De acuerdo a la Fundación Manpower (dedicada a buscar oportunidades de empleo y capacitación a personas con cualquier tipo de discapacidad), el 85 por ciento de éstas se comporta mejor que cualquier empleado promedio, en puntualidad, responsabilidad, cubrimiento de objetivos y lealtad a la empresa. No tienen un empleo y mañana buscan otro por 500 pesos más.
“Estudié contaduría pública y hace cuatro años me titulé, pero no encuentro trabajo. He mandado mi currículo por internet, he ido a empresas que me han llamado, pero cuando me ven con silla de ruedas, me dicen que no, que ocupan alguien que camine”. Es el testimonio de Adria, una chica de 28 años de edad, con parálisis cerebral.
Ella admite que escribe lento, no muy legible y que se mueve en una silla de ruedas eléctrica. “Me manejo con ella, además de que con la computadora puedo hacer todo”.
No es un caso aislado. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo unos 470 millones de personas discapacitadas están en edad de trabajar, pero por discriminación en el sector laboral, sus posibilidades de encontrarlo disminuyen.
En el caso de Jalisco, de acuerdo al último estudio del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), más de 150 mil personas sufren alguna discapacidad y apenas el 24.8 por ciento tiene una actividad laboral.
La constitución y la Ley federal del trabajo protegen el derecho al trabajo, pero en el caso de las personas con capacidades diferentes, los empresarios tienen la libertad de elegir al más apto para un puesto, pensando en la rentabilidad de su empresa. Por lo tanto, “ese derecho está conculcado y debe verse desde una perspectiva del derecho humano y la lucha contra la discriminación y la iniquidad”, asevera el investigador de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Comisión del trabajo en el Congreso del Estado, Carlos Manuel Orozco Santillán.
Hasta ahora no existe ningún mecanismo que obligue a los empresarios a contratar personas con discapacidad, por lo que se han considerado actos de buena voluntad cuando los incluyen en sus nóminas.
“La mayor parte de los empresarios discrimina y hay una forma de hacerlo sin dar la cara: la subcontratación. Así evaden responsabilidades de seguridad social, de certidumbre, de pensión y de otros derechos que están en la ley y lo hacen a través de otras empresas que no contratan a personas en sillas de ruedas o no aceptan silentes o ciegos”.
Las propuestas de otorgar beneficios fiscales a las empresas que contraten a personas con habilidades diferentes, son parte de las promesas de campaña. “Salvo en los discursos que he escuchado de algunos candidatos, la realidad no la conozco y estaría casi seguro de que no existe ningún dispositivo real”. Orozco Santillán concluyó que no existe un estudio serio respecto a las versiones de que se paga menos a personas con discapacidad, pero aseguró que lo que aparentemente es un asunto laboral, realmente involucra a jurídico, en el marco del derecho al trabajo y las garantías laborales.
