008). Participación ciudadana… ¿para qué? Hacia una política de participación ciudadana en el gobierno gederal. México: CITCC. Disponible en: http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/doc/Participacion%20ciudadana.pdf
2 *Plebiscito: Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etcétera. (Real Academia Española).
*Referéndum: Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone (Real Academia Española).
*Consulta popular: Mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos pueden intervenir en la discusión pública de asuntos de trascendencia nacional, de manera que su voluntad pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. (Sistema de Información Legislativa).
*Iniciativa popular: La facultad que tienen los ciudadanos de presentar ante el órgano legislativo de la entidad, iniciativas de ley, para que sean estudiadas, analizadas y dictaminadas de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Los ayuntamientos pueden establecer la iniciativa popular en sus respectivos ordenamientos municipales (artículo 427, Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco).
3 Op. Cit.
4 Comisión Intersectorial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. (2008). Participación ciudadana… ¿para qué? Hacia una política de participación ciudadana en el gobierno federal. México: CITCC. Disponible en: http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/doc/Participacion%20ciudadana.pdf
5 Informe Latinobarómetro 2013.
